La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que informe lo que a continuación se solicita:

- Cuáles son las series estadísticas publicadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y con qué frecuencia y periodicidad se realizan las mismas.

- Qué series han dejado de ser publicadas, y en tal caso, cuáles son las razones y motivos técnicos de la no publicación de las mismas.

- En el caso de haber cambiado las técnicas y/o parámetros de medición de la producción y comercialización de productos agropecuarios, cuáles han sido los criterios técnicos que han sustentado tales cambios.

- Cuál es la función actual de la Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, y si existieron desplazamientos de personal dentro de la misma.

Señor presidente:

Los primeros días de Febrero del corriente año, a través del Expediente 0081-D-2009 solicitamos se nos informara acerca de los motivos del desplazamiento del Ing. Mario Camarero, el técnico a cargo, desde hacía más de ocho años, del área de la Secretaría de Agricultura encargada hasta entonces de la elaboración y publicación de las estimaciones agrícolas, el dato más elemental sobre el sector agrícola que indica cuántos granos se producen en el país.

A fines de marzo, a través del Expediente 1153-D-2009, nos vimos obligados a requerir al Poder Ejecutivo Nacional nos informara los motivos de la no publicación a esa fecha por parte de la Secretaría de Agricultura de las estimaciones correspondientes a marzo, lo cual obligaba, para conocer la proyección de la cosecha local, a recurrir a cálculos privados como los de la Bolsa de Cereales, o a la medición satelital que realiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La decisión oficial de discontinuar la publicación de al menos unas 15 series estadísticas sobre la producción y el comercio de bienes agropecuarios profundiza el proceso de ocultamiento de información clave sobre el sector iniciado hace casi un año atrás, con el inicio del conflicto generado por la Resolución 125. Al igual que lo que sucede en el INDEC, en el área de Estimaciones Agrícolas, varios funcionarios y empleados -se menciona que alrededor de 100- habrían sido desplazados de sus cargos y dejados sin funciones, sólo por informar que la sequía hacía estragos en los cultivos. Desde entonces, por orden del secretario Carlos Cheppi, Argentina no cuenta con datos confiables de su principal sector productivo.

En el caso de la ONCCA, ya se ordenó discontinuar gran parte de la información -de consulta permanente para los operadores del sector- que generaba el organismo. Desde mayo de 2008 ya no se publica la faena diaria de vacunos, como así tampoco los precios en ventas directas a frigoríficos. Desde octubre también se dejó de emitir el informe semanal sobre las compras y ventas del sector exportador y la agroindustria. Como si esto no fuera poco, tampoco se publica más cuáles son las empresas beneficiarias de los ROE en carne, lácteos y granos, omisión coherente con la manifiesta discrecionalidad y falta de transparencia exhibida en el otorgamiento de los permisos de exportación.

Esa destrucción de la estadística productiva en la ONCCA fue responsabilidad del actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, designado al frente del mismo en abril de 2008, en plena guerra con el agro. Mientras montaba un nuevo régimen para la exportación de carne, lácteos y granos, Echegaray se apropió de todo el flujo estadístico sobre la operatoria comercial de esos sectores, dejando de publicar a partir de ese momento datos claves, como las compras de granos por parte de molinos, aceiteras y exportadores, la evolución de los embarques y hasta los stocks que hay en el campo. En el país de la soja, nadie sabe cuánta soja queda y quién la tiene, lo cuál le permite a la ministra Débora Giorgi, vaticinar una cosecha de 96 millones de toneladas, cuando todos los analistas del sector pronostican unos 80 millones.

También se encuentra pendiente, desde agosto de 2008, la difusión de los resultados preliminares del Censo Agropecuario Nacional, relevamiento que al INDEC le costó $ 20 millones.

Frente a esta situación, las propias Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Rosario intentan suplir con estudios propios los datos que el Estado hoy oculta. Es más, al carecer de una contraparte oficial, hasta el propio Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), consulta con esas entidades privadas los datos que ya no publica la SAGPyA.

En el negocio de la carne, el elemento más preciado para "la mesa de los argentinos", la situación también resulta confusa. Desde hace más de un año, cuesta mucho obtener información clara de cuántas vacas se matan, en qué frigoríficos, qué empresas se benefician con los permisos de exportación de carne, etc.

En una coyuntura harto complicada para la lechería, hace un año también se discontinuó la publicación del Precio de Referencia para la leche, valor oficial del cuál se valían los tamberos para tratar de defender el precio de su producción.

Lo que a esta altura no puede negarse es que el Gobierno Nacional no repara en el daño institucional que le hace al país al destruir la credibilidad de los organismos encargados de elaborar estadísticas oficiales. Un país sin datos oficiales certeros, valederos y creíbles, no puede elaborar políticas públicas serias ni pretender fomentar inversiones del sector privado.

Un país que destruye los organismos encargados de elaborar estadísticas oficiales, no puede elaborar políticas públicas serias ni pretender fomentar inversiones del sector privado. Una vez más, insistimos hasta el cansancio con el hecho objetivo de que ningún gobierno a la fecha se atrevió a tanto ni llegó tan lejos y que esta obsesiva manipulación y destrucción de los índices ya no puede ocultar la verdadera dimensión de los problemas económicos que estamos sufriendo.

La calidad institucional de la democracia argentina sigue en franca caída, y no es responsabilidad de nadie más que del propio gobierno, quien evidentemente no puede ocultar su desprecio visceral hacia las formas institucionales que una república democrática exige.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de informes.