La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la demora en la reglamentación de la ley 26.485 de protección a las mujeres, sancionada el 11 de marzo de 2009 y promulgada de hecho el 1 de abril de 2009.

Señor presidente:

En su último discurso ante el Congreso de la Nación, al inaugurar el 128º período de sesiones ordinarias, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió referirse a la existencia de dos supuestos "países" dentro de nuestra patria: uno virtual y uno real.

De acuerdo con el discurso de la primera mandataria, hoy en nuestra Argentina se viviría bajo una percepción doble de la realidad. Una, donde se "baten records en materia de esparcimiento" a la que ella decidió llamar "país real" y otra, "donde suceden cosas horribles" a la que estimó conveniente denominar país virtual. (1)

Más allá de no compartir los conceptos vertidos en el discurso y mucho menos las intenciones perseguidas en el mismo, entendemos que aquellas desafortunadas frases esgrimidas por la Presidente de todos los Argentinos pueden ayudarnos a reflexionar sobre una de las problemáticas de mayor relevancia para la población Argentina, tanto para aquella que habitaría el país "virtual", como para aquellos que vivimos en el "real". Nos referimos a la violencia de género y la violencia doméstica.

En otro de sus discursos, más específicamente aquel que pronunció el lunes 08 de marzo de 2010, el Día Internacional de la Mujer (2) , la Presidente pidió "a los que no son mujeres, es decir al otro género" (sic) lograr que el Día Internacional de la Mujer sea "todos los días para terminar con la violencia doméstica"

Consideramos pertinente hacerle saber a la Señora Presidente que la mejor manera de terminar con la violencia de género no es pedir verbalmente a los responsables que dejen de abusar de las mujeres; sino trabajar, hacer, con el fin de proteger realmente a las mujeres, encarcelando o castigando a los violentos, y luchar fervientemente contra aquellas creencias culturales que denigran y no se corresponden con las avances logrados en los últimos años hacia la igualdad de género.

Tal vez, la Presidente de la Nación no esté al tanto que la ley 26.485, sancionada el 11 de marzo de 2009 y promulgada de hecho el 1 de abril de 2009, debido a que el Poder Ejecutivo Nacional no manifestó interés en hacerlo, aún no se encuentra reglamentada.

Estimamos pertinente informarle que aquella ley que surgió fruto del esfuerzo legislativo de este Honorable Congreso Nacional, con el fin de adaptar la legislación vigente a las normas de derecho internacional a las que nuestra Nación se obligó constitucionalmente (3) , y también para brindar mayores herramientas a la lucha de este terrible flagelo; señala al Consejo Nacional de las Mujeres como "organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley". A la vez, la ley de presupuesto para el ejercicio 2010, señala al Consejo Nacional de las Mujeres como el encargado de reglamentar la ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (4) .

Entendemos conveniente recordarle a la Señora Presidente, que el Consejo Nacional de las Mujeres depende orgánicamente de su persona, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (5) que encabeza la Dra. Alicia Margarita Kirchner.

Por lo tanto su responsabilidad frente a tal muestra de desinterés reglamentario es doble:

Es política, por ser la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto jefa suprema de la Nación, jefa de gobierno y responsable política de la administración del país (6) . Además el Consejo de las Mujeres depende orgánicamente, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de la Presidencia de la Nación y por lo tanto, tiene ella bajo su responsabilidad los destinos de esta dependencia al ser su superior jerárquica, con una cercanía tal, que su control sobre la gestión, estimamos, debería ser eficiente.

En segundo término, su responsabilidad es administrativa, al ser ella la responsable de expedir "las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación (...)" (7) . Función que en este caso delegó administrativamente en un organismo que nuevamente decimos, depende jerárquicamente de su persona.

La única acción que ha surgido de parte del Poder Ejecutivo Nacional desde la sanción de la ley 26.485, el 11 de marzo de 2009, fue el impulso del reglamento autónomo fechado el 24 de noviembre de 2009, es decir 8 meses y 13 días después de la sanción de la ley, para modificar la estructura administrativa del Consejo Nacional de las Mujeres y así dotarlo de recursos necesarios para poder cumplir con su rol de organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley 26.485. Sin embargo, en la ley de presupuesto para el ejercicio 2010, no aparece ni la nueva estructura, ni los nuevos objetivos, ni las nuevas metas y producción bruta esperadas, y mucho menos los mayores recursos necesarios para hacer eco a las demandas del decreto 1836/2009 y la ley 26.485.

En la planilla anexa al artículo 1º de la ley 26.546 específicamente en las páginas dedicadas al Programa 17, es decir el de "Formulación e implementación de políticas públicas de la mujer", cuya unidad ejecutora es el Consejo Nacional de las Mujeres aparecen para este año 2010 los mismos objetivos, y las mismas metas y producción bruta esperada que aquellas establecidas por la ley de presupuesto, para el ejercicio 2009 (8) .

Incluso, las asignaciones presupuestarias solo aumentaron un 18,7%. Si tomamos en cuenta los índices de inflación emanadas del controvertido Indec que informaron que en el año 2009 hubo un nivel inflacionario del 7,7%, el aumento hubiera sido por demás bajo. Ahora bien, en caso de considerar las estimaciones inflacionarias privadas, que estiman el índice anual entre un 15 y 20%, el aumento de las erogaciones presupuestarias habría sido prácticamente nulo.

Considerando la nueva estructura y funciones que dispuso el decreto 1836/2009 al Conejo Nacional de las Mujeres, además de aquellas estipuladas por la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y la decisión del Poder Ejecutivo de encargar al Consejo Nacional de las Mujeres la reglamentación de dicha ley, tal como surge de las disposiciones de la ley 26.546; esta situación presupuestaria es alarmante.

Es por estos hechos que creemos conveniente reflexionar sobre las palabras de la Presidente en su discurso del pasado 1 de marzo sobre virtualidad y realidad, pero principalmente entendiendo las palabras de la Presidente como la existencia de una realidad discursiva y una realidad fáctica, palpable, que no se puede negar.

La Presidente suele referirse a su situación de mujer y las dificultades a las que ella se enfrenta cotidianamente al tener responsabilidades tan altas en una realidad desigual, con tendencia machista, que supuestamente la pondría en una posición de entendimiento con su género y por lo tanto, se podría suponer al frente de su defensa. Pero, como podemos ver ante tal innegable evidencia, ello en la realidad fáctica, no sucede.

Cristina Fernández de Kirchner no ha demostrado tener interés personal y mucho menos el gobierno que ella dirige en impulsar los avances necesarios para comenzar a luchar en serio contra la violencia de género, y la violencia doméstica que en multiplicidad de casos van de la mano.

Su falta de interés en impulsar la ley 26.485 y principalmente en reglamentarla para generar las condiciones tendientes a que se pueda ejecutar de manera óptima, es una falla que nadie realmente comprometido con la lucha de la violencia de género se permitiría cometer.

Entendemos que esta circunstancia debe ser subsanada inmediatamente, y así comenzar a materializar los esfuerzos desde el Poder Ejecutivo de la Nación en la lucha contra la violencia de género, que la población, y la realidad, tanto reclaman.