La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación ante el anuncio del Gobierno de la República de Colombia sobre permitir la utilización de diversas instalaciones militares propias por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, generando una tensa situación en la región sudamericana, como oportunamente lo señalaron varios Estados.

Señor presidente:

El Gobierno de la República de Colombia anunció recientemente que varias de sus bases castrenses serán puestas a disposición de contingentes militares estadounidenses, con el argumento de profundizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en dicho país. Esta acción se da en el marco del llamado "Plan Colombia". Sin embargo, la decisión del Presidente Uribe trascendió las fronteras del país y se proyectó tensamente sobre la región sudamericana, cuyos países atraviesan un auspicioso proceso de integración, cooperación y mutuo entendimiento. Un acto político interno y soberano comenzó a transformarse en una alarmante cuestión geoestratégica que terminó por involucrar a toda la región, generando reacciones de alarma y críticas de parte de varios gobiernos.

El "Plan Colombia" es una iniciativa conjunta del Estado colombiano y estadounidense surgida en 1999, de la mano de los entonces presidentes Andrés Pastrana y William Clinton, con el objetivo de "pacificar y desarrollar el país". Sin eufemismos, ello implica el combate contra las fuerzas insurgentes -principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular (FARC-EP)- que controlan diversas regiones colombianas y la erradicación de cultivos de coca mediante fumigaciones masivas.

En su momento, la administración Clinton asistió al gobierno de Pastrana con u$s 1,3 billones y 500 efectivos militares para entrenar a las fuerzas colombianas. Las partidas presupuestarias anuales se mantienen hasta hoy en niveles muy altos y se agregaron más militares estadounidenses. Todo ello coloca a Colombia como privilegiado receptor de recursos económicos y militares, junto a Irak y Afganistán.

Si bien el Plan involucra acciones de desarrollo social y reforma institucional, la mayoría abrumadora de los recursos y su ejecución se concentra en lo militar y en la lucha contra lo que ambos gobiernos denominan "narcoterrorismo".

En los últimos años, funcionarios de Amnistía Internacional criticaron públicamente la esencia y objetivos del Plan Colombia, considerándolo una iniciativa de acción militar contrainsurgente más que una política de desarrollo social y lucha antinarcótica (1) , al tiempo que el análisis que lo lleva a implementarse se desentiende completamente de la cuestión de los Derechos Humanos, en opinión de ese organismo.

En el año 2001, el gobierno del ex presidente George. W. Bush expandió la llamada "lucha contra las drogas" (en el marco de su más global "guerra contra el terrorismo") destinando u$s 676 millones hacia la Iniciativa Andina Contra las Drogas, de los cuales cerca de u$s 380 millones fueron dirigidos a Colombia. Al mismo tiempo se expandió la presencia de contratistas civiles colombianos y norteamericanos para encargarse de tareas de seguridad en las zonas de combate, y en paralelo a las fuerzas regulares de ambos países.

En el año 2004, el Plan Colombia desarrolló una variante llamada "Plan Patriota" para profundizar el combate a la insurgencia guerrillera, politizándose aún más su aplicación.

Entre el año 2005 y 2006, y pese a la destrucción de 170.780 hectáreas de cultivo de coca, estos aumentaron el 8% de un año a otro, según el informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) (2) Lo que demuestra la fluctuación de los resultados pretendidamente exitosos que los ejecutores del Plan proclaman.

Distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos colombianas e internacionales estiman que los cultivos crecen en relación al aumento de la pobreza y la falta de posibilidades de las poblaciones rurales. También señalan la violación de los Derechos Humanos en las regiones donde intervienen las fuerzas estatales y los militares estadounidenses, denunciándose casos de torturas, ejecuciones, violaciones a hombres y mujeres, destrucción de viviendas y cultivos alimenticios, etc.

Es en este marco en el cual se produce lo que aquí venimos a declarar como de profunda preocupación. La continuidad del Plan Colombia fue garantizada desde su nacimiento en las presidencias de Pastrana-Clinton, en el período Uribe-Bush y potenciándose hoy entre Uribe y el flamante presidente Obama. Evidentemente estamos ante una política binacional a largo plazo, que puede traer efectos impensados y posiblemente negativos para nuestra región; pacífica por tradición, en plena vigencia de los sistemas democráticos y en un proceso de integración sin precedente. Siendo así, el Plan Colombia y su evolución pasan de ser una cuestión colombiana a una preocupación regional sudamericana.

