La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo revea la política de derechos de exportación , comenzando por el caso del girasol y continuando con otros productos, a los que se deben disminur, e inclusive eliminar los derechos de exportación.

Señor presidente:

El gobierno se empeña en mantener altos impuestos (derechos de exportación) en cultivos que cada vez se achican más, entre otras cosas, porque su rentabilidad desaparece por las excesivas retenciones El caso del girasol es una demostración clarísima: con retenciones de 32% para el grano y de 30% para el aceite, a pesar de los buenos precios internacionales, según cálculos de Asagir, donde se reúnen todos los eslabones de la cadena girasolera, sobre algo menos de US$ 1.000 de resultado promedio por hectárea para un cultivo de 20 quintales, el Gobierno se queda con aproximadamente US$ 300, la industria con unos US$ 50, el costo de implantación y comercialización insume otros US$ 270/290 y, finalmente, al productor/inversor, que consiguió la plata y corrió el riesgo climático y de mercado, le quedan bastante menos de US$ 280 por hectárea, después de descontar los restantes impuestos nacionales Al margen del socio parásito (El sector oficial) que se queda con el 30% de lo producido sin invertir y sin arriesgar, esto sólo ya justificaría que, si bien llegó a tener un área de más de 3 millones de hectáreas a mediados de los '80, ahora se considere un logro llegar apenas a los 2 millones de hectáreas, aunque la demanda mundial esté firme y no haya muchos países competidores. Ahora, también se podría hacer otro cálculo mirando el tema desde

un ángulo distinto: si el Gobierno redujera las retenciones a la mitad (o sea, al 15%, que sigue siendo una enormidad) de todos modos aumentaría sensiblemente la recaudación ya que se estima que la producción podría aumentar entre 50% y 70%, rondando así los 5 millones de toneladas anuales desde las 2,8/3,2 que, en promedio, se obtienen ahora. Incremento que totalmente se destinaría a la exportación ya que el mercado interno está cubierto. Para evaluar el estancamiento forzado de este cultivo, solo basta señalar que el girasol ya había superado el millón de toneladas de cosecha a principios de la década del ´40 (¡hace 70 años!) cuando los rindes apenas alcanzaban los 800 kilos por hectárea, mientras que ahora se ubican por encima de los 2.000.

De esta manera el gobierno no solo recaudaría más por el gravamen a la exportación, sino que aumentaría sustancialmente su percepción por Ganancias, IVA, etc., sin olvidar la mayor actividad económica. El productor diversificaría, la industria podría asegurar su materia prima y, especialmente, se reduciría el impacto ambiental negativo al incorporarse otra especie a las rotaciones, minimizando así los perjuicios del monocultivo, esto último increíblemente denostado en cuanto aparición pública realiza algún funcionario sobre este tema, pero que francamente pareciera que nos "toman el pelo" a todos pues las acciones son certeramente hacia esta práctica.

Es difícil encontrar las razones por las cuales a los actuales funcionarios, aun si no tuvieran el conocimiento técnico, les resulta tan complicado comprender algo tan obvio y elemental. Excepto, claro está, que si lo entiendan, pero que no lo quieran hacer.

Para algunos grupos de análisis esta es la verdadera razón de fondo ya que, al margen de lo que se declaraba hasta no hace tanto, respecto a la "sojización", al "yuyo", etc., la realidad es que desde el primer momento en 2003, la Administración actual dependió fuertemente de la soja y buena parte de todas las medidas que fue tomando luego apuntaron a favorecer el avance de esta oleaginosa. Desde los inicios de la actual administración, allá por el año 2003, lejos de buscarse un equilibrio, se acentuaron las medidas que determinaron en un primer momento la caída arbitraria de renta de la mayoría de las actividades competidoras (ganadería, tambo, etc.), lo que luego alcanzó también a los cultivos como girasol y maíz para, finalmente, vía el discrecional cierre y restricción de prácticamente casi todos los restantes mercados, solo quedara la soja con garantía de poder ser vendida, y de ahí su avance a pesar del extraordinario 35% de retenciones que se le aplican.

De hecho, hoy por hoy, tanto el trigo como el maíz mantienen abultados tonelajes que no pueden ser vendidos por la falta de precios internos y por las prohibiciones ridículas de la exportación, con el pretexto de la defensa de las mesa de los argentinos, cuando la misma está asegurada en cuanto a provisión pero no de precios, ya que con las políticas implementadas, los resultados están a la vista. Los precios de los alimentos aumentaron al ritmo de la verdadera inflación, y no la mentirosa inventada por el Sr. Moreno por orden de nuestra presidenta, verdadera causante de estas groseras distorsiones.

No extraña entonces que la soja creciera hasta superar los 50 millones de toneladas, desplazando a su paso a tambos, rodeos vacunos de carne y maíces, entre otros, para liberar superficie para su cultivo que, de todos modos, últimamente también parece haberse estancado. En medio, el girasol que ya traía algunos problemas de arrastre por el lado de la comercialización en el mercado interno, terminó de frenarse en sus posibilidades ya que, si bien la tecnología disponible y las condiciones productivas permiten obtener muy buenos resultados, la inestabilidad e inseguridad del esquema comercial, artificialmente alterado por las medidas de Gobierno, al igual que para otras actividades, lo fueron postergando.

Las preguntas ahora son: ¿Quién se hace cargo de los daños causados, económicos y especialmente ambientales? ¿Hay que esperar a otro Gobierno para comenzar las correcciones? ¿Por qué se acentúan los desfases si se conocen las soluciones? ¿En esto consiste la defensa de la "mesa de los argentinos"? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura sigue gastando millonarios recursos en la supuesta elaboración de un ampuloso Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), cuando no es capaz de tomar las medidas mínimas, y simples que dicta el sentido común para que la producción aumente en lugar de caer?

Todas preguntas que por el momento no tienen respuesta por parte de esta administración. Aquello que los funcionarios están al servicio de la gente, parece no ser respetado por este gobierno que cada día se aisla mas, produciendo un grave daño a los parámetros, no solo

sociales y humanos, si no a los económicos, produciendo distorsiones que va a costar mucho enmendar en el futuro.

Esta es una situación sencilla, fácil, coherente y que no requiere mucho análisis y por lo tanto puede ser rá pidamente enmendada. Llamamos a la reflexión a los funcionarios para que dejen de lado actitudes de rechazo a todo aquello que viene de otros sectores sin analizar los argumentos, y entiendan que las propuestas son para mejorar el estado de las cosas, que es lo que nos mueve a los que, de buena fe, estamos para servir a los ciudadanos con propuestas que solucionen los inconvenientes.

Por ello, Sr. Presidente, solicito la aprobación del presente Proyecto.