La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar el reconocimiento a los valores democráticos y valentía de la joven Micaela Lisola, por no dejar sus convicciones en la puerta de ningún colegio, expresando, asimismo, el repudio al accionar ilegal, discriminatorio, intolerante y antidemocrático de las autoridades del Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos.

Señor presidente:

Micaela Lisola, tiene 16 años y es alumna del Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos de San Juan. También ostenta la representación de los colegios privados en el Centro de Estudiantes Unidos Secundarios (CEUS).

La mañana del 23 de marzo del corriente año quiso hacer referencia al Día de la Memoria en su colegio, contar qué había pasado el 24 de marzo de 1976 e invitar a sus compañeros a la marcha convocada al efecto en la ciudad. La directora del establecimiento, en un acto de censura, le dijo que no lo hiciera, y que debía convocar a la marcha del Día del Niño por Nacer que se realizaría el domingo siguiente en contra del aborto.

La juventud, rebeldía y espíritu demócrata que sin dudas anidan en Micaela pudieron más que la prohibición antidemocrática de la autoridad escolar y, en su alocución, incluye la referencia al tema del golpe de estado. Intempestiva e inquisitorialmente se le quita el micrófono y se sanciona a la alumna con el máximo de las amonestaciones, en una decisión tan arbitraria como antidemocrática y absolutamente ilegal.

En efecto, por desde al año 2.002, por Ley N° 25.633, se instituyó, el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, "en conmemoración de quienes resultaron víctimas" del terrorismo de Estado, y -por imperio de su artículo 2°- se estableció la inclusión de jornadas educativas que "consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos".

Lo que la Directora del Colegio Monseñor Audino Rodriguez y Olmos de San Juan ignoraba, es que Micaela tiene internalizados sus derechos y puede ejercerlos sin temor. Ella sabe que no le va a pasar lo mismo que a los jóvenes de la U.E.S. (Unión de Estudiantes Secundarios) que fueron víctimas de la sinrazón genocida por el mero hecho de haberse movilizado en reclamo de un boleto estudiantil.

El NUNCA MÁS a los golpes de estado, al genocidio como método de imposición de modelos políticos y económicos antipopulares se consolida y alimenta en conductas como las desplegadas por las jóvenes generaciones, las que sin haber vivido el horror dictatorial, hacen suyas las convicciones democráticas y ejercen, desde allí la memoria colectiva.

El ilegal y preocupante proceder de las autoridades del establecimiento escolar, que tal vez tengan sustento en las tertulias de galas mantenidas por la Directora María Isabel Larrauri, en el Auditorio Juan Victoria, junto a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, dos de los genocidas más atroces de la historia argentina, implica un cercenamiento de los derechos no solo de Micaela sino de todos los alumnos que concurren al establecimiento escolar, y configuran un acto de violencia institucional inadmisibles en el marco de un Estado de Derecho democrático y constitucional como el vigente.

La política de derechos humanos es, actualmente, una política de Estado, y es la que permite que acontecimientos como los que ocurrieron en San Juan no estén ya naturalizados y despierten, en la mayoría de la sociedad, un total repudio.