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PROYECTO DE TP
Expediente 4093-D-2008
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LAS PROVINCIAS.
Fecha: 01/08/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 97
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que
informe el estado de las transferencias de fondos a las Provincias, y la situación
económica financiera de las mismas, si se ha modificado el esquema de
distribución de los mismos conforme la información notoria y publica de lo que
acontece principalmente en la Provincia de Córdoba y atento que no debe haber
dudas alguna de la equidad y transparencia en las mismas, es que se solicita la
información que a continuación se detalla:
1. Detallar los montos transferidos a
las provincias en el año 2007, y el primer semestre de 2008, desglosados por
partidas y afectación de cuentas presupuestarias
2. Detallar montos que tiene previsto
el gobierno para las transferencias a las provincias en el segundo semestre de
2008, con recursos previstos en el presupuesto de la administración central.
3. Detallar montos que el gobierno ha
transferido a las Cajas Jubilatorias provinciales y el Fondo de Incentivo Docente,
que las provincias reciben del presupuesto de la administración central.
4. Informar la metodología y criterio
que se utiliza para la disposición de transferencias de fondos, y el periodo de
concretar las mismas, Detallar si la misma responde a una operatoria automática,
a disponibilidad de partidas de partidas, o alguna otra variante de
funcionamiento
5. Informar criterio que se adopta
sobre otras tipo de transferencias destinadas a obras públicas, planes sociales y
programas productivos en cada distrito, o se realizan de manera discrecional,
dado los reiterados reclamos que realizan los gobernadores de las provincias no
favorecidas con el reparto.
6. Informar sobre la participación en el
total de los impuestos coparticipables, si se mantuvo en los niveles previstos, o
hubo mermas sobre las transferencias automáticas al interior. Según los datos
obtenidos se manifestaron pérdidas que deprimieron los envíos y remesas giradas
a las provincias, se solicita detallar.
7. Informar si el gobierno tiene
presente la razón del malestar en las provincias que responde a que los impuestos
nacionales cuya recaudación crece más son los que no se coparticipan, como las
retenciones y el Impuesto al Cheque
8. Informar a cuanto ascendió el déficit
financiero de las provincias durante el año 2007 y cuál es la previsión para el
presente año, diferenciados por semestres.
9. Informar a cuanto alcanzó el
superávit primario en el año 2007 según los datos de cada distrito, y cuánto
alcanzará en ambos semestres del año 2008.
10. Detallar las previsiones de
profundización del déficit fiscal y de incremento de las necesidades de
financiamiento que tiene previsto el gobierno para el año 2008.
11. Informar si se han previsto
reformas administrativas de alguna significación en las provincias, para salvar las
dificultades de cierres presupuestarios o sólo intentan resolverse mediante
aumentos de impuestos, o ajustes presupuestarios.
12. Detallar si el gobierno
considera que la situación fiscal de las provincias podrían hacer peligrar el
superávit primario consolidado (Nación y Provincias) de cara a los próximos años
y en este caso previsiones que se adoptarían
13. Informar si se implementará
en el 2008 una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos o se
continuará con el sistema de transferencias a las provincias para amortiguar su
déficit, mediante compensación por ser la coparticipación federal insuficiente y
requerirse por lo tanto aportes del Tesoro y otras transferencias, como viene
sucediendo en estos últimos años.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a la situación que atraviesa
nuestra hermana Provincia de Córdoba en materia financiera, teniendo en cuenta
que la falta de información clara y precisa respecto de la transferencia fondos y
cumplimiento de las normas por parte del Estado Nacional.
Que el conflicto lamentable
mencionado sucede de manera poco clara apenas un corto tiempo después de la
limitación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía. Que los
ciudadanos deben tener toda la información al respecto para no caer en
suposiciones que puedan afectar las instituciones y el federalismo en nuestro
país, pudiéndose entender como una represalia la falta de transferencias a
aquellas Provincias que han votado en contra de la resolución.
En el momento en que se debe mas
que nunca ser responsable y buscar la paz interior y volcar los esfuerzos para
producir y generar mayor apertura económica, no puede haber suspicacias ni
malos entendidos en la transparencia de las cuentas publicas y el giro de los
fondos a las distintas jurisdicciones conforme las normas vigentes
Que el país está esperando una
nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esa reforma debía estar
aprobada para 1996, según la Constitución de 1994, pero nunca avanzó. De todos
modos, con los números actuales no se cumple siquiera la ley anterior, que obliga
a que las provincias administren al menos un 34% de la torta impositiva del
país
Los porcentajes coparticipables a las
provincias están muy por debajo de esa cifra, ronda alrededor del 25 por
ciento.
