La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la intimidación provocada por el Grupo Clarín contra el periodista Víctor Hugo Morales, al ingresar a su casa con la excusa de realizar un embargo que se podría haber hecho a través de medios que no lesionen su dignidad, en un claro intento de disciplinar voces que cuestionan a los poderes fácticos de las corporaciones.

Señor presidente:

El pasado 16 de julio del presente año asistimos a una escena de inusitada gravedad para la democracia y la libertad de expresión. Abogados del Grupo Clarín, apoyados por una orden judicial, ingresaron al interior del domicilio particular del periodista Víctor Hugo Morales con el objetivo de seleccionar bienes de su propiedad para ser embargados por una deuda originada en un juicio iniciado por el multimedios contra Víctor Hugo por mostrar un gol de un partido que tenía comprado en exclusividad Cablevisión SA.

Teniendo en cuenta que el monto reclamado podría haber sido cubierto por otros medios, como un embargo sobre inmuebles, vehículos o cuentas bancarias, la metodología escogida y la presencia de los propios abogados del Grupo recorriendo la vivienda del periodista, tuvo el indudable objetivo de escarmentar a un profesional que hace años viene librando una batalla cultural en contra del monopolio informativo que ostenta el Grupo Clarín.

Tal como afirmó la Corte Suprema de Justicia en el fallo de octubre del 2013 que decretó la constitucionalidad de la Ley de Medios, más que nunca ha quedado claro que la libertad de expresión, en los tiempos actuales, no sólo puede ser restringida por el Estado, sino también -y principalmente- por los grupos mediáticos de poder oligopólico, que hegemonizan la información privando a los ciudadanos de recibir pluralidad de voces y opiniones.

Una de esas voces disidentes al poder real, es la de Víctor Hugo Morales, que por eso ha recibido en carne propia todo el peso de las corporaciones actuando en forma sincronizada: la mediática y la judicial, en esta oportunidad.

No es un caso aislado este accionar del Grupo Clarín intentando disciplinar a las voces que se revelan contra su poder. En noviembre del 2012, el mismo Grupo había presentado una denuncia penal contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, y Javier Vicente, relator del Fútbol para Todos. La denuncia era por "incitación a la violencia y coacción agravada" y abarcaba además a funcionarios nacionales, legisladores y agrupaciones políticas.

Lo más llamativo es que los periodistas editorialistas de los medios del Grupo Clarín, que diariamente escriben y expresan cualquier tipo de agravios infundados contra funcionarios del Gobierno Nacional, sin ninguna otra repercusión que su descrédito profesional, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Gobierno Nacional por afectar su libertad de expresión.

Por tales razones, no puede pasar desapercibido la intimidación a Víctor Hugo Morales, por lo que resulta necesario repudiarla enérgicamente, dado que la libertad de expresión hoy se encuentra amenezada más por el poder de los grupos dominantes que por un Estado que viene impulsando la pluralidad de voces y que ha derogado el delito de calumnias e injurias sobre personas públicas para proteger la labor de los trabajadores de prensa.

Por lo expuesto, solicito a mis colegas diputados y diputadas que me acompañen con este proyecto de Resolución.