La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, o el organismo que corresponda, se sirva informar sobre diversas cuestiones referidas al control del espacio aéreo en la zona del noreste argentino, a saber:

1) Cuáles son las razones que justifican el repliegue del radar militar móvil TPS 43 que monitorea la triple frontera con Paraguay y Brasil, ubicado en Posadas, provincia de Misiones, que fuera autorizado el día 7 de agosto pasado.

2) En caso de que se pretenda destinar el radar a un ejercicio militar, tenga a bien informar:

a) En qué consiste dicho ejercicio, cuál es su emplazamiento y duración.

b) Si está previsto restituir el radar a su localización en Posadas, una vez finalizada la operación y en qué término.

c) Qué recaudos se tomaron para sustituirlo y evitar la existencia de una "zona liberada" para el contrabando y narcotráfico en la triple frontera. Si se dispone de algún otro equipo o medio alternativo para la detección de vuelos clandestinos.

3) En caso de que la medida obedezca a un recorte presupuestario, cómo se garantizará la continuidad del control en la zona.

4) Si se trata de una medida unilateral del Ministerio de Defensa o, por el contrario, se consultó al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sobre la incidencia que pudiera tener el desplazamiento del radar, de conformidad con la resolución ministerial conjunta 1517/2008 y 3806/2008, que establece que las Fuerzas Armadas deberán actuar coordinadamente con la autoridad competente del sistema de seguridad interior en materia de vigilancia y control de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs), aceitando la comunicación a efectos de transmitirle la información al instante y en estado neutro.

5) Si puede confirmar la veracidad de la información acerca de que se instalaría en la zona un radar fijo que estaría construyendo la empresa estatal INVAP S.E. para la Fuerza Aérea. En tal caso, cuánto tiempo demoraría la terminación, colocación y puesta en funcionamiento del mismo.

6) Qué otras medidas se han adoptado para fortalecer el control y vigilancia en la zona del noreste argentino.

7) En qué instancia se encuentra el proceso de licitación para proveer al Estado argentino de cuatro radares 3D (tridimensionales móviles de largo alcance) y cuándo podrá el Estado adquirir los mismos, de acuerdo al plazo estipulado para las empresas que resulten adjudicatarias.

8) Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

Motiva el presente pedido de informes la preocupación surgida a raíz de la decisión del Ministerio de Defensa de la Nación de replegar el radar móvil instalado en Posadas, provincia de Misiones, cuya función es controlar el espacio aéreo en la triple frontera compartida con Brasil y Paraguay.

Pese a su antigüedad y aunque con corto alcance (un radio de influencia de 300 kilómetros), el TPS 43 permitía rastrear vuelos ilegales, principalmente provenientes y dirigidos a Paraguay.

Según informan los medios de comunicación, el motivo alegado por el Ministerio de Defensa sería la afectación temporaria del radar a un ejercicio militar a desarrollarse en Reconquista, provincia de Santa Fe. Sin embargo, algunas fuentes periodísticas dejaron trascender que la medida obedecería a una reducción presupuestaria en el área de Defensa.

De una forma u otra la cuestión reviste suma trascendencia, dado que la zona del noreste queda aún más descubierta y libre para los vuelos clandestinos. El radar emplazado en Resistencia tiene un alcance de 380 kilómetros y es insuficiente para brindar cobertura al territorio misionero.

Es dable aclarar que mientras Brasil refuerza el cuidado de sus áreas fronterizas con tecnología de lo más sofisticada, las provincias del nordeste argentino no sólo esperan que el gobierno nacional provea de nuevos radares para controlar los vuelos que ingresan a la región transportando contrabando y drogas, sino que se ven afectadas por decisiones de esta índole que no hacen más que incrementar la vulnerabilidad y permeabilidad de una zona en la que las operaciones aéreas furtivas son moneda corriente.

La propia Fuerza Aérea, ratificando los datos que brindan la Sedronar y la Asociación Antidrogas, admite que cada mes ingresan en el país, y sólo por la frontera del Noreste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) más de 100 aviones relacionados al narcotráfico o al contrabando de productos ilegales. Existirían, además, alrededor de 1500 pistas clandestinas. La ausencia de radares de tres dimensiones contribuye a la desprotección de la zona.

Cabe recordar que en abril de este año el Ministerio de Defensa anunciaba la puesta en funcionamiento de un método de detección de vuelos ilegales y de transmisión de la información en tiempo real desde las Fuerzas Armadas, a través de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), a la Secretaría de Seguridad Interior dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a fin de aceitar la comunicación entre los organismos y así fortalecer el control del espacio aéreo nacional.

Con ello, se ponía en práctica la Resolución Conjunta de los Ministerios de Defensa, y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nos. 1517/2008 y 3806/2008 del 16 de diciembre de 2008, que establece que "la información relativa a Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) recibida por mecanismos técnicos de vigilancia y control de las Fuerzas Armadas en el ejercicio regular de sus funciones de vigilancia y control deberá canalizarse hacia el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, con noticia simultánea al ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, conforme el Instructivo Conjunto que al efecto se elabore".

En aquel momento, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, aseguró que se estaban "cancelando décadas de aislamiento y ausencia de responsabilidad entre organismos del Estado, para reemplazarlas por una coordinación activa y responsable" ("Aviones rigurosamente vigilados", diario Página 12, edición del 20 de abril de 2009). El comunicado indicaba que bajo el nuevo sistema, los radares fijos y móviles que las Fuerzas Armadas tienen instalados en el norte y noreste generan información sobre la detección de vuelos ilegales que es acopiada por el grupo especial que responde a la Fuerza Aérea, con sede en la localidad bonaerense de Merlo. De esta forma, afirmaba, se garantizarían todas las condiciones necesarias para la transmisión de información relativa a los Tránsitos Aéreos Irregulares (TAIs) que se produjeran en el noroeste y noreste del espacio aéreo argentino.

Simultáneamente, también desde el Ministerio de Defensa se informaba que el proceso de licitación para proveer al Estado argentino de cuatro radares militares 3D (tridimensionales móviles de largo alcance) se encontraba en la etapa de apertura de los sobres con las ofertas técnicas de las empresas oferentes. Desconocemos en qué instancia se encuentra el proceso y cuánto demorará la adquisición de los mismos, que permitiría optimizar el seguimiento y control del espacio aéreo nacional.

Nos resulta difícil de entender cómo se enmarca la decisión de retirar un dispositivo que contribuía a la detección, identificación, interceptación del Transito Aéreo Ilegal (TAI) y a la confección de estadísticas de comportamiento de vuelos presuntamente ilegales, en una política de aparente profundización del control del aero-espacio.

Por otra parte, hay versiones periodísticas acerca de que la empresa estatal INVAP S.E. actualmente estaría construyendo un radar fijo para la Fuerza Aérea que se instalaría en Posadas. Deseamos conocer con certeza si es así y en qué plazo será concluido e instalado el mismo.

Habida cuenta de la importancia de la temática en cuestión y la necesidad de consolidar el control de las áreas de frontera, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.