![](/export/system/modules/ar.gob.hcdn.base/resources/img/home.jpg)
PROYECTO DE TP
Expediente 3880-D-2011
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION POLICIAL OCURRIDA EL DIA 28 DE JULIO DE 2011, DURANTE EL DESALOJO DE FAMILIAS QUE OCUPABAN TERRENOS PERTENECIENTES AL "INGENIO LEDESMA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, PROVINCIA DE JUJUY.
Fecha: 02/08/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 102
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más enérgico repudio
a la represión policial desatada en la ciudad de Libertador General San
Martín, Provincia de Jujuy, motivada en un desalojo ordenado contra
centenares de pobladores asentados en tierras de Carlos Pedro Blaquier,
propietario del Ingenio Ledesma que terminó con la muerte de cuatro
personas dejando un saldo de sesenta heridos, para lo cual se exige el
inmediato y eficaz esclarecimiento así como el castigo a sus
responsables.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos de violencia,
represión y muerte acaecidos el 27 de julio próximo pasado en la ciudad
de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, en tierras
pertenecientes al Ingenio Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier,
vuelven a colocar la mirada en la problemática de la tierra y a repensar
las falencias que impiden conjugar derechos consagrados en nuestra
Constitución Nacional que en ciertas ocasiones -como las ocurridas en
Jujuy- se reivindican con expectativas que lejos de armonizar los
intereses de las partes en pugna, se terminan desvirtuando y engendran
resultados como el acaecido donde la violencia y la muerte se imponen
acaso burlándose de la opacidad del hombre, de su incapacidad para
generar espacios de convivencia donde los derechos de unos y otros
gocen de la debida protección, pero a la vez, invitando al pensamiento
crítico a reflexionar sobre las privaciones de los más desprotegidos que
siempre terminan siendo los principales perjudicados.
Señor Presidente, la voz
del Congreso debe levantarse en forma unánime para condenar hechos
tan aberrantes. Es sabido que luego vendrán las lecturas, las opiniones y
la investigación para esclarecer hechos que lastiman y reavivan la
injusticia que hoy en día
representa el derecho de acceso a la tierra, vedado para amplios
sectores que frente al egoísmo de los poderosos y la desidia de los
gobiernos, se traducen en símbolos vivientes de una condición humana
degradada.
En los hechos que
enlutan a Jujuy, se evidencia el incumplimiento del protocolo previsto
para estos casos por parte de quienes tuvieron a su cargo el operativo y
cuando al final, el saldo concluye con violencia, represión y muerte, el
balance arroja que lejos de cumplir con aquel, se improvisa, es decir,
sobre la marcha de los acontecimientos, seguramente con fuerzas
desarticuladas operando en el terreno sin ninguna conducción, el
resultado no puede ser sino el que hoy estamos repudiando.
En su
edición del 31-7-2011, el diario Miradas al Sur destaca lo siguiente "El
uso de armas en desalojos o manifestaciones está prohibido. En la última
reunión del Consejo de Seguridad Interior, la ministra del Seguridad
Nilda Garre presentó ante las provincias la propuesta de utilizar en todo
el país un protocolo para las fuerzas federales. Estipula que la
intervención de las fuerzas policiales será progresiva: primero el dialogo.
Luego, las acciones serán coordinadas por un funcionario político. Y, lo
más importante: que los efectivos que tengan contacto con
manifestantes tendrán prohibido portar armas de fuego y usar pistolas
lanzagases. Las postas de goma sólo se podrán usar para fines
defensivos y el personal policial tendrá que estar identificado de forma
visible. Despues de esa reunión hubo varias reuniones regionales, en las
que varias provincias suscribieron a ese protocolo. Jujuy todavía no lo
hizo."
Lo expuesto es apenas la
referencia formal al modo en que debe actuarse en manifestaciones o
desalojos y es importante que como tal exista un protocolo,
una guía que los
responsables de cada operativo deben seguir. Ahora bien, si a ello se le
suma el desconocimiento de las razones por las cuales Jujuy no ha
firmado el protocolo; que
los hechos ocurren en un sitio cuya geografía parece propicia para que
se desaten las furias contenidas de quienes habitan una tierra sin
destino, una tierra que no les pertenece porque en esa tierra la
desigualdad es tan obscena que mientras una familia posee más de 150
mil hectáreas, las 700 familias reclamantes ocupan solamente 15 y la
situación social que se avizora no parece posible revertirse mientras
continúen las condiciones estructurales de latifundios y monopolios que
desde el fondo de la historia defienden a sangre y fuego sus
intereses.
Señor Presidente, no
menos importante es la responsabilidad que cabe al gobierno provincial
quien debe velar por los derechos de sus habitantes. Si no se logra
mensurar esta responsabilidad e investigar la actuación de sus
autoridades en el conflicto, flaco favor se hará en orden a dilucidar como
ocurrieron los hechos.
En este conflicto el
problema de la falta de vivienda se yergue como el principal derecho que
debe facilitarse y garantizarse a los manifestantes. No debe pasarse por
alto que subestimar el justo reclamo como dar rodeos o abortar
cualquier negociación en ciernes, sólo servirá para caldear los ánimos e
invitar al descontrol.
Por su parte, si fueran
ciertas las manifestaciones de la empresa Ledesma de haber donado
cerca de 200 hectáreas a la provincia para urbanizar y construir
viviendas, que respuestas tiene para dar gobierno provincial al respecto.
Como se desconoce la certeza de estas afirmaciones, no se puede saber
si esas hectáreas están ubicadas en la zona de Libertador General San
Martín y si como
señalan dirigentes de la
Corriente Clasista y Combativa que con 40 hectáreas se resolvería el
problema de vivienda en esa población, no se alcanza a comprender
donde está la verdad.
Los manifestantes
reprimidos son el último orejón del tarro. Sin perjuicio de contar con el
apoyo de organizaciones sociales y con asesores letrados, el grueso de
los manifestantes padecen de hiposuficiencia negocial cuando deben
enfrentarse a intereses tan poderosos como los de una familia dueña de
más del 25 % del territorio de la provincia o los de un gobierno que no
atina a garantizar la manda constitucional del acceso a la vivienda digna.
Todo lo
que mientras tanto pueda decirse en el medio obedece al plano del mero
conflicto. La realidad indica que estamos frente a hechos de extrema
gravedad que jaquean al desarrollo humano, esto es, a la posibilidad
que un grupo de pobladores de la Provincia de Jujuy sean respetados en
sus reclamos de vivienda y que el Gobierno de la Provincia tiene la
obligación suprema de intervenir de manera responsable para evitar los
desbordes de su fuerza policial así como también controlar los
incumplimientos que puedan provenir por parte de un poder empresario
muy fuerte que siempre inclina la balanza del lado de sus privilegios, un
poder empresario que se jacta de escribir y ensalzar su propia versión de
la historia y para justificar de algún modo que no está dispuesto a
permitir lo que considera la usurpación de sus tierras, lo sostiene y
defiende con estas palabras que desnudan el fuerte vínculo entre el
pasado y el presente: "Los indios sometidos por Roca no solamente
fueron usurpadores. Sino también genocidas, a pesar de lo cual el
tratamiento que se dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy
generoso" (Carlos Pedro Blaquier, Manual de Historia Argentina).
Bajo este argumento, no es
de extrañar que la empresa Ledesma le dé a quienes reclaman por sus
tierras el mismo trato que su dueño les prodiga a los indios de otrora, los
originarios de estos territorios donde hoy se siguen dirimiendo mediante
violencia y sangre los justos reclamos de la tierra.
Señor Presidente, se
impone con urgencia la investigación de lo sucedido en la ciudad de
Libertador General San Martín para lo cual se exige el inmediato y eficaz
esclarecimiento y consecuente castigo de sus responsables.
Por todo lo expuesto,
invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me
acompañen en el presente proyecto de declaración, con su tratamiento y
aprobación.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ | BUENOS AIRES | PARTIDO DE LA CONCERTACION - FORJA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
JUSTICIA |