En el reciente acuerdo que se estableció entre Bogotá y Washington, el gobierno norteamericano se comprometió a invertir u$s 5 mil millones durante los próximos 10 años, lo que incluye el permiso del gobierno caribeño para la utilización de siete bases militares en territorio colombiano por parte de las fuerzas norteamericanas. El siguiente reporte nos detalla alcances del acuerdo:

"(...) la primera partida de 47 millones de dólares que Estados Unidos entregará a Colombia en el marco del acuerdo bilateral se utilizará para ampliar la base de Palanquero con el objetivo que puedan operar en ella aviones C-17 y C-130. Palanquero sería la instalación colombiana que concentraría la mayor presencia militar estadounidense porque está ubicada en el centro del país, tiene hangares para albergar a unos 60 aviones y barracas para unos dos mil uniformados (...)

Los aviones C-17 pueden transportar desde helicópteros hasta batallones completos, en tanto que el C-130 puede aterrizar y despegar en cualquier tipo de terreno y en pistas de menos de un kilómetro de largo (...) En las bases militares colombianas también podrán operar los aviones AWACS, los cuales poseen un sistema de radar aerotransportado diseñado en forma especial para detectar otras aeronaves (...) Los AWACS pueden ser usados en operaciones aéreas defensivas, en particular contraataques, y ofensivas, para dirigir a los aviones de combate a sus objetivos. También pueden ser utilizados para tareas de vigilancia, funciones de mando y control, y dirección de batallas.

Las bases aéreas de Malambo (costa atlántica), Apiay (sur) y Palanquero (centro), las principales de este país sudamericano, estarán al servicio de la Flota Aérea Militar de Estados Unidos gracias al acuerdo bilateral, según la fuente (...) El documento también se refiere a la utilización de las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico) para que puedan atracar buques estadounidenses que transportan equipos técnicos, pero se desconocen los modelos de esas embarcaciones. El acuerdo también prevé la opción de usar las guarniciones de Tolemaida (sur-occidente) y Larandia (sur), las cuales son consideradas 'clave' para combatir a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)." (3) A esto se agrega la presencia de 800 militares estadounidenses y 600 contratistas de seguridad esparcidos por las distintas bases, en sintonía con la política que el ex Presidente Bush (h) aplicó en Irak y Afganistán.

El comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, general Freddy Padilla León, sostuvo que "Se trata de profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con el acceso a bases militares colombianas. No son bases norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones (...) Colombia busca fortalecer una cooperación respetuosa y moderna con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos; en donde solo los terroristas y narcotraficantes deben temer." (4) Por su parte, el Presidente Uribe dijo que el acuerdo militar "(...) responde a nuestra determinación de derrotar al terrorismo totalmente (...) Yo creo que aquí hay una reacción porque el terrorismo siente que estos pasos son plenamente demostrativos de nuestro propósito de derrotarlos enteramente (...) Nuestra política no tiene reversa. Hay que derrotarlos totalmente y éste es un paso en la dirección correcta." (5)

Por otro lado, se nos informa que: "Estados Unidos reconoció que el nuevo acuerdo militar con Colombia tendrá como objetivo el narcotráfico, pero también el combate contra las guerrillas. "Si me pregunta si las misiones van a aprovecharse de este acuerdo y en el futuro van a incorporar a las FARC en sus zonas de blanco, la respuesta es sí, sin duda alguna", aseguró el embajador norteamericano en Bogotá, William Brownfield, en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo." (6)

A las claras se evidencia que en esta nueva fase del extendido Plan Colombia está tomando un rumbo marcadamente belicista y se aleja ostensiblemente de su objetivo original. Lógicamente, y siendo nosotros respetuosos de los principios internacionales de Autodeterminación y No Injerencia en Asuntos Internos, no es criticable que un gobierno soberano celebre un tratado con otro Estado. Pero sí nos alarma que esta concentración de poderío militar pueda tornarse en una franca amenaza para la estabilidad regional y para la paz, más allá de los recurrentes argumentos de combatir enemigos y amenazas internas.

