La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

1. Por qué razón no se han actualizado los Informes de Gestión y de Ejecución Presupuestaria correspondientes al año 2008 y al primer semestre del año 2009 en el sitio oficial del Ministerio en la red Internet.

2. Cuáles son los montos disponibles de todos los créditos vigentes al 31 de diciembre del año 2008 y cuál es el grado de ejecución por fuente de financiamiento durante ese ejercicio, especialmente los que corresponden a: recursos del Tesoro Nacional (fuente 11), los de afectación específica provenientes de la Lotería Nacional (fuente 13), las transferencias de otros Ministerios o Reparticiones del Gobierno Nacional (fuente 14), las donaciones de UNICEF para Familias y Nutrición (fuente 21) y los posibles créditos externos recibidos durante el período (fuente 22).

3. Cuáles son los montos presupuestados y el gasto ejecutado durante el año 2008 y el primer semestre de 2009 en los conceptos que componen los incisos 1- Gastos en personal 2- Bienes de consumo 3- Servicios No personales y 4- Bienes de Uso.

4. Cuáles son los montos presupuestados y el gasto ejecutado durante el año 2008 y el primer semestre de 2009 en los conceptos que componen el inciso 5- Transferencias, detallando especialmente los que corresponden a los rubros:

- 52 - Transferencias de Capital. Detalle el destino de los mismos.

- 57 - Transferencias a gobiernos provinciales y municipales. Adjunte la información correspondiente a la distribución en las provincias y municipios a los que se destinaron.

- 512 - Pensiones No Contributivas. Detalle la cantidad de beneficios otorgados para cada tipo de pensión (vejez, invalidez, madres de 7 o mas hijos, pensiones graciables y aquellas comprendidas en leyes especiales) y desagregue la información por provincia en la que residen los beneficiarios.

- 514 - Ayudas Sociales a personas. Detalle la cantidad de personas beneficiadas, los criterios aplicados para la selección de beneficiarios y la cantidad de beneficios otorgados por provincia.

- 516 - Transferencias para actividades científicas o académicas. Detalle las acciones implementadas con estos recursos.

- 517 - Transferencias a Organizaciones No Gubernamentales. Adjunte nómina de organizaciones que percibieron ayuda y precise los montos asignados y las actividades para las que fueron solicitadas.

5. Cuáles son los montos transferidos y las fechas en que se instrumentaron las transferencias en el marco del Plan Nacional Familias, discriminando por componentes 20-2 Asistencia Directa a Organizaciones, 20-3 Asistencia Directa a Personas, 20-4 Acciones en Centros Integradores Comunitarios, 20-12 Emergencias Sociales, 20-13 Ayudas urgentes, 20-15 Desarrollo, Participación e Integración Juvenil, 21-6 Capacitación y Asistencia Técnica, 21-13 Fortalecimiento Institucional, 28 Ingreso para el Desarrollo Humano, 24-1 Desarrollo Regional de Emprendimientos Sociales, 24-2 Consejos Consultivos y 24-6 Acciones de Capacitación para el Desarrollo del Capital Social, las provincias, municipios y entidades que los percibieron durante el año 2008 y el primer semestre de 2009.

6. Cuáles son los montos transferidos y las fechas en que se instrumentaron las transferencias en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, discriminando por componentes 26-1 Asistencia Alimentaria Federal y focalizada, 26-3 Prohuerta, 26-5 Comedores Escolares, 26-6 Familias y Nutrición, 26-7 FOPAR y 26-8 APAC, las provincias, municipios y entidades que los percibieron durante el año 2008. En el caso de que hubiesen existido retrasos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio, se expliquen las causales de estas demoras.

7. Cuáles son los montos asignados, la cantidad, el tipo y la localización de proyectos financiados en el ejercicio 2008 y primer semestre de 2009, en el marco del Plan de Desarrollo Local y Economía Social, bajo las modalidades de proyectos Integrales de Desarrollo Territorial Socio Productivo - emprendimientos Productivos Personales, Familiares, Asociativos, de Encadenamiento Productivo, de Servicios de Apoyo a la Producción y Fortalecimiento de Actores de la Economía Social.

8. Adjunte todas las rendiciones de cuentas correspondientes al año 2008 y primer semestre de 2009 presentadas, aprobadas u observadas por las jurisdicciones y organismos ejecutores, según las normas vigentes.

9. Consigne los acuerdos del Consejo Federal de Políticas Sociales (COFEDESO) respecto de la asignación o distribución de recursos en las provincias, las recomendaciones receptadas por el Consejo Consultivo Nacional de los Consejos Consultivos Provinciales y las acciones implementadas para hacer lugar a las mismas por parte del organismo competente, durante los años 2007, 2008 y primer semestre de 2009.

10. Informe si se reasignaron recursos presupuestarios originalmente destinados a planes, programas o proyectos de ese Ministerio, por Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete Nacional, el detalle de partidas afectadas, fecha y monto en que se realizaron.

Señor presidente:

El desarrollo democrático está íntimamente vinculado tanto a la transparencia de las cuestiones y acciones del Estado como al libre acceso de la ciudadanía a esa información que es, por naturaleza, pública. Es un deber de los gobernantes dar a conocer todas sus decisiones y, de manera especial, las políticas y los programas que se financian con el Presupuesto de la Nación. La Argentina incorporó en la reforma constitucional de 1994 esta doble visión del deber del Estado de transparentar sus actos y el derecho de la ciudadanía a ser informada. El decreto 1172/03, promulgado por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, que consagró el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, significó un avance importante y permitió a las organizaciones ciudadanas demandar -no siempre de manera sencilla- la información de la Presidencia y de sus ministerios. Sin embargo, nuestro país, que subordinó su soberanía constitucional a tratados internacionales que garantizan el libre acceso a la información pública, aún no cuenta con una ley que reglamente ese derecho en todos los estamentos del Estado y en los tres poderes de la República. El avance tecnológico, especialmente la red Internet, ha venido en auxilio de esa carencia al facilitar un soporte donde publicar la gestión gubernamental. Sin embargo, constatamos que, en muchos casos, los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional no han actualizado su rendición de cuentas: no informan con precisión cómo se ejecutan las partidas presupuestarias destinadas a su cargo, en qué situación se encuentran los planes que implementan o de qué manera y a través de qué recursos instrumentan las políticas de su área. Tal como sucede con el portal del Ministerio de Desarrollo Social, que sólo publica su balance de gestión hasta el año 2007. Si esa falta de información es grave en el caso de cualquier organismo del Estado, preocupa doblemente por tratarse de un ministerio que debe implementar las políticas públicas que garanticen los derechos de millones de nuestros compatriotas. Si la obligación de publicitar la información sirve para aventar los fantasmas del vicio clientelista legado por el caudillismo político, también resulta indispensable para desechar la corrupción en el manejo de los dineros públicos. Nada atenta más contra la calidad de las instituciones de la democracia que el desprecio por los principios de publicidad, transparencia, control y responsabilidad de los actos de gobierno. En el mismo sentido, en momentos en que la Argentina transita peligrosamente el descrédito de la

ciudadanía en sus representantes, expresado tanto en los sondeos de opinión como en las manifestaciones en los medios de comunicación, este Congreso no sólo debe recuperar su autonomía sino que debe cumplir con su indelegable facultad de control. Por la importancia del Ministerio de Acción Social en la formulación de las políticas públicas que garanticen los derechos sociales la transparencia de su gestión resulta fundamental: ¿cómo podemos trabajar para salir de la pobreza si no se cuenta con la información oficial o se la falsea como sucede con las estadísticas oficiales del INDEC?, ¿cómo evaluar las virtudes o las falencias de los planes sociales si se sustraen los datos?

Contar con información detallada no sólo es necesario porque vivimos tiempos de emergencia social sino porque los organismos de control del Estado ya han advertido irregularidades en la gestión de algunos planes sociales. Es el caso del informe de la Auditoría General de la Nación acerca de los programas 20 y 29, a cargo de la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias y Compensatorias (1) . En su evaluación, la AGN observa la falta de rigurosidad con que se están administrando los fondos y entre sus conclusiones se menciona:

- Existe una superposición de funciones en cuanto a algunas acciones que llevan a cabo distintas Direcciones

- No se realiza una Planificación formal de las acciones a realizar durante el ejercicio.

- El Ministerio no incluye dentro de su presupuesto las utilidades provenientes de Lotería Nacional SE.

- Las Direcciones no realizan un presupuesto preliminar

- No existe una mesa de entradas única que permita registrar el total de los pedidos de ayuda y el seguimiento del trámite

- No se realizan procedimientos de control para monitorear la entrega de la ayuda otorgada a los beneficiarios directos de la misma.

- No existen manuales de procedimientos aprobados que establezcan criterios para asignar prioridades y el circuito a seguir en la tramitación de los subsidios institucionales.

En relación a la concesión de subsidios, en el año 2008 la Oficina Anticorrupción (OA) debió iniciar una investigación para revisar qué criterios de evaluación y qué controles utilizaba el Ministerio de Desarrollo Social. La intervención de la OA se originó en una denuncia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el

Crecimiento (Cippec), que en octubre de ese año había solicitado ante el Ministerio de Desarrollo Social los datos de 983.746 subsidios entregados a personas de bajos recursos y 3977 destinados a instituciones de ayuda social. Ante la reticencia oficial de publicar los datos, el director de Planificación de Políticas de Transparencia del organismo, Nicolás Raigorodsky, resolvió abrir un expediente a fin de analizar los sistemas de otorgamiento de subsidios y de evaluación y control de la inversión social realizada por el Ministerio. Sólo en 2006 se habían invertido en subsidios 987 millones de pesos, sin que se conocieran los criterios de asignación y los mecanismos de control.

No se trata de debatir en torno a los números sino de combatir lo que esconden: la violación a los derechos universales básicos, como son la educación y la salud. Y para eso, los beneficios de la acción social deben transparentarse, para huir del asistencialismo y el clientelismo político que son parte del problema y no su solución. Si la carencia de la información advierte sobre la violación de un derecho consagrado, el de las sociedades a ser informadas, el mismo portal de Internet del Ministerio de Acción Social demuestra cómo se confunde propaganda con publicidad. En lugar de publicitar las acciones del gobierno como una obligación constitucional, se transcriben discursos o disertaciones, cuando el estricto control que tanto la ciudadanía como este Parlamento deben ejercer precisa de información veraz, responsable y actualizada.

Nada mide mejor el estadio de desarrollo de una sociedad democrática que la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Garantizado el acceso a la información, la ciudadanía participa, demanda y controla la función del Estado en ejercicio pleno de su soberanía. A su vez, al demandar la transparencia de los actos de gobierno contribuye tanto a mejorar la calidad del gobierno como a crecer socialmente sobre el oscuro pasado de nuestro país, dominado por el secretismo tanto en las decisiones como en las cuentas del Estado. Una sociedad que ignora las decisiones y acciones que se toman en su nombre mal puede participar en el debate colectivo. Tanto la falta de información como una información mentirosa favorecen el desentendimiento ciudadano con las cuestiones públicas y, por eso, propician el autoritarismo, el clientelismo político y su consecuencia directa: la corrupción.

En razón de estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.-