La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su solidaridad al Juez español Baltasar Garzón Real ante la decisión del Supremo Tribunal de España de iniciar un proceso penal en su contra por el presunto delito de prevaricato al investigar crímenes y desapariciones durante la dictadura franquista en España.

Señor presidente:

La Sala Penal del Tribunal Supremo de España a cargo del juez Luciano Varela ordenó el 11 de mayo de 2010 mediante auto fundado (1) la apertura de juicio oral contra el Juez Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación definido en el artículo 446.3º del Código Penal español. La acusación fue presentada ante la Audiencia Nacional por el sindicato Manos Limpias quienes acusan al juez Baltasar Garzón Real de haberse excedido de sus funciones al asumir la investigación de los crímenes de la Guerra Civil. Asimismo, la apertura del juicio contra Garzón Real implicó su suspensión como juez la Audiencia Nacional. Esta medida fue tomada por el Consejo General del Poder Judicial Español el pasado 14 de mayo.

Ante estos hechos, resulta necesario resaltar que la labor del juez Baltazar Garzón ha sido y es relevante en la lucha por la defensa y la plena vigencia de los derechos humanos a nivel internacional.

Igualmente, su tarea ha posibilitado la investigación y esclarecimiento de diversos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura militar.

En 1996, el juez Baltasar Garzón a cargo del Juzgado Central de la Audiencia Nacional declaró competente la jurisdicción española para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos españoles por las Juntas Militares argentinas (1976-1983) ante la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales. Los fundamentos esgrimidos fueron la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y genocidio. (2)

En 1998, Garzón ordenó el arresto en Londres de Augusto Pinochet a fin de extraditarlo a España y juzgarlo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos contra ciudadanos españoles durante el régimen que Pinochet comandó en Chile entre 1973 y 1990. En el auto que decreta la prisión provisional se expresa que "... Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolló actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 (periodo al que se extiende la investigación en esta Causa) impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos (DINA) y dentro del precitado "Plan Cóndor..." (3)

En 1999, Garzón procesó a noventa y ocho militares argentinos acusados de genocidio y terrorismo de estado (4) , entre los que se encontraban los ex presidentes de factos Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri y el ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo.

A principios de septiembre de 2000, ordenó la extradición del militar Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, presuntamente cometidos cuando integraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar (1976-1983). (5) Y en junio de 2003, luego de extraditado, le decretó la prisión previsional. (6)

En el marco del sumario en donde se investigaba a los militares argentinos, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional Española condenó a Adolfo Scilingo a 640 años de prisión como autor responsable del delito de lesa humanidad por 30 muertes, detención ilegal y torturas (7) . El tribunal consideró que las víctimas habían sido arrojadas en dos "vuelos de la muerte" de la Armada. Esta sentencia fue confirmada en 2007 por la Sala Penal del Tribunal Supremo y se elevó la pena a 1084 años de prisión (8)

Estos hechos, entre otros, ponen de manifiesto el reconocimiento al Juez Baltasar Garzón por su actuación en favor de la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria histórica en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Por estas razones es que solicito a esta cámara la aprobación del proyecto en cuestión.