La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la resolución no vinculante emitida el 13 de mayo de 2014 por el Congreso de Guatemala que pretende negar la existencia del genocidio ocurrido en aquel Estado, especialmente a partir del golpe de estado de Efraín Ríos Montt de 1982.

Señor presidente:

El 13 de mayo de 2014 el Congreso guatemalteco aprobó una resolución en la que sostiene que resulta imposible que se hayan llevado cabo en Guatemala las acciones que delinean los tipos penales que se le adjudicaron a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en dicho Estado, poniendo en cuestión de este modo, la existencia misma del genocidio ocurrido principalmente en la década del 80. Lo paradojal de esta aberrante declaración es que el propio Estado guatemalteco en diferentes casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos reconoció, aunque parcialmente, su responsabilidad sobre estos hechos (Ver Corte IDH, Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, Sentencia del 24 de noviembre de 2009 y Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Sentencia del 4 de septiembre de 2012).

Asimismo, la "Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimiento a la población de Guatemala" dio a conocer en su informe que se registraron unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, en el período que va de 1962 a 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico comenzó a funcionar en 1997 y fue creada para la elaboración de un informe que detalle lo ocurrido durante el conflicto armado en Guatemala en ese período, a raíz de la firma del Acuerdo de Oslo del 23 de junio de 1994.

El resultado de esta investigación, así como dan cuenta los casos presentados ante el Sistema Interamericano y el conocido como el "Juicio del Siglo" por el que se condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, puso en evidencia la práctica de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y operativos de tierra arrasada (se calculan más de 600 masacres), entre otras graves violaciones a los derechos humanos (como por ejemplo violaciones a niñas y mujeres, que constituyeron un grupo particularmente afectado), especialmente en contra de la comunidad maya de dicho país.

En su informe Guatemala: Memoria del Silencio, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico estableció que desde el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt en 1982 se incrementó el número de ejecuciones arbitrarias y masacres, especialmente en áreas rurales y en contra de líderes comunitarios. De acuerdo al informe, "en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional el 91% de las violaciones registradas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se produjo entre los años 1978 y 1983." (Ver Masacre de las Dos Erres)

Con lo cual, que desde una de las ramas del Estado, se retroceda en estos reconocimientos al punto de negar las gravísimas violaciones a los derechos humanos, particularmente en un contexto en el que la Corte Constitucional declaró nula la condena contra Ríos Montt 10 días después a su dictado, resulta profundamente preocupante. Por lo tanto, es nuestro deber expresarnos en contra de este tipo de declaraciones.

Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas que me acompañen con su firma