La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que por conducto de quien corresponda tenga a bien informar:

1) El nivel de cumplimiento, actividades y resultados concretos por parte de la Republica Argentina respecto de absolutamente todos los Artículos que componen el documento suscripto perteneciente a la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION aprobado por la Ley Nro 26.097.-

2) Con qué estructura se administra este tratado en la Republica Argentina desde el momento de la firma hasta la fecha. Quiénes son sus integrantes, a cuántos empleados de planta se afectan a esta actividad, a cuántos consultores y/o asesores se recurre para este fin y bajo qué modalidad se vinculan laboralmente con el Estado Nacional, monto de honorarios consultores, monto de los gastos de consumo para atender este compromiso y todo otro gasto sufragado por el Estado Nacional con relación a este convenio.

3) Cada una de las misiones enviadas por la Republica Argentina a cualquier lugar del mundo desde el momento de la firma del tratado hasta la fecha. Objeto de las reuniones, conclusiones, resultados, número de integrantes, número de asesores, honorarios de consultores, costo de viaje, costo de viáticos, costo de alojamiento, y todo otro costo relacionado con la misión.

Señor presidente:

Con fecha 10 de mayo del 2006, fue sancionada la Ley Nro. 26.097, publicada en el Boletín Oficial el 09 de Junio del 2006 que aprueba la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, suscripto en Nueva York - Estados Unidos de América el 31 de Octubre de 2003.-

Nuestra Constitución Nacional establece en su Capítulo IV, Artículo 75° Inciso 22, que son atribuciones del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos de la Santa Sede, los cuales adquieren jerarquía superior a las leyes. De modo que, al haber adquirido el tratado jerarquía superior a las leyes, su cumplimiento debe tener ese alcance. Dar cumplimiento a los compromisos asumidos en un convenio internacional, supone respetar el espíritu de nuestra Constitución Nacional y los preceptos del Derecho Internacional.-

Destacamos la importancia estratégica de lucha contra la gravísima corrupción que amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia comprometiendo el desarrollo como así también grandes cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados dejando de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella para prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos.-

Pero además de la importancia constitucional de este tratado internacional, tengamos en cuenta que para llegar a su acuerdo, el Estado Nacional ha tenido que sufragar importantes gastos para que los representantes del país, puedan llegar a contactar a otras naciones, mediante viajes, estadías, asesores, viáticos, gastos protocolares, etc, sumado a otros gastos posteriores referidos al seguimiento y ejecución de este convenio.-

Por la importancia del convenio en si mismo, sumado al sacrificio fiscal que tuvo que afrontar la nación para suscribirlo, es nuestro interés conocer la evolución y los resultados concretos de este tratado, habida cuenta que han transcurrido un tiempo prudencial desde su aprobación.-

Por las razones expuestas solicito a esa Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el acompañamiento al presente proyecto de resolución.-