La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º.- Diríjase al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos correspondientes, realice una adecuación mediante reglamentación, de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, referida a su aplicación dentro del Área Aduanera Especial (AAE) creada por la Ley 19.640, y demás zonas con un sistema impositivo y aduanero específico, existentes en la República Argentina, con el fin de transformar en eficaces los beneficios fiscales que le son otorgados a los consumidores y usuarios de las mismas.

2º.- Comuníquese, etc.

Señor presidente:

El 22 de septiembre de 1993 fue sancionada la Ley nº 24.240, disponiéndose mediante la misma diversas normas referidas a la protección y defensa de los consumidores y usuarios. Estos son definidos por la mentada como "las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo social" (art. 1º), en cuanto tenga por objeto la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios, o la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminadas.

En el año 1994 se reglamentó, por medio del decreto 1798/94 del Poder Ejecutivo Nacional la ley en cuestión, expresando en sus considerandos que resultaba necesaria la elaboración de normas que la reglamentaren, a efectos de hacer efectiva su vigencia.

De tal importancia fue este reconocimiento a los derechos de los consumidores que, mediante la reforma de 1994, se le dio rango constitucional. Consecuentemente, el artículo 42 de la Carta Magna estableció que:

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control. "

No obstante lo desarrollado, se han ido desarrollando con el correr del tiempo diversas situaciones en las que no resulta posible encontrar una efectiva aplicación de los mismos. Ello trae como resultado una afectación de los derechos adquiridos por los consumidores o usuarios, en calidad de tal.

Esta afectación a los derechos proclamados tiene su origen en la carencia de una debida instrumentación de los mismos, que adecue la norma que los reconoce a situaciones especificas, a fin de tornarlos plenamente efectivos.

En tal contexto anómalo desarrollado en el parágrafo precedente, se encuentran los derechos de los consumidores que se hallan dentro del Área Aduanera Especial (AAE) de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, creada mediante la Ley 19.640. La misma estableció, en líneas generales, un sistema basado en la concesión de beneficios fiscales a favor tanto de las personas físicas como jurídicas radicadas en dicha provincia. Esta tiene su razón de ser en la necesidad de promover el desarrollo económico y social de tan distante territorio. Por ello, se dispuso eximirse del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio, a las personas mencionadas. Asimismo, se establecieron importantes beneficios en materia de importaciones que tuvieran como destino el área aduanera especial diagramada.

Tal estructura desarrollada debería traer como resultado inmediato, en buena lógica, una disminución en los precios finales al consumidor de aquellos productos comercializados dentro del área aduanera bajo análisis. No obstante, se encuentran singulares distorsiones en el análisis comparativo de precios entre ésta última y el territorio continental (TC), arrojando cifras que no resultan propias de una zona franca. Resulta que en muchos casos, los valores llegan a encontrarse por encima de los precios de referencia que se observan en el TC (en los cuales se incluye el IVA), en base a un mismo producto, de igual marca y características.

A modo de ejemplificar lo que venimos exponiendo, tomaremos como objeto de análisis el mercado automotor. Recientemente la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia de Tierra del Fuego, llevó a cabo un estudio comparativo de precios entre ambas zonas. Del mismo se extrae que los precios de vehículos producidos en el MERCOSUR que se comercializan en el AAE, son casi similares a los del TC, llegando en algunos casos inclusive a superarlos, como sucede con el VW GOL 3 puertas. El mismo se comercializa en el TC a un valor de $30.140.- (IVA incluido). Si le descontamos al mismo el IVA (en el AAE se esta excento del mismo), agregándole los gastos aduaneros y de flete que conlleva poner un coche en la misma, obtenemos un resultado estimativo que se encuentra en el orden de los $26.800.-, muy diferente respecto al valor actual con el que se comercializa dicho automóvil en el AAE, el cual es de $31.300.- en promedio, no incluyendo el mismo gastos como el patentamiento o servicios de gestoría, resultando de este modo mayor a los del TC, en donde no opera beneficio fiscal alguno. Una tendencia como la descripta es posible encontrarla en la mayoría de los modelos fabricados en el ámbito del MERCOSUR. Las diferencias de precios existentes en cuanto a automotores importados resultan mayores, observándose un diferencial a favor del consumidor del AAE, aunque la misma no se encuentra en el orden de todos los beneficios fiscales existentes en la zona, tanto en materia impositiva como aduanera.

Toda esta situación trae aparejado un perjuicio económico al consumidor, teniendo que pagar precios muchas veces sobrevaluados, resultando en algunos casos mayores a los del TC, cuando la tendencia debería ser justamente lo contrario. Esta situación lesiona los derechos adquiridos de los consumidores, en particular los referidos a su interés económico, los cuales tienen actualmente reconocimiento constitucional.

Con el fin de hacerlos plenamente efectivos para todos los consumidores y usuarios que se encuentran dentro del AAE descripta, resulta necesaria una reglamentación especifica de la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), que tenga en consideración su especialidad, a fin de que se trasladen también a ellos los beneficios fiscales que le son otorgados, salvaguardando sus derechos al tornarlos plenamente operativos. De este modo se protegerá el interés económico de los mismos, interés que se encuentra consagrado en el ya expuesto artículo 43 de la Carta Magna.

Consecuentemente, los beneficios detallados no serán ya solo un factor de mayor rentabilidad para quien comercializa los productos, sino que se trasladará a todos los consumidores, que son la razón de ser de gran parte del sistema creado por la Ley 19.640.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a este Honorable Cuerpo la sanción del presente proyecto de resolución.