La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Se solicita al Poder Ejecutivo que -por intermedio del organismo competente- reglamente la Ley 25.929 sobre Protección del embarazo y del recién nacido, promulgada el 25 de Agosto de 2004.

Señor presidente:

En el convencimiento de que el Estado debe proveer equidad ofreciendo servicios de calidad, y ante la evidencia de las profundas desigualdades que padecen los ciudadanos que están condenados a un Estado ineficiente frente a aquellos que pueden elegir, y acceder a servicios de calidad provistos por el sector privado, es que consideramos necesario poder corregir algunas rutinas profesionales dentro de la sala de partos de los hospitales públicos, que han sido desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que reducirían la brecha que existe entre la atención privada y la pública.

Frente a esta situación, el Congreso sancionó hace seis años la Ley 25.929 "de parto humanizado" que garantiza a toda embarazada la posibilidad de estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, y destierra prácticas tales como la utilización de manera injustificada y rutinaria de la episiotomía (incisión para ampliar la abertura vaginal); la limitación a la inducción del trabajo de parto a determinadas indicaciones médicas; evitar durante el parto, la administración por rutina de fármacos analgésicos o anestésicos que no se requieran específicamente para corregir o evitar una complicación en el parto; determinaciones que son necesarias en la búsqueda del lema "el parto no es una enfermedad". A pesar de la sanción de esta Ley en el 2004, una Encuesta Perinatal de 2008 realizada a más de 12.000 mujeres revela que muchas de estas prácticas se siguen utilizando sin aval científico.

Luego de 6 años, la ley no ha sido reglamentada, pero sí difundida, lo que demuestra que no alcanza con campañas de información para cambiar prácticas profesionales arraigadas y que se necesitan intervenciones más activas, por lo que consideramos necesario reglamentar la ley y prever estas intervenciones para lograr erradicar dichas prácticas, y poner en un plano de igualdad la atención pública con la privada, al menos en este aspecto. El Estado no solo debe prestar servicios de calidad para equiparar la desventaja natural que tiene la madre atendida en el sector público respecto de quien tiene medios para costear una obra social prepaga, sino que, no puede vulnerar principios y derechos estipulados en la norma para dar fin a la situación imperante de partos desnaturalizados.

Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.