Colombia encabeza, por mucho, la nómina de Estados regionales que más dinero invierten en defensa y seguridad, muy por delante de Brasil, Chile, Venezuela y Argentina. Y esa situación, de por sí, genera un preocupante desbalance a favor del "poder duro" de ese Estado caribeño ante sus vecinos.

Amén de estas consideraciones sobre lo político- militar, otra cuestión es aquí fundamental: la política de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos y Colombia pretenden llevar a cabo.

Hemos visto como una posición de represiva y militarista no garantiza en absoluto el éxito contra el narcotráfico, ya que los cultivos ilegales de coca siguen aumentando pese al poder militar y la retórica bélica. Porque las causas son estructurales y se relacionan con el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.

Por otro lado, la posición de Estados Unidos, considerado el principal promotor global en la lucha contra el narcotráfico unida peligrosamente a la "guerra contra el terrorismo" en el antojadizo marco de las "nuevas amenazas", evidencia un altísimo grado de hipocresía, teniendo en cuenta que en el caso colombiano el narcotráfico cruza también a los sectores militares y paramilitares de los que se vale la misma política antidrogas.

Lo mismo ocurre en Afganistán, dónde la poderosa coalición militar liderada por Estados Unidos clama luchar contra el Talibán y Al Qaeda como una versión local de "narcoterroristas" (acusados de producción masiva de opio para extraer heroína) mientras que, paradójicamente, los cultivos de amapola para ese fin han crecido desde la llegada y toma de control de la coalición occidental en 2001. (7) En el caso de las zonas en las cuales se los destruyó, sus habitantes pasaron a la producción de cannabis. Lógicamente todo ello se da en un escenario de descontrol, violencia militar y pobreza. (8)

Por lo tanto creemos que la utilización de bases por fuerzas foráneas con el visto bueno colombiano no sólo afectan a la región en su estabilidad geopolítica, sino que intentan expandir una doctrina violenta -e hipócrita- sobre el tratamiento de la política de drogas que repudiamos firmemente, optando por alternativas y enfoques superadores y descartando la militarización de la sociedad y la retórica del conflicto.

Los gobiernos de la República Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia y México expresaron su preocupación ante la introducción de un factor extraño en la región como es un poder militar foráneo en territorio colombiano.

En su momento, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalo la inconveniencia de más bases en la región y su militarización. En la misma tónica, la Ministra de Defensa, Nilda Garré sostuvo que "Es muy preocupante la instalación de bases militares extrañas a la región en Colombia (...) Esa posibilidad ya provocó la alarma en los países del Unasur y la convocatoria a una conferencia específica presidencial sobre el tema en la ciudad de Bariloche (...)" (9) Por su parte el Canciller de Brasil, Celso Amorim, señaló que "Brasil cree que es malo un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Amazonas." (10) , en alusión directa a la base de Apiay (pueblo de Cabeza de Cachorro) cercana a la frontera tripartita entre Brasil, Colombia y Venezuela.

Debemos recordar que Estados Unidos, haciendo gala de una política hegemónica en lo que considera su "patio trasero" o periferia natural, vio relativamente debilitada esa política durante los últimos años por varios hechos. Un ejemplo es la negativa del presidente ecuatoriano Rafael Correa -aliado de la Venezuela Bolivariana, Bolivia, Nicaragua y Cuba en el marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)-, a que se renueve la utilización de la base naval del Pacífico en Manta (oeste ecuatoriano) por parte de Estados Unidos a partir de diciembre próximo. Por ello Washington debió reconcentrar parte de su poder militar regional en un Estado abierta e íntimamente aliado como es Colombia.

Considerando todo lo expuesto, no podemos permitir que la tranquilidad, la cooperación y la integración regional se vean enturbiadas por el militarismo y las posturas belicistas que algunos Estados detentan. Tampoco podemos permitir que la lucha contra el narcotráfico sea importada mediante doctrinas violentas y reduccionistas que se desentienden de los contextos sociales y la necesidad de desarrollo de los pueblos. Es por ello que, desde un profundo sentido democrático, sudamericano y respetuoso del orden internacional, expresamos nuestra intensa preocupación ante estos hechos, solicitando que el presente proyecto sea acompañado afirmativamente por los Señores Diputados.