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PROYECTO DE TP
Expediente 3869-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS SOCIALES.
Fecha: 13/08/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 93
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que
brinde la información que se solicita en el presente proyecto, referida a las obras
sociales, que se detallan a continuación:
1. Informar que acciones se llevaron a
cabo para revertir los cuestionamientos del informe emitido por la Auditoria
General de la Nación (AGN) revelando que la Superintendencia no controlaba a
las obras sociales, no las fiscalizaba y cuando lo hacía, no obtenía información
confiable, la AGN detectó que el 54% de las obras sociales tenía al momento de la
auditoria una cantidad de afiliados inferior al mínimo permitido fijado en diez mil, y
la mayor parte de las entidades estaban en crisis financiera.
2. Informar y detallar las acciones
llevadas a cabo para que las obras sociales cumplimenten la normativa del
Programa Médico Obligatorio de Emergencia, y la presentación de los contratos
con los prestadores, como así la capacidad financiera suficiente.
3. Detallar cual es la situación actual
referida al Programa de reconversión de obras sociales que según la AGN, al
menos 46 millones de pesos no habían sido justificados por la Superintendencia
de Servicios de Salud (SSS) y tampoco aportó evidencia de haberlos devueltos al
Banco Mundial o restituido al Fondo Solidario de Redistribución.
4. Informar el cumplimiento y avance
del acuerdo con la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para que realizar
una auditoria integral del SSS, para que aporte normas de procedimiento ante
desvíos detectados por la Auditoria General de la Nación (AGN) y la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN).
5. Informar sobre la situación actual de
los casi 400 sumarios de las obras sociales sindicales, sobre un total de 800
abiertos por distintas irregularidades como recibir adelantos y luego no presentar
los recibos correspondientes o compras irregulares de medicamentos. Detallar
cuales obras sociales fueron sumariadas y los importes correspondientes a las
rendiciones de cuentas.
6. Informar sobre la situación actual de
las causas judiciales y las investigaciones de presuntas estafas con falsos
enfermos, a obras sociales y mutuales sindicales que recibían subsidios del
Estado por tratamientos de alta complejidad que nunca se realizaban. tres
supuestos pacientes que no habían sido atendidos, tal como consignaba la obra
social, dado que los subsidios a las obras sociales son anticipos de dinero
otorgados por el Estado a las mutuales sindicales para pagar un tratamiento
médico durante determinado período, y deben ser rendidos ante la APE luego de
concluido el tratamiento.
7. Informar y detallar montos que
fueron derivados a la Administración de Programas Especiales (APE) durante el
año 2008 y el primer semestre de 2009, de los recursos excedentes, luego de
descontado el dinero para mantener operativa la Superintendencia de Servicios de
Salud organismo que tiene por misión financiar las prácticas de alta complejidad o
tratamientos crónicos a cargo de las obras sociales, funcionando como un seguro
solidario para las prestaciones que son de alto costo.
8. Informar sobre el reparto de los
excedentes que se originan en las diferencias entre el presupuesto nacional y la
recaudación, durante el año 2008 y el primer semestre de 2009, y en caso de no
haberse repartido, detallar si los mismos se depositan en la cuenta en el Banco de
la Nación Argentina, y a cuanto ascienden dichos depósitos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que nos ocupa de las obras
sociales, en especial las sindicales, trata de la administración de una parte
importante de los fondos originados en los aportes y contribuciones de
trabajadores y empresas para las obras sociales, un tema por demás conflictivo
tanto en la relación de los sindicatos entre sí, dadas las acusaciones de un reparto
discrecional de recursos.
Todos los asalariados aportan un 3%
de sus ingresos para el sistema de salud, a la vez que los empleadores
contribuyen con un 6% de la masa salarial. Pero esos recursos no se dirigen en su
totalidad a la obra social elegida, sino que una porción, que es del 10 o del 15%
según el sueldo, se dirige al denominado Fondo Solidario de Redistribución (FRS).
Desde allí hay, en primer lugar, un reparto automático para garantizar que cada
obra social reciba un ingreso mínimo mensual por afiliado
Los recursos excedentes, luego de
descontado el dinero para mantener operativa la Superintendencia de Servicios de
Salud, se derivan a la Administración de Programas Especiales (APE), un
organismo que tiene por misión financiar las prácticas de alta complejidad o
tratamientos crónicos a cargo de las obras sociales. De alguna forma, funciona
como un seguro solidario para las prestaciones que son de alto costo.
Para este año, el presupuesto indica
que la APE debería recibir $938 millones pero, según estiman en el sindicalismo,
la recaudación podría rondar los $2.000 millones
Los problemas empiezan ya antes de
que el dinero arribe a esas arcas: la APE está incluida en el presupuesto nacional,
y por tanto, el Gobierno deriva las sumas que están en esa ley de gastos. Pero la
recaudación es bastante superior y los excedentes no se estarían repartiendo.
Según fuentes del sindicalismo, hoy hay unos $3.500 millones depositados en una
cuenta del Banco Nación, a los que los sindicatos no logran acceder.
Tenemos la situación siguiente si se
destraba un decreto que inyectará 250 millones de pesos anuales en las
prestadoras de los gremios, la medida se sumará a otra publicada en el Boletín
Oficial que incrementó en promedio 26% los valores mínimos garantizados
percibidos por las obras sociales. En total, se calcula que el paquete aportará 450
millones de pesos al año a los gremios
En la actualidad, los gremios sufren un
descuento de 15% sobre los aportes de cada afiliado que gana por encima de
1.000 pesos, en un esquema que no se modificó desde 2001 a pesar de la
inflación acumulada. En rigor, el descuento sobre los aportes es de 10% para los
salarios por debajo de 1.000 pesos, pero las subas de los últimos años
desactualizaron ese monto y ubicaron a casi todos los salarios en el rango de 15
por ciento.
