La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que, a través del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara información precisa y detallada que se solicita, sobre la escombrera conformada por toneladas de residuos peligrosos, perteneciente al emprendimiento minero chileno Los Pelambres, de la firma Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), que atraviesa la frontera con Chile, en el departamento de Calingasta, Provincia de San Juan:

- Sírvase detallar las acciones llevadas adelante por las autoridades nacionales en el caso mencionado, según lo establecido por Ley 23.922, de aprobación del Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en la ciudad de Basilea-Suiza.

- Si se han iniciado acciones sancionatorias a la firma mencionada por violar lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”

- Las acciones realizadas y previstas para el retiro de las escombreras que acumulan residuos peligrosos desde el año 2007 a la fecha, y la remediación de los suelos y recursos hídricos contaminados.

- Otras acciones que se hayan realizado y se tengan previstas a partir de los hechos mencionados.

- Detalle en todos los casos los organismos intervinientes.

Señor presidente:

En el año 2004 el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals (Grupo Luksic) la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012, allí se arrojaron desde los enormes neumáticos hasta rocas con escaso valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, altamente contaminante, característico de la actividad. La escombrera mide 105 hectáreas, (mucho más de las 88 has autorizadas) y 70 metros de altura.

En 2011 trascendió que una parte importante de la escombrera, más de 52 hectáreas, se encuentra del lado argentino, en terrenos donde se encuentra el proyecto El Pachón, de la minera suiza Glencore, en el departamento sanjuanino de Calingasta. Antofagasta Minerals había arrojado unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Según un estudio privado, la escombrera ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años.

En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó el traslado del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un canon en concepto de alquiler, sin lograr resultados a favor. El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero en esa oportunidad sólo agregaron hitos en la frontera, sin modificar los límites; la zona pertenece a Argentina y sobre eso nunca hubo diferencias entre ambos países.

Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del 2015 una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma, por usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.

En abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambres, envió dos cartas a la ministra de minería chilena; una pidiendo un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Trámite irregular, ya que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y porque la cancillería chilena ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".

La segunda carta solicitaba los resultados de un peritaje técnico realizado en aguas que rodean la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. Las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres, la propia minera entregó los resultados al gobierno. Aun así, el jefe de gabinete se los entregó al abogado de la empresa con el timbre oficial y su firma, haciendo figurar al estudio como un peritaje estatal.

El hecho provocó un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial; quien a pesar de retornar al poco tiempo como asesor de la ministra, finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa.

Glencore encargó entonces un estudio propio a la consultora URS AECOM; el estudio confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Minera Los Pelambres correspondían a una laguna ubicada a 2 kilómetros de la escombrera. También señaló la desaparición de algunas lagunas, al ser cubiertas con escombros y otras se encuentran próximas a extinguirse, ya que el volumen de agua en la zona cayó. Que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de aguas abajo, y que de continuar la situación se contaminará el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

El informe incluye la ubicación de 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que a futuro liberarán tóxicos peligrosos a partir de su descomposición. La escombrera incumple su propio plan de manejo de residuos, ya que no cuenta siquiera con material aislante bajo las gomas. Lo más grave es el drenaje ácido generado por las montañas de material estéril: el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4.4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera" (…) "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".

El estudio también encontró errores e inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino. El estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de la consultora URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino. Señala la falta de actividades de monitoreo y controles de las autoridades en la zona.

En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó como medida cautelar el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató. Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera, sin pedir ningún tipo de indemnización.

Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril de 2016, el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, en sintonía con lo dispuesto en la medida cautelar: la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aunque Minera Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años. No se contempla ningún tipo de indemnización.

Expertos del sector minero, ante consultas sobre el tema (incluído el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé), sostienen que es más conveniente retirar la escombrera que remediarla, para evitar efectos contaminantes.

Los hechos aquí relatados dejan expuesta claramente la competencia de las autoridades nacionales: Ministerio de Ambiente y de Relaciones Exteriores de la Nación, en cuanto que nuestra Constitución señala en su artículo 41: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. A la vez que nuestro país ratificó por Ley 23.922, el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en la ciudad de Basilea-Suiza.

La gravedad de los hechos requiere un conocimiento pleno de las acciones llevadas adelante y las previstas a futuro. Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en el presente proyecto.