La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su desagrado ante la equivocada actuación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausurando, con sorprendente e ilegal celeridad, el Bar 'Las Palmas' ubicado en la esquina de las calles Marcos Paz y 25 de Mayo suponiendo a sus propietarios alineados en el rechazo a la Resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación.

Señor presidente:

Durante mi reciente estadía en Tucumán me fué posible comprobar la clausura del concurrido resto-bar Las Palmas ubicado en el centro de la ciudad capital de la provincia.

Cual sería mi sorpresa al enterarme por trascendidos (jamás desmentidos) que esa clausura había sido dispuesta por el Juez de Faltas Carlos Alzabé y que, luego de un intento impedido por los clientes del negocio fué, finalmente cumplida -en la madrugada del 10 de Julio- por empleados de la Dirección e Producción y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de esa ciudad bajo el argumento de falta de autorización para un estacionamiento de vehículos que funciona a la vista del público y desde hace mucho tiempo a un costado del edificio del local y por unas heladeras presuntamente no declaradas.

Lo curioso del caso es que cuatro días antes de la clausura se había efectuado una inspección sin detectar ninguna irregularidad efectuándose luego otra, donde se habrían señalando esas presuntas deficiencias, que podían ser motivo de descargo en el plazo legal que aún estando pendiente no impidió la concreción de la grave medida de clausura que motiva este rechazo.

La inusual celeridad y el desconocimiento por la autoridad municipal de los plazos legales en la aplicación de la gravosa medida, apareció teñida de intencionalidad sancionatoria ya que sus propietarios, productores agrícolas, habían exteriorizado su posición contraria a las retenciones ampliadas por la Res. 125 del Ministerio de Economía.

Aunque actualmente, por decisión de la Justicia provincial el negocio se reabrió, resulta necesario y oportuno reprochar la arbitraria actuación de los funcionarios municipales, castigando a quiénes han exteriorizado una opinión distinta a la sostenida por el Gobierno Nacional, pretextando el incumplimiento de normas municipales sin permitir a sus propietarios el inalienable derecho de defensa y el debido proceso establecidos por las normas municipales cuya observancia les resulta especialmente exigible a los mismos.

Por lo señalado, solicito a mis colegas de esta H. Cámara de Diputados de la Nación acompañarme en este proyecto de resolución que rechaza las desviaciones de poder en que se incurre para disciplinar la conducta u opinión distinta de los ciudadanos.