La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por el amplio despliegue de fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina, que tuvo lugar frente a la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), el viernes 1° de Junio del corriente año, en ocasión de una pacífica marcha convocada por asociaciones civiles que trabajan por la erradicación de la violencia y la intolerancia en los espectáculos deportivos.

Asimismo expresa la necesidad de evitar toda forma de amedrentamiento para preservar la seguridad y el orden público, exigiendo que el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sea empleada sin excesos, guardando razonabilidad y proporcionalidad de los medios empleados, con estricto respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, que permiten fomentar la convivencia democrática.

Señor presidente:

Una pacífica marcha convocada por asociaciones civiles que trabajan por la erradicación de la violencia y la intolerancia en los espectáculos deportivos, fue obstruida de manera arbitraria con el cierre de calles y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina, que tuvo lugar el viernes 1° de Junio del corriente año, frente a la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Debí abrirme paso para hacerme presente exhibiendo mi investidura de Diputado nacional, en medio de un operativo de fuerzas policiales totalmente desmedido y de un carácter claramente intimidatorio, frente a las vallas que impedían el acceso de público y la libre circulación de personas por la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene su sede principal la entidad rectora del fútbol argentino.

Fue testigo de este episodio lamentable la Diputada Nacional Cornelia Schmidt Lierman, quien también asistió personalmente para acompañar los esfuerzos de la gente que reclama medidas para erradicar la violencia y el accionar de barra bravas en los espectáculos deportivos.

Frente a lo sucedido, estimo necesario señalar que las funciones primarias de los cuerpos policiales de mantenimiento de la seguridad y el orden público, deben ejercerse respetando los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de los medios empleados que debe existir siempre entre las medidas que cada acto involucra y la finalidad del mismo, resultando así uno de los límites al obrar discrecional de la superioridad. De la misma manera debe existir congruencia entre cada procedimiento administrativo sancionatorio y el derecho penal.

En democracia, la policía es un órgano civil y profesional del Estado, responsable de hacer cumplir la ley de manera imparcial y de actuar en estricto respeto de los derechos humanos, sujeta a control, obligada a rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática.

Para ello todas las fuerzas de seguridad empleadas en el mantenimiento del orden público, como responsables del control social formal, deben asegurar la protección a la sociedad y sus ciudadanos.

La seguridad interior es definida por la Ley 24059, de Seguridad Interior como: "la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".

Desde el Congreso de la Nación, no podemos permanecer indiferentes cuando se obstruyen derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión y de circulación, y nos parece necesario reclamar que la fuerza pública no sea empleada de manera excesiva o arbitraria, cuando diferentes expresiones de la sociedad pretenden manifestarse pacíficamente.

Por todo ello, aguardo el apoyo de mis pares al presente proyecto que se inscribe en nuestra defensa permanente de los derechos y garantías ciudadanas.