El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 314º DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRISIÓN DOMICILIARIA.-

Artículo 1º): Modificase el artículo 314º del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:

Artículo 314º: El juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder, solamente en aquellos casos especialmente previstos por la ley.- En el supuesto de otorgarse la detención domiciliaria a quien no corresponda, la misma será considerada falta grave del Magistrado o Tribunal que la concedió en violación a la ley.-

Artículo 2º): Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

El artículo 314º del CPPN que regula el instituto, hoy tan controvertido de la prisión domiciliaria, dice que: "El juez ordenará la detención de las personas a las cuales pueda corresponder, de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de la pena de prisión domiciliaria".-

Hasta allí lo que establece dicho artículo.- Ahora bien si nos concentramos en el Código Penal, artículo 10º, el mismo determina que "Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de setenta años o valetudinarias".-De acuerdo al texto actual del artículo del Código ritual, sólo y únicamente en estos casos se podría otorgar prisión domiciliaria a un condenado, la ley es clara al respecto.-

Sin embargo, la norma Nº 24.660 que regula todo lo relacionado a la ejecución de la Pena Privativa de la libertad, podríamos decir, que ha venido a modificar aquella norma del Código Penal, dejándola en desuso en la práctica, ya que si existe una norma especial que regula el instituto que aquí tratamos, debe aplicarse la misma.-

Pues bien, entendido esto veamos lo que dice al respecto al Ley Nº 24.660. En su artículo 33º, que específicamente habla de prisión domiciliaria, se determina que: "El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable con periodo terminal podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informe médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique.- Si lo estimare conveniente el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista en el artículo 32º".-

Como vemos estos serían los únicos casos en que el Juez podría considerar un pedido de un condenado a cumplir prisión domiciliaria, debiendo darse ciertos y determinados requisitos puntualmente expuestos por la ley, y que no pueden dejar de ser soslayados por el Magistrado interviniente.-

Si el Juez se aparta de ello, no estará aplicando el derecho, lisa y llanamente, no existe otra explicación.-

Para quien no aplica el derecho, teniendo la obligación de hacerlo, la conducta endilgada debe ser considerada falta grave, ni más ni menos, existe un desconocimiento del derecho, o una errónea aplicación de la ley, o un incumplimiento de los deberes a su cargo.- Cuando dichas imputaciones se las hacen a un Juez, o Tribunal, que deben ser celosos cumplidores de la ley, ello amerita falta grave.-

Por lo tanto, decimos y propiciamos que en caso que el Juez o Tribunal igualmente conceda a un condenado la prisión domiciliaria, cuando no tiene derecho a pedirla porque no cumple con ninguno de los requisitos que taxativamente le impone la Ley (ver art. 33º Ley Nº 24.660), esta conducta del Magistrado debe ser considerada falta grave, y se sujetará a las consecuencias que ello implica, ya que ante este uso abusivo del derecho, un particular, ofendido, o la víctima del delito, podrá solicitar sin más su pedido de Juicio Político, sencillamente porque ha cometido una falta grave que está expresamente establecida en la legislación.-

Últimamente hemos observados azorados casos muy mediáticos de condenados que se les ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliara cuando no cumplen ningún requisito impuesto por la ley.- Se ha dicho en defensa del condenado, que es una persona trabajadora, que no se fugará, que siempre ha estado a derecho, que constituye un domicilio especial del cual no se mudará, que existen terceros familiares que avalan o afianzan esta libertad condicional, etc.- Pero ninguno de estos fundamentos son exigidos por la ley para otorgar dicho beneficio, es más ni siquiera están tratados.-

Puntualmente la ley solamente expresa que la persona debe padecer una enfermedad terminal, que debe tener más de setenta años, y nada más, los demás fundamentos son carentes de todo sustento legal.- Pero además, la ley le impone al condenado prestarse a un examen médico, psicológico y social, que los beneficiados tampoco han cumplido.-

Recientemente se ha condenado a un joven que atropelló y mató a otro, a una pena privativa de libertad de cumplimiento obligatorio.- Este joven hoy tiene una edad aproximada a los 23 años, vale decir no es una persona anciana ni mucho menos.- Al escuchar la sentencia fue detenido, pero para sorpresa de todos a los pocos meses, no menos de cinco o seis, se presenta al Tribunal solicitando la prisión morigerada o domiciliaria, y el Juez se la concede con el argumento que es una persona de bien, resocializable, que va a salir solamente a trabajar, etc.- Pero la ley no impone estos requisitos para la concesión de este beneficio, entonces ¿Por que concedérselo?, existe una clara violación de la ley, por lo tanto el Tribunal deberá responder por ello.-

Si queremos seguir nombrando casos podemos extendernos demasiado, pero la crónica tribunalicia, casi a diario, nos muestra como los condenados por haber cometidos delitos importantes, como muerte, encubrimiento, robo seguido de muerte, etc., son beneficiados, sin más ni menos, con el instituto de la prisión domiciliaria.- Se dirá que el Pacto de San José de Costa Rica vela por los derechos humanos, y exige un trato respetuoso y humano de los prisioneros o condenados, y que la Constitución Nacional habla de cárceles limpias, y de resocializacion del preso, y que este instituto tiende a eso, justamente.- Hasta allí podría coincidirse ya que el condenado es en definitiva una persona y como tal merece un trato respetuoso, y que muchas veces las cárceles no son dignas, y no cumplen con el requisito constitucional impuesto, pero también no podemos dejar de soslayar que del otro lado, existe también una víctima del delito que también debe merecer la protección de la ley, que ha sufrido en carne propia el delito cometido por el delincuente, o bien un familiar suyo lo ha sufrido.- El Estado también debe dar adecuada protección a estas personas víctimas de los delitos, porque de lo contrario, solamente estaremos viendo una cara del espejo.-

Por todo ello, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.-