También se ajustaron los valores,
congelados en los últimos dos años, de todos los demás rangos de edad y de
ambos sexos derivados a las obras sociales. La medida será retroactiva al 1 de
diciembre y representará para los gremios un ingreso extra de 200 millones de
pesos al año.
El Gobierno les dio a los gremios $156
millones para obras sociales Son aportes de trabajadores y patrones que estaban
trabados en el Banco Nación, y fueron girados desde el Fondo Solidario de
Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE), para que el
organismo pueda a su vez reintegrar a las obras sociales los gastos por altas
complejidades de abril y junio. La resolución se publicó en el Boletín Oficial.
El Gobierno habilitó una remesa para la
Administración de Programas Especiales, la oficina que gerencia una caja gremial,
el Gobierno comunicó que el Banco Nación autorizó la transferencia de
256.088.625 pesos a la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación para
que los asigne a la APE. En abril ya les habían girado a los gremios 156 millones y
185 millones en el primer trimestre. El crecimiento de 100 millones en el envío de
ayer frente al anterior fue una victoria de la presión sindical
Investigan a obras sociales por estafar
con falsos enfermos denuncia por seis millones de pesos, recibía subsidios del
Estado por tratamientos de alta complejidad que nunca se realizaban. tres
supuestos pacientes que no habían sido atendidos, tal como consignaba la obra
social.
Los subsidios a las obras sociales son
anticipos de dinero otorgados por el Estado a las mutuales sindicales para pagar
un tratamiento médico durante determinado período, y deben ser rendidos ante la
APE luego de concluido el tratamiento
Hay causas judiciales iniciadas por
denuncias motivadas por dichos ilícitos.
La ex ministra de Salud, Graciela
Ocaña, avaló el pedido de impulsar casi 400 sumarios contra obras sociales
sindicales que estaban "dormidos" desde hace varios años. Se trata de casi 400
sobre un total de 800 abiertos por distintas irregularidades como recibir adelantos
y luego no presentar los recibos correspondientes o compras irregulares de
medicamentos
Se firmó un acuerdo con la facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, Alberto Barbieri, para que realice una auditoría
integral del organismo (SSS), para que aporte normas de procedimiento ante
desvíos detectados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN).
La pelea política tiene un trasfondo
económico que asciende a 1700 millones de pesos, que es el monto de los fondos
de la Superintendencia de Seguros de Salud. Allí está incluido el dinero de la
denominada Administración de Programas Especiales (APE), fondo destinado a
las obras sociales para prácticas médicas complejas extraordinarias.
El informe de la AGN trata de un
seguimiento de los auditores que reveló que la Superintendencia no controlaba a
las obras sociales. Según la AGN, no las fiscalizaba y cuando lo hacía, no obtenía
información confiable
Entre otras cosas, la AGN detectó que
el 54% de las obras sociales tenía al momento de la auditoria una cantidad de
afiliados inferior al mínimo permitido fijado en diez mil. Y la mayor parte de las
entidades estaban en crisis financiera. "Existen obras sociales que mantienen
situaciones financieras deficitarias crónicas, respecto de las cuales el sistema de
control financiero que aplica el organismo resulta insuficiente. La Superintendencia
de Servicios de Salud (SSS) no propuso ni tomó decisiones de fondo eficaces,
tendientes a revertir la situación".
La AGN detectó situaciones anormales
no controladas por la Superintendencia, como la captación de todos los
asalariados de altos ingresos por parte de las empresas de medicina prepaga,
empresas que casualmente estuvieron siempre fuera de la órbita de control del
Estado.
Sólo el 28 por ciento de las obras
sociales cumplen con el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, y sólo el 26
presenta capacidad financiera suficiente.
El 31,87% de las obras sociales no
cumplen con la presentación del Programa Médico Asistencial y el 70 por ciento
no presenta los contratos con los prestadores. El 82 por ciento no eleva a la
Superintendencia su cartilla de prestadores
Al menos 46 millones de pesos no
habían sido justificados al momento de la auditoria. Se trata de dinero que debía ir
al programa de reconversión de obras sociales y no aportó evidencia de haberlos
devueltos al Banco Mundial o restituido al Fondo Solidario de Redistribución
La desviación de los recursos y la
consecuente baja calidad de la atención médica son uno de los principales
indicadores de subdesarrollo de una sociedad. En la Argentina, esos males se han
agravado y parecen tornarse crónicos con el correr de los años, sin que gobierno
alguno demuestre demasiada vocación por superarlos. Al contrario, no ha habido
en la historia reciente ningún presidente capaz de sustraerse a la extorsión política
de un sindicalismo enriquecido gracias a las irregularidades que se cometen en la
administración de la Salud.
Por las consideraciones expuestas en
estos fundamentos y por la necesidad de conocer cual es la realidad de la situación
de las obras sociales en especial las sindicales, que en forma permanente dan
motivos para sospechar de presuntas manipulaciones de los fondos que reciben, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| BERTOL, PAULA MARIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LA DIPUTADA BERTOL (A SUS ANTECEDENTES) | 28/10/2009 |