Esto está originando a
los estados provinciales dificultades económicas financieras, La necesidad
de caja de las principales provincias obliga a sus gobernadores a aumentar
el impuesto a los ingresos brutos y a salir a la caza de las empresas
Los incrementos afectarán la
competitividad; podrían alejar inversiones, además de ejercer más presión
inflacionaria
Ante la imperiosa necesidad de
engrosar sus cajas, algunos gobernadores salieron a la caza de las empresas: el
aumento del impuesto a los ingresos brutos representan un golpe para las
industrias radicadas en esas jurisdicciones, pero también para aquellas que se
encuentran fuera de sus fronteras.
Misiones fue la primera en
interrumpir este proceso, al sancionar, el 29 de mayo, una ley que prevé una
actualización de las alícuotas, que pasan de 2,50% a 6 por ciento. También la
provincia de Buenos Aires subió la alícuota de 0 a 1% a los contribuyentes locales
y de 1,50 a 3 a los de otras jurisdicciones. En tanto, mientras que Córdoba está a
punto de aprobar el mismo aumento que fijó el gobierno de Daniel Scioli, el
gobernador Hermes Binner analiza aumentos en Santa Fe.
Estos aumentos no sólo afectan a las
industrias radicadas en las provincias que subieron la alícuota, sino que también
impactan en aquellas que están en otras jurisdicciones y venden gran parte de su
producción en Buenos Aires y Córdoba. Esto tiene una gran importancia, porque
justamente las provincias que aplicaron los incrementos son los principales
mercados del país
Esto es así en virtud del Convenio
Multilateral, que obliga a inscribirse en él a toda empresa que efectúe ventas u
otras actividades en diferentes jurisdicciones sin estar radicada necesariamente en
ellas.
Un dato para tener en cuenta es que
no resulta casual que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe sean las que decidan subir
sus impuestos o que analicen hacerlo, puesto que se trata de tres provincias que
son aportantes netas del sistema de recaudación nacional. Son las jurisdicciones
que más perjudicadas se vieron por el tema de la coparticipación en los últimos
años.
Esta nueva estructura tributaria de
algunas provincias tiene consecuencias perjudiciales en otros dos aspectos: la
competitividad de las empresas y el aumento de la inflación.
En el primer caso, las industrias que
absorban la totalidad del impuesto porque no pueden trasladar el incremento a los
precios sufrirán un duro recorte en su rentabilidad y una desventaja respecto de
aquellas que decidan (y puedan) evadir. Asimismo, se produce una pérdida de
competitividad de los productos nacionales, ya que compiten con bienes
importados que no soportan la distorsión de este impuesto (un artículo importado
es gravado menos veces que uno local).
En el segundo caso, si efectivamente
es posible transferir el total o parte de la suba impositiva a los precios, esto no
haría otra cosa que aumentar la espiral inflacionaria que ya existe en el país. Así,
serían los consumidores finales los que terminarían por financiar parte de estos
aumentos en ingresos brutos. Esta suba de precios se va a producir cuando el
ataque a la inflación requiere señales diferentes de éstas.
Cualquier país del mundo se
caracteriza naturalmente por tener en su geografía la coexistencia de jurisdicciones
ricas y jurisdicciones pobres. Esto hace que las capacidades de recursos para llevar
adelante la prestación de bienes públicos no sean homogéneas y, por ende, la
creación de un sistema de transferencias es el instrumento que puede tender a
equipararlas.
La pregunta casi obvia que surge es ¿equiparlas para qué? Si se tiene en cuenta el
principio básico de "igualdad de oportunidades", se puede plantear que lo más
equitativo es que cada jurisdicción, independientemente de su nivel de riqueza,
esté en condiciones financieras de garantizar como mínimo la prestación de un
paquete estándar de bienes públicos.
La discusión por la distribución de la renta fiscal entre Nación y provincias en
primer lugar y, entre las propias provincias en segundo, es casi permanente y no
vale la pena abundar en el hecho de que hace más de diez años que debería
haberse establecido un nuevo sistema, cuyos lineamientos básicos están descriptos
en la Constitución Nacional.
