La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio por la feroz represión ejercida el día 28 de julio de 2011 por parte de la Policía de la Provincia de Jujuy, sobre quinientas familias que se encontraban ocupando un terreno de la empresa Ingenio Ledesma S.A, en cercanías de Libertador General San Martín; acción represiva que produjo la muerte de los ocupantes del predio Ariel Farfan, Juan Velázquez, Félix Reyes, y el policía Alejandro Farfan.

Señor presidente:

El día 28 de julio del corriente, más de 500 familias que ocupaban terrenos de la empresa Ingenio Ledesma en Jujuy, resultaron ferozmente reprimidas por la policía provincial, a partir de una orden impartida por el Ministro de Gobierno Pablo La Villa. La represión se desató a la madrugada, a partir de las 6:30 aproximadamente, cuando unos trescientos cincuenta efectivos policiales se lanzaron contra las carpas montadas por trabajadores desocupados y miembros de los pueblos originarios de la zona.

El asentamiento de las familias se había producido en un predio de quince hectáreas de Ingenio Ledesma S.A, a partir de la movilización de buena parte de los ciudadanos de Libertador General San Martín en reclamo por la falta de vivienda, tierra y trabajo en la zona.

Hasta el día viernes 29 de julio, la acción represiva que incluyó gases y balas de plomo arrojaba un saldo de cuatro personas muertas y decenas de heridos, algunos en grave estado. Entre las personas fallecidas, se encontraban los ocupantes del predio Ariel Farfan (17), Juan Velázquez (37), Félix Reyes (21) , y el policía Alejandro Farfan (22).

Registrándose, paralelamente, un gran número de heridos de bala, lo cual habla a las claras de la ferocidad de la acción desplegada en el intento de desalojo del predio.

Debemos señalar que los terrenos ocupados pertenecen a la misma empresa (propiedad de la familia de Blaquier), que hace treinta y cinco facilitó vehículos y personal para el denominado "apagón" de Libertador General San Martín. Operativo emblemático de la represión ilegal en nuestro país, mediante el cual fueron secuestradas cuatrocientas personas, para ser interrogadas por presuntas actividades guerrilleras. Algunas de las víctimas del "apagón" de julio de 1976 fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas durante meses por diferentes cárceles y centros clandestinos, mientras treinta de ellas continúan aún desaparecidas.

Respecto de la decisión de ocupar el predio por parte de los pobladores de la zona, Kike Mosquera, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aclaró que la acción:

"No se realizó de forma caprichosa ya que hubo un compromiso de que estas tierras, nos las iban a entregar hace cinco años atrás. Ese compromiso, lamentablemente, Ledesma lo firmó con la mano y lo borró con el codo. Además de eso hay que decir que las comunidades originarias, si vamos a la esencia de lo que son estas tierras, les pertenecen. De todos estos compañeros que están acá, aunque no se reconozcan una parte, son descendientes de pueblos originarios, pero hay una parte que si se reconoce, que son parte de organizaciones, y que están tomando tierras. Por lo tanto, está en discusión la propiedad de estas tierras".

Lamentablemente, la represión en Ingenio Ledesma con su saldo de muertes no puede considerarse como un hecho aislado en términos de despliegue represivo para sofocar reclamos sociales. Por el contrario, resulta un nuevo intento de disciplinar con sangre la demanda social, a partir de necesidades tan básicas como alimento, vivienda y acceso a la tierra. El hecho se produce a poco más de seis meses de la brutal represión a la comunidad qom de La Primavera, a manos de la policía formoseña; accionar que arrojó como saldo dos muertos y decenas de heridos. Supone la instrumentación de un eje represivo, con llamativa periodicidad, en provincias del norte de nuestro país, caracterizadas por el gran número de personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad, fundamentalmente desocupados y miembros de pueblos originarios. Un eje represivo encarnado en gobernadores como Walter Barrionuevo o Gildo Insfràn, a quienes podríamos definir como los "halcones" del oficialismo kirchnerista, por su visión tan particular sobre los derechos humanos y del modo de responder a las necesidades más básicas de sus comprovincianos. Alineados con un gobierno central, que proclama permanentemente la causa de los derechos humanos, al tiempo que los ampara en su praxis política, lisa y llanamente policial, a la hora de atender voces discordantes, de reclamo o de demanda social. Estamos convencidos que de persistir esta lógica represiva, frente a la cual el gobierno nacional se ha mostrado tolerante, solo cabe esperar más muertes y crímenes impunes.

Por todo lo precedente, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.