La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, informe:

1. Razones por las que el Sr. Secretario de Transporte aprobó el balance 2005 -y con ello los balances 2002, 2003 y 2004 de la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.;

2. Cuál fue la evaluación económica financiera efectuada por el Estado Nacional para aprobar aumentos tarifarios en los vuelos aerocomerciales, según convenio suscripto con la empresa de fecha 15-5-2008;

3. Cuál es la situación de cumplimiento con los acreedores privilegiados de la concursada, cual es el pasivo emergente, y cual es la valuación que hizo el Estado Nacional de los bienes objeto de la masa concursal, tendiente a afrontar dicho pasivo;

4. Considerando las declaraciones efectuadas por el Comité de Control designado en autos "Aerolíneas Argentinas s.a. s/ Concurso Preventivo", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro.15, en el sentido de reconocer que "...no habían advertido el estado de compromiso económico y financiero de la empresa", cual fue el rol de esta Secretaría para prevenir o cuestionar en tiempo y forma dicha falta de control frente a la evidencia de la crisis de público conocimiento;

5. Cuál es la razón por la que no se implementó a la fecha la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que entre otras funciones tiene la fiscalización del funcionamiento operativo de la empresa;

6. Cuáles son las razones por las cuales esta Secretaría no peticionó ante los organismos correspondientes la aplicación de las disposiciones emanadas del art.206 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales;

7. A cuánto asciende la totalidad de subsidios otorgados a la empresa en materia de compensación por combustibles, salarios y funcionamiento operativo;

Señor presidente:

Asistimos en estos días a lo que puede ser un sinceramiento profundo de la situación agónica en que se debate nuestra aerolínea de bandera.

Situación que por cierto no es nueva; sucesivos gobiernos han contribuido enormemente a la quiebra técnica en la que se encuentra dicha empresa; y, por cierto, la permisividad o ausencia de controles al operador aéreo del grupo Marsans, tolerado y promovido por la actual administración, no hicieron otra cosa que enrostrarnos la dura realidad de una empresa vaciada, saqueada y canibalizada.

Estamos a las puertas de una posible "reestatización", donde este parlamento juega un rol fundamental, cual es recuperar para todos los argentinos una parte de nuestro patrimonio.

Esa recuperación parte de varios fracasos, irregularidades y desaciertos en la conducción de una situación tan sensible: en primer lugar, en noviembre de 2007 el Sr. Secretario de Transporte Ing. Ricardo Jaime aprobó el balance 2005 de ARSA, lo que significó la validación de los balances 2002/2003 y 2004, que hasta entonces no habían sido suscriptos; es menester aclarar que el representante del Programa de Propiedad Participada, sector que agrupa a los trabajadores, votó contra la aprobación de dicho instrumento, y que el Tribunal de Cuentas de España, en su Informe Final de Fiscalización de Marzo de 2006, sostuvo que el visto bueno de dicho balance implicaba una abierta violación de la ley de concursos y quiebras argentina.

En segundo lugar, las autoridades de transporte, ante la evidencia de la crisis desatada en el sector, y a pesar de encontrarse vigente el decreto 1012/06 de emergencia aerocomercial, otorgaron autorización de aumentos tarifarios sin que los usuarios accedieran a ninguna pauta acerca de los criterios económicos y financieros que fijaron un 36% de incremento para vuelos de cabotaje, mediante la suscripción de un convenio -que jamás tomó estado público- con la empresa.

Por otra parte, de la lectura de las actas de la audiencia celebrada con fecha 15 de julio del corriente por ante el Juzgado Comercial donde tramita el concurso preventivo de ARSA, la sindicatura admite su imposibilidad de valuar los bienes objeto de la masa concursal en relación a la cuantiosa deuda que aún se registra con acreedores privilegiados del concurso, precedente éste que por supuesto no es un buen augurio para la "puesta en valor" que esta administración pretende de la empresa.

En similar sentido, de las actas referidas surge también serias falencias atribuibles al Comité de Control por no haber advertido el estado de compromiso económico y financiero de la concursada, todo lo cual redunda en responsabilidad de los funcionarios administrativos que apoyan sus decisiones en entes como el referido, y donde entonces surge claramente la debilidad regulatoria y de control de la Secretaría, por no haber requerido en tiempo y forma los informes que hubiese prevenido el estado crítico de la empresa.

Solicitamos informe el Sr. Secretario también cuales son los motivos por los cuales - a más de un año de conformación de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), creada según decreto 239/07, que entre sus atribuciones tiene la fiscalización operativa de ARSA, la misma no entró en funciones, propiciando una situación aún más caótica en el desarrollo de dicho ente aerocomercial.

Y finalmente, solicitamos también del citado organismo otras dos cuestiones: primero: considerando que el artículo 206 LCQ impone la obligatoriedad de reducción de capital cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital, informe la Secretaría cuales fueron las razones por las cuales se abstuvo de ejercer tal prerrogativa y, por último, obtener información actualizada acerca del régimen de subsidios y compensaciones destinados a ARSA por combustibles, salarios y funcionamiento operativo, considerando la evidente incompatibilidad entre las sucesivas resoluciones en el área sobre dichas materias y la reciente operación de "salvataje" que ha implementado el gobierno nacional para garantizar los vuelos y la puesta en funcionamiento de las aeronaves en tierra.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente.