La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar la destrucción de gran parte del edificio, ubicado en Eva Perón 1221, tipificado como Centro Clandestino de Detención, que ordenó el intendente de Merlo, Raúl Othacehé el pasado 18 de abril en un ejerciendo abusivo de poder y en violación de los deberes de funcionario público por violar la ley 26.691 que protege los Sitios de Memoria.

Señor presidente:

El intendente de Merlo Raúl Othacehé, fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el juez Rafecas por la destrucción de un edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención.

La CPM, representada por su copresidente, Hugo Cañón, su Secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera y Aldo Etchegoyen con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano y Juan Manuel Combi , efectuó una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por violación de los deberes de funcionario público. Se trata de la destrucción de buena parte del edificio, ubicado en Eva Perón 1221, fue tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en el año 1984 y estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar. El 18 de abril un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio. "Este acto vandálico incumplió con las normativas vigentes provinciales y nacionales que indican preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror", indicó la comisión mediante un comunicado. "En este sentido -continúa el documento- la CPM interviene judicialmente con el objetivo de que se investigue y condene al Intendente por su desobediencia a una orden judicial dictada por juez Rafecas competente en al causa, que disponía no innovar sobre el inmueble que aun constituye prueba en la causa donde se investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en ese ex CCDT. También por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario publico, al dictar una orden contraria a la legislación vigente de preservación de sitios de memoria (ley nacional 26.691 y ley provincial 13.584.)". Por último, la CPM "proclama que se cumplan las normativas vigentes que aportan a la construcción de la memoria colectiva, y sean sancionadas las conductas que vulneran la política de estado en materia de derechos humanos".

Por su parte, el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, salió el 31/5/12 a rechazar las denuncias formuladas por dos integrantes de la Comisión por la Memoria quienes lo acusaron de incumplir una orden judicial que impedía la demolición de una construcción en la que habría funcionado un centro clandestino de detención

"Es una vulgar operación mediática y una burda maniobra política", disparó Othacehé, al descalificar la denuncia impulsada por el copresidente de la Comisión, Hugo Cañón, y el secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera.

"Jamás el juez Rafecas me notificó ni tampoco a ninguna dependencia de la municipalidad de Merlo, de la prohibición de innovar que había decretado, como así tampoco existe normativa alguna que indique que el edificio donde alguna vez funcionara la comisaría de Libertad, haya sido un centro clandestino de detención, tortura o exterminio durante la ultima dictadura militar", subrayó el intendente.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.