La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo correspondiente, informe sobre:

- Por qué la Universidad Nacional de La Plata no devuelve las tierras -6030 hectáreas donadas por la empresa Celulosa Argentina S.A.- del Valle del Arroyo de Kuñá Pirú, provincia de Misiones, a las comunidades aborígenes de Yvy Pita, Ka´ Aguy Poty y Kapi´i Poty que las habitan ancestralmente, no dando cumplimiento al artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación.

- Acciones, construcciones, actividades académicas y otras intervenciones llevadas a cabo por la UNLP en dicho territorio y evaluación de las mismas.

- Qué medidas adopta el Poder Ejecutivo para hacer efectivo el derecho constitucional a la tierra que poseen estas comunidades originarias.

- Acciones concretas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) frente a este conflicto entre las comunidades guaraníes y la UNLP.

Señor presidente:

Desde el mes de enero de 1.992 la Universidad Nacional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, mantiene ocupadas aproximadamente 6.000 hectáreas en la provincia de Misiones.

En ese año la empresa Celulosa Argentina donó 6.030 hectáreas del Valle del Arroyo de Kuña Pirú a la Universidad Nacional de La Plata, con las comunidades Yvy Pita, Ka´ Aguy Poty y Kapi´i Poty habitando ese territorio.

Dos años más tarde, con la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, al reconocerse los derechos de los pueblos indígenas, los guaraníes comenzaron el reclamo de esas tierras.

Pese a la reforma y a tratados internacionales que la Argentina ratificó, como el Convenio 169 de la OIT, la casa de estudios del Estado se niega a entregar los títulos de propiedad a sus habitantes originarios.

Al día de hoy y desde hace más de una década, las comunidades aborígenes guaraníes que habitan gran parte de la zona conocida como Valle Kuña Pirú, un caudaloso arroyo que surca el lugar, colmado de una exuberante vegetación, continúan el reclamo por la devolución de las tierras que habitan hereditariamente y que la UNLP, entidad pública, se niega a devolver.

Tras tantos años de pugna, las divergencias de las comunidades con la UNLP se fueron acentuando. Las comunidades rechazan la presencia y las actividades realizadas por personas que, en nombre de la Universidad platense, llegan al lugar invadiendo e inmiscuyéndose en las actividades propias de las comunidades originarias y, por otra parte, ratifican el pedido de traspaso de la posesión de las tierras, basándose en la normativa nacional e internacional y en lo establecido por la Constitución Nacional.

Las comunidades misioneras denuncian que autoridades de la Universidad proponen la repartición de tierras que consta en 700 hectáreas para las comunidades, 700 para la casa de estudios y 4.500 en condominio; repartición que no están dispuestos a aceptar.

Por otro lado, acusan faltas de parte de la Universidad a los acuerdos convenidos e intentos de coima hacia algunos miembros de las comunidades, a través del ofrecimiento de planes de vivienda, planes sociales y subsidios.

Se denuncia también el desmonte de los bosques llevado a cabo por la institución, la ausencia de plantas medicinales que impide a las comunidades sanar enfermedades por falta de muchas de las medicinas. El cacique Hilario Acosta, en ocasión de un reclamo ante la UNLP, manifestó "...vinimos hasta acá para reclamar nuestra tierra, porque para nosotros la tierra no es para desmontar. La tierra es vida, la sombra, la alegría para los ancianos, los chicos, para todos. Ya no queda medicina de nosotros, no podemos cazar porque los animales se adentran en la selva y sólo tratamos de sobrevivir".

La UNLP se ampara en su reclamo por la entrega total de las tierras en un derecho real de dominio adquirido por donación, mientras que las comunidades guaraníes fundamentan su reclamo desde un derecho de dominio originario reconocido no sólo por la Constitución de la Nación Argentina, sino también por numerosos tratados internacionales a los cuales nuestra Nación suscribió y debe honrar con su cumplimiento. Es por ello que desde el Estado se debe buscar una solución que contemple ambos intereses en juego y exija el menor sacrificio posible para las partes.

El INAI es el ente adecuado para tomar intervención pronta y oportuna en este grave conflicto y evitar el desamparo y la usurpación que sufren las comunidades guaraníes.

Por todo lo ante expuesto, solicito a los Señores Diputados me acompañen en la aprobación del presente proyecto.-