La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio de Defensa, informe a este Honorable Congreso de la Nación, respecto de qué acciones judiciales ha iniciado en relación a las personas que figuran en la nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el período 1976/1983, como partes del Batallón 601, engranaje de la dictadura para la concreción de crímenes de lesa humanidad, como el actual Secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez.

Señor presidente:

El presente Proyecto de pedido de Informe al Poder Ejecutivo se asienta en la disposición del artículo 204, y sus concordantes, del Reglamento de esta Cámara y en la interpretación acorde del artículo 71, C. N.

Recientemente el pasado 20 de julio de 2011 La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos junto con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) presentaron como querellantes la denuncia penal para que la Justicia investigue si el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, ya que hay abundantes pruebas que indica que el mismo habría integrado la "nómina del personal civil de inteligencia" del Batallón 601 durante la última dictadura militar, tal como surge de los documentos desclasificados del Batallón 601.

La denuncia contra Martínez la suscriben los abogados María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Lucas Balbiano, por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); Luis Bonomi, por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y Martín Alderete, por la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep). Como organizaciones denunciantes figuran Sitraic, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Liberpueblo, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), el Movimiento Territorial Liberación, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que responde a Pablo Micheli, y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

En este sentido, Graciela Rosenblum, integrante de la Liga, se presentó ante el juzgado federal número 9 de Sergio Torres y explicó que la denuncia se funda en la lista del Archivo de la Memoria donde está el nombre de Gerardo Martínez con un número de documento, el mismo que figura en la página web. de la UOCRA.

El nombre del sindicalista figura en el listado de agentes que el Ejército le entregó en febrero de 2010 a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, a partir del decreto 4/2010 que la presidenta promulgó, para que se desclasifique la información referida a 4300 agentes militares y civiles que integraban dicho Batallón 601 de inteligencia entre 1976 y 1983; lista dada a conocer parcialmente por algunos medios (donde no figura justamente Martínez), pero sí figura integralmente en el Archivo Nacional de la Memoria. Gerardo Alberto Martínez, con DNI 11.934.882, figura en el listado que Garré recibió de manos del general César Milani, director de Inteligencia del Ejército, quien también integra la nómina porque fue dado de alta en el Batallón 601 en noviembre de 1983.

Según registros de la Anses, Martínez comenzó a prestar servicios en la Uocra a partir de diciembre de 1978, cuando tenía 22 años. El gran salto en su carrera sindical ocurrió en 1990, cuando fue elegido secretario general del gremio y se integró a la CGT San Martín, que integraron los menemistas más recalcitrantes. Cinco años después, mientras Menem lograba su reelección, Martínez alcanzaba la conducción de la CGT, desde donde tuvo activa participación en el desguace del Estado durante la década. Actualmente integra también el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado su nombre comenzó a circular como candidato a suceder a Hugo Moyano, impulsado por el operador político de Techint, Luis Betnaza. En la sede de la Uocra se desarrollaron este año reuniones con empresarios y dirigentes políticos en las que se analizaron las candidaturas de Sánz-Michetti y Scioli-Urtubey.

Los denunciantes pidieron que sea citado a prestar declaración indagatoria y se lo detenga por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles afiliados al gremio durante la dictadura. Los denunciantes recordaron que los miembros del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército de la dictadura fueron imputados de delitos de lesa humanidad.

Por u parte, el actual Ministro de trabajo, Carlos Tomada, no ha tomado cartas en el asunto y se ha limitado a declarar, en distintos medios periodísticos que "El tema está ahora en manos de la Justicia y esperamos que haya las aclaraciones que esperamos que se produzcan". Tomada aseguró, además, "no saber" con precisión en qué consiste la acusación que le formulan al sindicalista organizaciones sociales. "Yo no he estado en ese tema, específicamente he estado trabajado en otros temas". Una falta de respeto al tema ya que los denunciantes pidieron además que el titular de la Uocra fuera excluido de cualquier cargo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es actualmente secretario de Organización.

Ocho días después de haber sido denunciado penalmente por un grupo de sindicatos y organismos de Derechos Humanos, el gremialista hizo llegar al juzgado federal 9, que subroga el juez Sergio Torres, un texto en el cual anunciaba que se ponía a disposición, mas el escrito del gremialista no desmiente explícitamente que haya integrado el Batallón 601, relativizando el rol de dicha entidad en la represión. Además, el dirigente habría argumentado que las desapariciones de militantes del gremio se habrían producido en los años 1975 y 1976, antes de que él ingresara a trabajar en la Uocra, lo que sucedió recién en 1978.

Desde fines del año pasado, su nombre era impulsado desde un sector empresarial, a través de un operador de Techint, como candidato a reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, pero la propuesta no encontró espacio en el gobierno nacional.

Si una persona de carácter tan público como el Sr. Martínez, se encontraba hasta hace poco libre y sin un proceso judicial abierto, con tanta documentación incriminatoria en manos de las más altas esferas de gobierno, como son los ministros, desde febrero del 2010, requerimos información sobre las acciones judiciales emprendidas contra las demás personas que figuran en dicha lista.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.