La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Comercio Interior, tenga a bien responder los siguientes interrogantes relacionados con la ejecución y fiscalización del Programa Garrafa para Todos:

1. Si es cierto que la denominada "Garrafa Social" se está comercializando a precios superiores a los dispuestos por la normativa en distintas provincias del país. En caso afirmativo, se requiere que se extremen los controles para garantizar el precio al público fijado por el Estado y que se remita un informe en el que figure el listado de los puntos de comercialización infractores junto a la sanción correspondiente que se les habría aplicado.

2. Si ha tomado conocimiento de la existencia de prácticas que podrían ser consideradas como clientelares para la distribución de las Garrafas Sociales desde los municipios mediante sistemas de empadronamiento de ciudadanos y entrega de vales para el retiro posterior de las mismas.

3. Que confeccione y envíe un pormenorizado informe de los convenios firmados entre municipios y la autoridad de aplicación del Programa para la distribución de la Garrafa Social. Se solicita, especialmente, que se remita copia de cada uno de los convenios establecidos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

4. Si se están implementando medidas para ampliar la distribución del fluido. En caso afirmativo: ¿En qué consisten, y cuáles son las previsiones (stock previsto) para la provisión de Garrafas Sociales a cada uno de los distritos del país?

5. Si se están realizando gestiones para prorrogar el subsidio vigente para el año 2011. En caso afirmativo, sírvase detallar en qué consisten y el estado de avance de las mismas.

Señor presidente:

La crisis energética que se desencadena ante cada pico estacional de consumo (tanto en invierno como en verano) desnuda uno de los puntos más débiles de las políticas de infraestructura que impulsa el Gobierno Nacional y expone a los sectores sociales más desvalidos a condiciones existenciales inaceptables.

Vecinos de distintas provincias y municipios del país han comenzado a denunciar la ausencia de Garrafas Sociales, previstas por el Programa Garrafas para Todos; iniciativa oficial que tiene como finalidad facilitar la accesibilidad al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a aquellas familias de escasos recursos que, por falta de obras de infraestructura y debido a su situación de vulnerabilidad social, no cuentan con gas natural provisto por red.

Diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de los consumidores han comenzado a denunciar públicamente que la denominada "Garrafa Social" no se estaría comercializando en todos los centros de distribución a los precios de referencia determinados por la normativa vigente.

En efecto, el precio de la garrafa de 10 kilos debería ser de $ 16 y, al parecer, se estaría vendiendo a $ 25 o más en diversas bocas de expendio formalmente autorizadas. De comprobarse este hecho, se estarían incumpliendo disposiciones oficiales ocasionando un grave perjuicio a miles de argentinos que sólo pueden acceder al gas gracias a la tarifa subsidiada.

Desde el año 2008, la cadena de valor compuesta por los productores, transportadores, fraccionadores y distribuidores, se ha venido comprometiendo a mantener los valores acordados con el Estado (valores finales al público fijados en 16 pesos, para la garrafa de 10 kg; 20 pesos, para la de 12 kg, y 25 pesos para la de 15 kilogramos), todo ello bajo la estricta supervisión de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

La escasez de garrafas, sumada al aumento descontrolado de los precios acordados, habla a las claras de la debilidad estructural de la autoridad de aplicación y de las instituciones comprometidas, para fiscalizar el normal cumplimiento del Programa.

He tomado conocimiento que en diversas provincias (entre ellas las de Salta, Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires) distintos municipios han establecido cupos y cuponeras para el reparto de las Garrafas Sociales a los ciudadanos que, previamente, se empadronen en dependencias oficiales.

En la provincia de Entre Ríos, según información periodística al alcance de todos, se estarían dando hasta tres vales por familia. Esto supone una desvirtuación del esquema original por más que pueda argumentarse que los municipios tiene la obligación subsidiaria de asistir a sus vecinos. Y si bien esto es cierto, no lo es menos la inexistencia de reglamentación ni de controles que impidan el uso político de este beneficio, aprovechando el estado de necesidad de los ciudadanos.

El frío y su inclemencia han llegado para quedarse, y el Estado Nacional no parece estar a la altura de las circunstancias tanto en materia de previsión para asegurar una distribución adecuada y equitativa como para desempeñar correctamente sus funciones de fiscalización del precio final ofrecido al público.

Una Garrafa Social debe valer lo mismo en cualquier punto del país y existen sobrados testimonios de que las mismas se comercializan a precios superiores en aquellas localidades o parajes más alejados de los centros de expendio o bocas de comercialización.

La cuestión de la lejanía con respecto a los puntos de comercialización, es lo que más complica a los vecinos. En los barrios periféricos, es común que sean las despensas las principales abastecedoras y, también, que cobren un sobreprecio por las garrafas. Esto debe ser controlado, evitado y sancionado.

Además del precio distorsionado que deben pagar quienes consumen gas envasado, los ciudadanos padecen la falta de stock. En efecto: ya hay registro de que en algunos de los puntos de venta oficialmente consignados, la cantidad de garrafas entregadas es inferior a la mitad que el año pasado, lo que determina una tendencia distorsiva de los precios hacia su alza. En las provincias de San Juan, Salta, Jujuy y Mendoza ya se han registrado aumentos de hasta un 40% sobre los valores establecidos en aquellas localidades más alejadas de los puntos de venta.

Es claro entonces que las autoridades están exhibiendo serias dificultades para dar cumplimiento, fundamentalmente, a lo prescrito por el artículo 7, inciso "c" de la Ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado De Petróleo, que crea el Fondo Fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural). Este inciso establece que la autoridad de aplicación deberá: "Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes".

Quienes creemos que el Estado debe velar por el cumplimento de la ley para que este déficit prestacional, operativo y de contralor se supere a fin de que los sectores de la sociedad más necesitados puedan contar con este beneficio, no podemos menos que llamar la atención sobre este asunto y solicitar acabada información al respecto para evaluar con mayor rigurosidad lo que está ocurriendo y poder contribuir a la búsqueda de soluciones.

Frente a estos hechos que son de público padecimiento, pongo a consideración de mis pares este proyecto de resolución, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.