Si se va a los números y se clasifica a las jurisdicciones de acuerdo con el nivel de
ingreso y la densidad poblacional, se pueden definir cuatro grupos bien
diferenciados: el de altos ingresos y alta densidad; el de altos ingresos y baja
densidad; el de bajos ingresos y alta densidad; y, por último, el de bajos ingresos
y baja densidad.
El esquema actual no responde a
objetivos claros de distribución y ocasiona, en algunos casos, disparidades difíciles
de explicar.
Aún cuando los estados provinciales
logren cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal, se torna "incierta" la
posibilidad de respetar un esquema que permita una sustentabilidad de mediano y
largo plazo, hay dos elementos básicos que podrían variar el déficit estimado: la
ausencia de previsiones presupuestarias para eventuales aumentos salariales, y
los recursos nacionales que cada gobierno estima recibir del Estado federal
Son pocas las provincias que han
cumplido con la ley de responsabilidad fiscal en cuanto dispone que el gasto no
debe crecer nominalmente más que su Producto Bruto. El gobierno nacional
tampoco la ha cumplido: el empleo público en todo el país ha crecido más del 6
por ciento en los últimos meses.
Las provincias estuvieron obligadas a
afrontar las recomposiciones salariales que se dispusieron a nivel nacional, como
también las exigencias que les marcó la ley de financiamiento educativo. Además,
desde hace una década deben hacerse cargo de los servicios que les traspasó la
Nación (salud, educación y seguridad).
El componente salarial es el que más
pesa en el gasto de las provincias. Así, si la recomposición salarial del 19%
dispuesta durante 2006 dejó exhaustas a las arcas provinciales, 2007 presentó un
cuadro más complejo, pues los nuevos reclamos gremiales partieron de un 20 por
ciento de aumento. En el 2008 se vislumbra mayores incrementos según los pasos
dados por lo gremios a comienzo de este año y los que ya están reclamando para
su actualización.
Para las provincias estaría explicada
en un hecho insoslayable: que el Estado recauda impuestos acusados de
"distorsivos", que no reparte, porque no son coparticipables. Así, el tremendo éxito
de caja de la administración nacional no se traduce proporcionalmente en las
jurisdicciones del interior.
Principalmente, las retenciones a las
exportaciones, el impuesto al cheque y los aportes al sistema de seguridad social,
que representan más del 35% de la recaudación a nivel nacional. La combinación
de incrementos acotados en la recaudación, producto de la gran cantidad de
impuestos no coparticipables, en conjunto con un aumento sustantivo en los
egresos genera para este año y el próximo expectativa desalentadoras en
cuanto al resultado fiscal provincial.
El modelo fiscal vigente en el nivel
nacional se ha apoyado en la importante recaudación de derechos de exportación,
conocidos como "retenciones". El sostenimiento de un dólar alto y el fuerte
aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos
exportables hicieron posible incorporar y mantener estos tributos.
Las retenciones, así como el gravamen
a las transacciones financieras más conocido como impuesto al cheque, no son
coparticipados con las provincias. Así, con el tiempo, éstas han comenzado a
encontrar dificultades mientras el gobierno nacional aún goza de holgura
fiscal.
La compensación mediante la
coparticipación federal es insuficiente y se requieren por lo tanto aportes del
Tesoro y otras transferencias que se manejan discrecionalmente y, en general,
con criterios políticos o electorales.
Las transferencias a las cajas
jubilatorias provinciales y el Fondo de Incentivo Docente, que las provincias
reciben por esta vía un 11% del presupuesto de la administración central. Entre
estos millones, está el dinero con el que subsidian las políticas de viviendas como
el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) o los planes de viviendas.
Por estas consideraciones que brindan
un panorama resumido, se hace necesario conocer el manejo de las
transferencias a los estados provinciales y que debido a las decisiones de ajustes
presupuestarios e incrementos tributarios, nos encontramos situaciones de
conflicto entren las sociedades y los gobierno de provincia, con resultados no
queridos en materia de violencia como se han registrado en Córdoba y que
pudieran sucederse en otros estados.
Se solicita a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| HOTTON, CYNTHIA LILIANA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |