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PROYECTO DE TP
Expediente 3876-D-2014
Sumario: CONTRATO DE TRABAJO, LEY 20744: MODIFICACION DEL ARTICULO 245, SOBRE INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS SIN JUSTA CAUSA.
Fecha: 22/05/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 50
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º) Modificase el artículo 245 de la
ley 20744, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"En los casos de despido dispuesto por el
empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al
trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio
o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual,
normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de
servicios si éste fuera menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente
de cinco (5) veces el importe mensual del promedio de todas las remuneraciones previstas
en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la
jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con
las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo.
Para aquellas categorías de trabajadores
excluidas del Convenio Colectivo de Trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será
el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más
favorable, en el caso de que hubiera más de uno. Se aplicará la limitación a la base
salarial prevista hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual
computable.
Para aquellos trabajadores remunerados a
comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que
pertenezcan o aquel que se apliquen la empresa o establecimiento donde preste servicio,
si éste fuere más favorable. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser
inferior a dos (2) meses de sueldo sobre la base del sistema establecido en el primer
párrafo."
Artículo 2) de forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tien como
objetivo establecer justas modificaciones al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo,
el cual establece las indemnizaciones por antigüedad o despido, en caso de despido
dispuesto por el empleador sin causa o sin causa justificada (despido directo) o de
situación de despido en que se coloque el trabajador con justa causa (despido indirecto).
El mencionado artículo vigente establece la
base a tener en cuenta para determinar el monto de la indemnización, determinando un
tope salarial que no puede exceder tres veces el salario mensual promedio de las
remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable a la actividad de la empresa.
Este tema ha generado polémica e inseguridad jurídica, ya que la solución propuesta no
se compadece con la equidad acorde con la previsión del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, que determina la protección contra el despido arbitrario.
La aplicación del artículo 245, origina graves
injusticias, perjudicando a los trabajadores con salarios mayores al promedio, que
terminan recibiendo, en la mayoría de los casos, una indemnización similar a la de un
trabajador que cobra un salario sensiblemente menor.
Las indemnizaciones que perciben estos
asalariados, por aplicación de los topes, no reflejan la dificultad que tendrán para
reinsertarse en el mercado laboral.
En base a estas consideraciones es que
propongo elevar de tres (3) a cinco (5) veces el importe mensual del promedio de todas
las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al
momento del despido.
También se propone agregar que se aplicará
la limitación a la base salarial prevista hasta el 33% de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual computable.
Esta intención está sustentada
fundamentalmente en la inconstitucionalidad de la aplicación de topes indemnizatorios,
cuando esta no guarda relación con la real remuneración devengada por el trabajador,
produciéndose una violación a la garantía constitucional contra el despido arbitrario.
Criterio éste sustentado en la fallo "Vizzoti"
(14/9/2004) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parte de cuyos fundamentos
transcribo textualmente:
"Corresponde poner de relieve dos de los
caracteres de este instituto, que se infieren de los términos en que fue enunciado por el
legislador. Primeramente, ha sido concebido como una indemnización, al igual que lo
ocurrido en oportunidad de su aparición en el ordenamiento jurídico, en 1934 (Código de
Comercio, art. 157.3, según ley 11.729). En segundo lugar, se encuentra regulado, mante-
niendo análoga tradición, con arreglo a un doble orden de pautas fundamentales. Por un
lado, el importe de la indemnización es tarifado. Empero, por el otro, esta suerte de
rigidez es relativa, dado que la determinación de dicho importe tiende, explícitamente, a
adecuarse a la realidad a la que pretende dar respuesta, mediante el cómputo de dos
circunstancias propias del contrato disuelto: antigüedad y salario del trabajador despedido.
Es innecesario, por lo menos a los fines del caso, ahondar en otras consideraciones sobre
la naturaleza jurídica de la prestación en juego, punto que, como es sabido, ha despertado
tanto la reflexión como el desencuentro entre los estudiosos. Sí importa subrayar que, por
intermedio de la referencia a la realidad mencionada precedentemente, el legislador ha
buscado, como era preciso, la protección contra el despido arbitrario en concreto, vale
decir, con apego a las circunstancias de cada caso, tenidas por relevantes.
5°) Que lo antedicho no oculta que el citado
art. 245 también ha establecido límites a uno de los datos del recordado binomio fáctico
del contrato disuelto. Es el supuesto de la base remuneratoria que, de acuerdo con la
mencionada norma, no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de
la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio
colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, o en el convenio
colectivo más favorable, en el supuesto de empleados no amparados convencionalmente.
Con ello, la Ley de Contrato de Trabajo, aunque bajo otro parámetro, reitera la impronta
establecida en 1934, pero que no siempre rigió el diseño del régimen indemnizatorio, tal
como lo atestigua la ley 23.697 (art. 48).
En tales condiciones, es posible que la
fijación de un importe máximo a la mentada base pueda producir tensiones con los
propósitos de alcanzar la reparación en concreto antes indicada. La evaluación legal del
daño, que en un primer momento busca, naturalmente, anclar en la realidad por vía del
cómputo de la "mejor remuneración mensual normal y habitual" del trabajador despedido,
comienza a alejarse de dicha realidad, a desentenderse de ésta, por el obrar de un tope. Y
ello, en medida directamente proporcional al quántum en que dicha remuneración supere
el promedio citado.
6°) Que, por cierto, no hay dudas en cuanto
a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa
causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de
determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de
aquéllas. Con todo, si el propósito del instituto es reparar, tampoco hay dudas con
respecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable
vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como
significativos para calcular la prestación.
En efecto, no podría considerarse que la ley
lograse su declarada finalidad reparadora si terminara desconociendo la concreta realidad
a la que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación de uno de los elementos
de cálculo que, precisa e inequívocamente constituye uno de los dos indicadores de esa
realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido y no por otro u otros.
7°) Que, en tal sentido, es aplicable al
presente caso la doctrina de la Corte según la cual "el resarcimiento del empleado debe
ser equitativo, y ello importa afirmar que la reglamentación legal del derecho a la llamada
estabilidad impropia, constitucionalmente reconocido, debe ser razonable, lo que a su vez
quiere decir, adecuada a los fines que contempla y no descalificable por razón de ini-
quidad" ("Carrizo c. Administración General de Puertos", Fallos: 304:972, 978,
considerando 5° y su cita). Más aún. Este precedente concierne a un supuesto en el que el
Tribunal confirmó la declaración de inconstitucionalidad de una norma (art. 4 de la ley
21.274), en la medida en que las pautas fijadas para calcular el crédito conducían a "una
insuficiencia de la indemnización" por despido (ídem, considerando 6°).
Más todavía. La necesidad del nexo entre la
indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato
laboral, dispuesta por el empleador sin justa causa, también fue puesta de manifiesto en
"Carrizo" al puntualizarse que la reparación tiene contenido alimentario y se devenga,
generalmente, en situaciones de emergencia para el empleado (ídem, considerando 5° y
su cita, entre otros). Por lo tanto, aplicadas estas comprobaciones al presente caso, sólo
ilusoriamente podrían tenerse por atendidos dichos contenido y situación si los
condicionamientos legales llevaran prácticamente a desdibujar la entidad de uno de los
factores que los componen como es el importe del salario que el trabajador venía
percibiendo para la época del distracto.
Corresponde, incluso, citar el caso "Jáuregui
c. Unión Obreros y Empleados del Plástico". En esa oportunidad, esta Corte, al entender
que la finalidad del art. 245 es ponderar la base salarial de cálculo de la indemnización
"sobre pautas reales", juzgó que violentaba los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución
Nacional el hecho de que aquella norma fuese interpretada en el sentido de admitir que el
salario a tomar en cuenta se apartase de dichas pautas al ignorar el deterioro del poder
adquisitivo de este último, acaecido durante el lapso que medió entre la finalización de un
ciclo de trabajo (de temporada) y el momento del despido (Fallos: 306:940, 944,
considerando 4° y sgtes.). Se advierte que la aplicación en la especie de la ratio decidendi
de "Jáuregui", apareja que determinadas diferencias entre la remuneración establecida en
el primer párrafo del art. 245, y el máximo previsto en su segundo párrafo, también
podrían tornar irreales las pautas indemnizatorias en juego y, por tanto, censurables con
base en la Constitución Nacional.
8°) Que, por cierto, dadas las características
del régimen en debate, no todo apartamiento por parte de éste de los aspectos de la
realidad a los que remite, justificaría el reproche constitucional. Si es válido como
principio, de acuerdo con lo ya expresado, que la indemnización por despido sin justa
causa pueda ser regulada por la ley con carácter tarifado, i.e., sin admitir prueba de los
daños en más o en menos, también lo será, con análogos alcances, que aquélla someta la
evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos.
Para resolver la contienda, es cuestión,
entonces, de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de apreciación del
legislador -y los equilibrios, balances y objetivos que motivaron a éste-, señale los límites
que impone a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias de su art. 14 bis:
"el trabajo [...] gozará de la protección de las leyes", y éstas "asegurarán al trabajador
[...] protección contra el despido arbitrario". Máxime cuando su art. 28 enuncia el principio
de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que "los principios, garantías y
derechos" reconocidos constitucionalmente, "no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio".
La intervención de esta Corte en los términos
precedentemente expuestos no entraña injerencia alguna en el ámbito del Poder
Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. Se
trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las
normas y actos de los gobernantes que le impone la Constitución Nacional. Es bien sabido
que esta última asume el carácter de una norma jurídica y que, en cuanto reconoce
derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando,
como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano.
Asimismo, los derechos constitucionales
tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución.
De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por
tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser
llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio
conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de
este último.
Todo ello explica que la determinación de
dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del
intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el
llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la
plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son
susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28
cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los
enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar "el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos" (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23).
El mandato que expresa el tantas veces
citado art. 14 bis se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento "atañe
asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus
respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima" a dicho
precepto (Fallos 301:319, 324/325, considerando 5°).
9°) Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo,
impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la
relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares,
tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado
por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el
primero es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 14 bis
anteriormente transcriptos, así como de los restantes derechos del trabajador contenidos
en esta cláusula.
Más aún. Al doble orden de exigencias
mencionadas en el segundo párrafo del precedente considerando, corresponde añadir un
tercero, puesto que, cuando el art. 14 bis dispone que las leyes "asegurarán: condiciones
[...] equitativas de labor" (itálica agregada), enuncia un mandato que traspasa este último
marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes
contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son
susceptibles de integrar el concepto de condiciones de labor. Entre ellos se incluye, sin
esfuerzos, la protección contra el despido arbitrario. Y "equitativo", en este contexto
significa justo en el caso concreto.
No es casual, en consecuencia, que el
Tribunal haya hecho mérito de la "justicia de la organización del trabajo", al sostener la
validez de normas que ponían en cabeza de los empleadores determinadas prestaciones
en favor de los empleados (vgr. Fallos: 251:21, 34, considerando 3°). Que también haya
juzgado, con expresa referencia a las indemnizaciones por despido, que "la regulación de
las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de justicia, constituye un deber
para el Estado" (Fallos: 252:158, 163, considerando 10). Se trata, asimismo, de la
observancia de un principio, el antedicho, que "también incumbe a la empresa
contemporánea" (Fallos: 254:152, 155, considerando 3°).
Esta preferencia, por lo demás, es la
respuesta constitucional dada en 1957 a diversas situaciones y comprobaciones fácticas,
entre otras, la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo,
pero que habían arraigado en la jurisprudencia de esta Corte anterior a la vigencia del art.
14 bis (vgr. Fallos: 181:209, 213/214).
Se explica, así, que ya para 1938, el Tribunal
haya considerado que el legislador argentino, al disponer que "el patrón no puede
despedir a su dependiente sin justa causa -cualesquiera sean los términos del contrato de
trabajo- sin indemnizarlo prudencialmente", no hacía más que seguir el "ritmo universal de
la justicia" (Fallos: 181:209, 213).
A su turno, la incorporación del art. 14 bis a
la Constitución Nacional tradujo ese ritmo en deberes "inexcusables" del Congreso a fin de
"asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, de
manera conspicua, el de tener 'protección contra el despido arbitrario'" (Fallos: 252:158,
161, considerando 3°). Su "excepcional significación, dentro de las relaciones económico
sociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias
sobre las que versó el art. 14 bis "se les destinara la parte más relevante de una reforma
constitucional" (ídem, pág. 163, considerando 7° y sus citas).
10) Que sostener que el trabajador es sujeto
de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis,
sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma
constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de
ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los
instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(art. 32).
Al respecto, exhibe singular relevancia el art.
6 del citado pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(art. 23.1), enuncia el "derecho a trabajar" (art. 6.1), comprensivo del derecho del
trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase
de éste. Así surge, por otro lado, de los trabajos preparatorios de este tratado (v. Craven,
Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford,
Clarendom, 1998, págs. 197 y 223). Derecho al trabajo que, además de estar también
contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado "inalienable de todo ser humano" en palabras
expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (art. 11.1.a).
11) Que, en suma, establecer una pauta en el
caso en examen, teniendo en cuenta los principios que han venido siendo enunciados, es
cuestión que sólo puede estar regida por la prudencia, y los imperativos de justicia y
equidad, antes aludidos.
En consecuencia, a juicio de esta Corte, no
resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del
citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, "la mejor remuneración
mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor", pueda verse reducida en más de un 33%, por
imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no
podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del
promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo
aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a
que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje
(Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros).
Permitir que el importe del salario devengado
regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de
determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto
jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14
bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán
al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor.
Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional.
La Corte no desconoce, desde luego, que los
efectos que produzca la doctrina del presente fallo podrían ser considerados, desde ciertas
posiciones o escuelas, como inadecuados a los lineamientos que serían necesarios para el
mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado económico en
general.
Esta hipotética censura, sin embargo, al
margen de la naturaleza sólo conjetural de las consecuencias que predica, resulta
manifiestamente desechable. Puesto que, seguramente de manera involuntaria, omite
hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya
mentado principio de supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el
que toda ésta descansa según el texto de 1853 1860, robustecido aun más por los
señeros aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (esp. art. 75 inc. 22). Consentir que la
reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo
el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente
humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las "leyes"
de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar
cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga
procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas "leyes"), pura y
simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo
esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de
la Constitución Nacional.
Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro
que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los
cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de
aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y
pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos
humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes
fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.
Es perentorio insistir, ante la prédica
señalada, que el trabajo humano "no constituye una mercancía" (Fallos: 290:116, 118,
considerando 4°).
En este orden conceptual, es oportuno
recordar lo expresado por la Corte, en el precedente "Mata c. Ferretería Francesa", al
rechazar la impugnación constitucional de una ley que había elevado el tope máximo de la
indemnización por antigüedad: "tratándose de cargas razonables [...] rige el principio
según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la
empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo mantenimiento de ningún
modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen
inequitativo de despidos arbitrarios" (Fallos: 252:158, 163/164, considerando 10).
La razonable relación que, según el Tribunal,
debe guardar la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa con la mejor
remuneración mensual normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última,
por resultar la contraprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de
manifiesto, a su vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó
los frutos o beneficios que éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario,
para el empleador, justipreció el esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolladas por
el dependiente, y se adecuó a las posibilidades económicas y al rendimiento que estimó al
contratarlo o promoverlo.
12) Que, esta Corte ha establecido que las
leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o
sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o
cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus
numerosas citas).
En el sub lite se ha configurado esta grave
situación según se sigue de los guarismos y cálculos no controvertidos que ya han sido
expresados (considerando 2°). Entonces, corresponderá aplicar la limitación a la base
salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y
habitual computable. Dicho de otra manera y con arreglo a las aludidas circunstancias de
la causa, la base salarial para el cálculo de la indemnización del actor asciende a $ 7.370"
En este caso el actor era un director médico
con una remuneración mensual de $ 11.000 una un antigüedad de 26 años. El tope
salarial (convenio de sanidad) era de $ 1.043,31, por lo cual la indemnización que le
hubiera correspondido por la aplicación del tope establecido en el artículo 245 era de $
27.048, sin el tope ascendía a $ 286.000. La corte tomo como base para calcular el
quantum indemnizatorio el 67% de la remuneración real; estos porcentajes no responden
a una estimación arbitraria, sino que se fundamentan sobre la base de la reconocida
doctrina del más Alto Tribunal, en cuestiones relativas a la confiscatoriedad que se
produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje.
Tal cual lo expresa el Dr. Julio Armando
Grisolía (Derecho del trabajo y de la Seguridad Social Tomo II) "La decisión de la Corte no
desconoce la existencia de un tope sino que implica que no se aplique cuando el cálculo
de la remuneración resulte confiscatorio, es decir, cuando la rebaja supere el 33% de la
mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador.
Dispuso que la aplicación del tope no puede
reducir en más de un 33% el monto de la remuneración que le hubiera correspondido de
no existir limitaciones. Es decir, si bien acepta la vigencia del tope, lo admite si el monto
es de por lo menos el 67% de la suma sin tope"
Posterior a este fallo, que cambio el criterio
jurisprudencial, se sucedieron numerosos fallos en este mismo sentido.
Cabe destacar como antecedente a este
proyecto el presentado por el diputado nacional (mandato cumplido), Marcelo Llanos.
Acompañando la intención de introducir las modificaciones propuestas, ya que por las
reformas introducidas por la ley 25.877 se hace referencias a trabajadores excluidos del
convenio colectivo cuando en el texto anterior se consignaban trabajadores no amparados
por convenios colectivos. Es cuestionable la actual redacción, porque el convenio colectivo
puede excluir categorías y no trabajadores individualmente considerados.
Finalmente, en el último párrafo propongo
elevar de un (1) a dos (2) meses la indemnización mínima , ya en texto anterior a la
reforma introducida por el artículo 5 de la ley 25877, la indemnización equivalía a 2 meses
de la mejor remuneración mensual, normal y habitual; la reforma introducida por ley
25877 es claramente menos beneficiosa para el trabajador ya que el piso indemnizatorio
se reduce a la mitad del artículo 245 en su redacción anterior, esto implica una
disminución a la protección de los trabajadores y alienta al despido del personal con
menor antigüedad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
CACERES, EDUARDO AUGUSTO | SAN JUAN | UNION PRO |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
LEGISLACION DEL TRABAJO (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
10/09/2014 | DICTAMEN | Aprobados con modificaciones unificados Dictamen de Mayoría y Dictamen de Minoría |
Dictamen
Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
---|---|---|---|
Diputados | Orden del Dia 0774/2014 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 0723-D-2013 y 3876-D-2014 | CON MODIFICACIONES | 17/09/2014 |