La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que le provoca gran preocupación la situación judicial de la Dra. Elisa Carrió, quien parece ser víctima de una inusitada celeridad judicial que, al no aplicarse respecto de funcionarios del gobierno cuyas conductas deben ser investigadas, se torna violatoria de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, la Dra. Elisa Carrió es víctima de procesos judiciales caracterizados por un alto contenido político en desmedro de su persona. Simultáneamente, funcionarios de la administración nacional son ampliamente cuestionados en cuanto al manejo de los fondos públicos y aún así siguen rotando por las reparticiones del gobierno sin que se controlen efectivamente sus actuaciones y -cuando así se hace- se obstaculiza el normal desempeño de jueces y fiscales, en lugar de bregar por la transparencia.

Uno de los componentes fundamentales de la forma republicana de gobierno consiste en el principio de la "Igualdad ante la ley", que nuestra Constitución consagra en su artículo 16 que se reconoce también como una emanación del Art. 33. Se trata entonces de un "principio fundamental". Las declaraciones, convenciones y pactos que jerarquiza el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna, refuerzan la primacía de la igualdad como elemento nuclear de la protección jurídica e institucional de los derechos humanos.

En el caso en cuestión la Dra. Carrió es procesada por denunciar públicamente el manejo espurio de los fondos públicos, tipificando su accionar en calumnias e injurias.

Al igual que en ocasiones anteriores, al investigar el lavado de dinero y cuentas no declaradas en el exterior de ex funcionarios, la Dra. Carrió fue llamada mentirosa por los involucrados en estos presuntos hechos. Héctor Antonio, dueño de Pescafina e hijo del dirigente peronista Jorge Antonio, la acusó de calumnias e injurias en el juzgado en lo correccional porteño a cargo del Dr Luís Schelgel. Entre las pruebas en su contra figuran la declaración testimonial de dos periodistas, que reprodujeron los dichos de Carrió, y la causa sobre el crimen impune de Raúl Espinosa, titular de Pesquera San Isidro, afirmó el diario Clarín . El español Fernando Álvarez Castellano, dueño de Conarpesa, también le inició juicio, al igual que el ministro de Planificación, Julio De Vido. Las dos últimas causas están en el juzgado del Dr. Claudio Bonadío. La denuncia del Ministro de Planificación es al menos llamativa ya que distintos funcionarios de su cartera han sido removidos e incluso acusados por faltas severas que son públicas y recientes. Mientras que en estos casos la Justicia actúa con plazos más prolongados, en el caso que aquí nos ocupa se trabaja con un ritmo exageradamente veloz y que no se corresponden con los parámetros habituales de funcionamiento del Poder Judicial argentino.

El principio de igualdad debe regir de manera inalterable y permanente de modo que la acción de impartir justicia sea una realidad y no una mera declamación, atada a la conveniencia de unos u otros.

Este Congreso trabaja a diario buscando plasmar el interés general y el bien para todos los argentinos por igual. En este sentido, debemos evitar y denunciar que otro poder del Estado privilegie u hostigue a algún actor en desmedro o beneficio de otros.