La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar honda preocupación por las resoluciones emanadas desde la Procuración General de la Nación a cargo del Dr. Esteban Righi mediante las cuales, desde el año 2007 a la fecha, se designaron fiscales en manifiesto incumplimiento al artículo 11º de la ley 24946, y por los criterios arbitrarios y discrecionales empleados por dicho organismo al momento de designar al Tribunal que será jurado en los concursos para la elaboración de la terna de Fiscales.

Señor presidente:

Desde el año 2007 en el Ministerio Publico Fiscal de la Nación comenzó un proceso de designaciones de fiscales que concentraron magistrados adictos al sistema político gobernante y retacea independencia a aquellos fiscales titulares que se oponen al Gobierno Nacional, especialmente en materia de delitos de corrupción. Tal vez los casos más palpables de esta situación sean la resolución que motivó la renuncia de Manuel Garrido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, como así también aquellas resoluciones en las que se designaron fiscales suplentes ante los Tribunales Orales Federal de San Juan, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, mientras en dichas ciudades hay fiscales que de acuerdo al orden de preeminencia establecido por el artículo 11º de la Ley 24.946 les corresponde subrogar el cargo, en tanto cuentan con acuerdo del Senado de la Nación.

En este sentido, a raíz de las demoras que significa el trámite burocrático de designación y teniendo en cuenta que no siempre es posible contar con la aprobación de los candidatos en el Senado de la Nación, se han demorado concursos y directamente se designaron y trasladaron abogados afines al gobierno que trabajaban en el ámbito del MPF. A ellos se los incluyo -e incluye- en la lista de fiscales ad-hoc para después designarlos como fiscales suplentes, ocupando los cargos vacantes o reemplazando fiscales que no contaban con la simpatía del Gobierno Nacional. En resumen, se designaron fiscales sin necesidad de pasar por el acuerdo del Senado de la Nación, lo que implicó un cercenamiento de facultades de aquellos fiscales titulares que sí tienen acuerdo del Senado.

Podemos afirmar que estas designaciones son nulas y de nulidad absoluta, y ponen en riesgo la participación de los fiscales federales en todas las causas penales.

En efecto, el Art. 11º de la ley 24.946 exige que la subrogancia debe darse entre los propios fiscales. Si los magistrados se excusan conforme el trámite previsto por la ley procesal penal, recién será el caso de su reemplazo por un abogado de la lista de fiscales ad-hoc elaborada por el Fiscal General. Nada de esto ocurrió en todos los casos mencionados.

Asimismo manifestamos nuestra preocupación por los criterios utilizados en la designación del tribunal de jurados que sustancian los concursos públicos para la selección de fiscales (Art.6º de la ley 24.946).

Claramente existen criterios arbitrarios y discrecionales en la elección del Tribunal, en tanto determinados fiscales generales que han sido convocados por el Procurador General para ser jurados en más de treinta concursos, mientras otros fiscales que cuentan con igual o mayor idoneidad y experiencia solo participan en un concurso o en ninguno, aún cuando pertenecen al mismo fuero y jurisdicción.

Consideramos que si bien el artículo 6º de la Ley 24.946 no establece un procedimiento específico para la elección de estos jurados, existe actualmente un importante número de fiscales en condiciones de sustanciar concursos y elaborar la terna, lo cual amerita que en determinadas jurisdicciones estas designaciones podrían efectuarse por sorteo, garantizando mecanismos más democráticos y transparentes en la elección de fiscales.

Ante esta situación preocupante, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.