La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión policial desatada en la ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, motivada en un desalojo ordenado contra centenares de pobladores asentados en tierras de Carlos Pedro Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma que terminó con la muerte de cuatro personas dejando un saldo de sesenta heridos, para lo cual se exige el inmediato y eficaz esclarecimiento así como el castigo a sus responsables.

Señor presidente:

Los hechos de violencia, represión y muerte acaecidos el 27 de julio próximo pasado en la ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, en tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier, vuelven a colocar la mirada en la problemática de la tierra y a repensar las falencias que impiden conjugar derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional que en ciertas ocasiones -como las ocurridas en Jujuy- se reivindican con expectativas que lejos de armonizar los intereses de las partes en pugna, se terminan desvirtuando y engendran resultados como el acaecido donde la violencia y la muerte se imponen acaso burlándose de la opacidad del hombre, de su incapacidad para generar espacios de convivencia donde los derechos de unos y otros gocen de la debida protección, pero a la vez, invitando al pensamiento crítico a reflexionar sobre las privaciones de los más desprotegidos que siempre terminan siendo los principales perjudicados.

Señor Presidente, la voz del Congreso debe levantarse en forma unánime para condenar hechos tan aberrantes. Es sabido que luego vendrán las lecturas, las opiniones y la investigación para esclarecer hechos que lastiman y reavivan la

injusticia que hoy en día representa el derecho de acceso a la tierra, vedado para amplios sectores que frente al egoísmo de los poderosos y la desidia de los gobiernos, se traducen en símbolos vivientes de una condición humana degradada.

En los hechos que enlutan a Jujuy, se evidencia el incumplimiento del protocolo previsto para estos casos por parte de quienes tuvieron a su cargo el operativo y cuando al final, el saldo concluye con violencia, represión y muerte, el balance arroja que lejos de cumplir con aquel, se improvisa, es decir, sobre la marcha de los acontecimientos, seguramente con fuerzas desarticuladas operando en el terreno sin ninguna conducción, el resultado no puede ser sino el que hoy estamos repudiando.

En su edición del 31-7-2011, el diario Miradas al Sur destaca lo siguiente "El uso de armas en desalojos o manifestaciones está prohibido. En la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, la ministra del Seguridad Nilda Garre presentó ante las provincias la propuesta de utilizar en todo el país un protocolo para las fuerzas federales. Estipula que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva: primero el dialogo. Luego, las acciones serán coordinadas por un funcionario político. Y, lo más importante: que los efectivos que tengan contacto con manifestantes tendrán prohibido portar armas de fuego y usar pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo se podrán usar para fines defensivos y el personal policial tendrá que estar identificado de forma visible. Despues de esa reunión hubo varias reuniones regionales, en las que varias provincias suscribieron a ese protocolo. Jujuy todavía no lo hizo."

Lo expuesto es apenas la referencia formal al modo en que debe actuarse en manifestaciones o desalojos y es importante que como tal exista un protocolo,

una guía que los responsables de cada operativo deben seguir. Ahora bien, si a ello se le suma el desconocimiento de las razones por las cuales Jujuy no ha

firmado el protocolo; que los hechos ocurren en un sitio cuya geografía parece propicia para que se desaten las furias contenidas de quienes habitan una tierra sin destino, una tierra que no les pertenece porque en esa tierra la desigualdad es tan obscena que mientras una familia posee más de 150 mil hectáreas, las 700 familias reclamantes ocupan solamente 15 y la situación social que se avizora no parece posible revertirse mientras continúen las condiciones estructurales de latifundios y monopolios que desde el fondo de la historia defienden a sangre y fuego sus intereses.

Señor Presidente, no menos importante es la responsabilidad que cabe al gobierno provincial quien debe velar por los derechos de sus habitantes. Si no se logra mensurar esta responsabilidad e investigar la actuación de sus autoridades en el conflicto, flaco favor se hará en orden a dilucidar como ocurrieron los hechos.

En este conflicto el problema de la falta de vivienda se yergue como el principal derecho que debe facilitarse y garantizarse a los manifestantes. No debe pasarse por alto que subestimar el justo reclamo como dar rodeos o abortar cualquier negociación en ciernes, sólo servirá para caldear los ánimos e invitar al descontrol.

Por su parte, si fueran ciertas las manifestaciones de la empresa Ledesma de haber donado cerca de 200 hectáreas a la provincia para urbanizar y construir viviendas, que respuestas tiene para dar gobierno provincial al respecto. Como se desconoce la certeza de estas afirmaciones, no se puede saber si esas hectáreas están ubicadas en la zona de Libertador General San Martín y si como

señalan dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa que con 40 hectáreas se resolvería el problema de vivienda en esa población, no se alcanza a comprender donde está la verdad.

Los manifestantes reprimidos son el último orejón del tarro. Sin perjuicio de contar con el apoyo de organizaciones sociales y con asesores letrados, el grueso de los manifestantes padecen de hiposuficiencia negocial cuando deben enfrentarse a intereses tan poderosos como los de una familia dueña de más del 25 % del territorio de la provincia o los de un gobierno que no atina a garantizar la manda constitucional del acceso a la vivienda digna.

Todo lo que mientras tanto pueda decirse en el medio obedece al plano del mero conflicto. La realidad indica que estamos frente a hechos de extrema gravedad que jaquean al desarrollo humano, esto es, a la posibilidad que un grupo de pobladores de la Provincia de Jujuy sean respetados en sus reclamos de vivienda y que el Gobierno de la Provincia tiene la obligación suprema de intervenir de manera responsable para evitar los desbordes de su fuerza policial así como también controlar los incumplimientos que puedan provenir por parte de un poder empresario muy fuerte que siempre inclina la balanza del lado de sus privilegios, un poder empresario que se jacta de escribir y ensalzar su propia versión de la historia y para justificar de algún modo que no está dispuesto a permitir lo que considera la usurpación de sus tierras, lo sostiene y defiende con estas palabras que desnudan el fuerte vínculo entre el pasado y el presente: "Los indios sometidos por Roca no solamente fueron usurpadores. Sino también genocidas, a pesar de lo cual el tratamiento que se dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy generoso" (Carlos Pedro Blaquier, Manual de Historia Argentina).

Bajo este argumento, no es de extrañar que la empresa Ledesma le dé a quienes reclaman por sus tierras el mismo trato que su dueño les prodiga a los indios de otrora, los originarios de estos territorios donde hoy se siguen dirimiendo mediante violencia y sangre los justos reclamos de la tierra.

Señor Presidente, se impone con urgencia la investigación de lo sucedido en la ciudad de Libertador General San Martín para lo cual se exige el inmediato y eficaz esclarecimiento y consecuente castigo de sus responsables.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de declaración, con su tratamiento y aprobación.