La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

"Expresar enérgico repudio y honda preocupación ante la brutal represión que sufrieron el día jueves 28 de julio del presente año las familias de la localidad de General San Martín, Jujuy, que ocupaban pacíficamente un lote de tierras en reclamo de su derecho al hábitat y a viviendas dignas, y que dejó hasta el momento un saldo de tres muertos y más de treinta heridos".

Señor presidente:

A través del presente proyecto queremos expresar nuestro más enérgico repudio y manifestar honda preocupación de esta Honorable Cámara de Diputados ante la brutal represión que sufrieron el día jueves 28 de julio familias de la localidad de General San Martín, Jujuy, que ocupaban pacíficamente un lote de tierras en reclamo de su derecho al hábitat y a viviendas dignas, y que dejó hasta el momento un saldo de tres muertos y más de treinta heridos. Cabe señalar que las familias están asentadas en terrenos de la Empresa Ledesma, ligada históricamente al genocidio.

Como es de público conocimiento en la mañana del día jueves se produjeran violentos enfrentamientos entre la Policía de la provincia y los ocupantes de un predio de Libertador General San Martín. .

Mientras se encontraba una negociación en curso entre la CCC (Corriente Clasista y Combativa), el intendente Jorge Ale y el Concejo Deliberante de esa localidad jujeña para buscar una solución a la necesidad de viviendas de los ocupantes, se desató la indiscriminada y violenta represión policial.

Según lo informado por diferentes medios de comunicación, todo comenzó a las 6.30 de la mañana cuando una avanzada de la policía provincial intentó desalojar un predio de 15 hectáreas que pertenece a la empresa Ledesma, que allí produce papel y azúcar. Los ocupantes reclamaban tierras y viviendas a la compañía. En Ledesma, se vive una verdadera crisis habitacional con familias enteras que viven en casas muy precarias y con un altísimo grado de hacinamiento.

El desalojo se realizó por orden de un juez que intervino ante una denuncia de la empresa .La tensión sigue siendo muy grande porque hay versiones que aseguran que se enviaría a la Gendarmería para intentar un segundo desalojo.

Este gravísimo hecho se produce justamente una semana después de cumplirse el 35 aniversario del "Apagón de Ledesma". El 20 de julio pasado, más de un millar de militantes de organizaciones de derechos humanos marcharon desde la localidad de Calilegua hasta Libertador General San Martín, en Jujuy, para recordar la denominada "Noche del Apagón", que ocurrió entre el 20 y 27 de julio de 1976, cuando fuerzas conjuntas del Ejército, Gendarmería y la policía cortaron el alumbrado público, ingresaron a viviendas "marcadas" y secuestraron a aproximadamente 400 personas, de las cuales unas 30 están desaparecidas. En vehículos de la empresa Ledesma fueron trasladados trabajadores, estudiantes y profesionales a los galpones de mantenimiento

del ingenio azucarero, donde permanecieron días y meses atados y encapuchados. Tras las torturas e interrogatorios, algunos fueron liberados, otros enviados a comisarías o cuarteles militares, otros aparecieron en cárceles de distintas provincias. Treinta compañeros permanecen desaparecidos. El médico Luis Arédez era el Intendente de Ledesma y marido de Olga Marquez de Arédez y fue uno de los secuestrados-desaparecidos. Desde entonces Olga, junto a sus cuatro hijos, llevó adelante una lucha incansable en la ciudad de Libertador General San Martín, acompañada por las Madres de Plaza de Mayo y de muchos habitantes de ese pueblo que no podían olvidar a quien fuera intendente y defensor de los derechos populares. Olga Arédez murió el 17 de marzo de 2005, víctima de bagazozis, enfermedad que produce el Ingenio Ledesma, con la materia prima para hacer papel que sale de la caña quemada -al que le agregan bacterias para su mejor putrefacción, al aire libre, en medio del pueblo. Sus cenizas fueron depositadas en la Plaza Central de Libertador General San Martín, lugar de su incansable lucha por los desaparecidos

.Este nuevo episodio demuestra, una vez más, la complicidad de esta empresa con la decisión del Gobierno provincial de resolver los problemas del pueblo a los palos y los balazos en vez de buscar soluciones concretas a las justas demandas de los sectores sociales excluídos del "modelo".

Desde esta Honorable Cámara repudiamos públicamente este grave suceso y exigimos juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales de la represión, responsabilizamos de esta maniobra al Gobierno provincial y reclamamos del Gobierno nacional una amplia y efectiva investigación de lo sucedido y que se abstenga de mandar fuerzas de Gendarmería a la zona para reforzar el aparato represivo contra familias indefensas y trabajadores.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración