El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Establécese la obligatoriedad del nivel inicial de la educación formal desde los tres años de edad y del nivel secundario, polimodal o su equivalente hasta su finalización.

Artículo 2°.- El carácter obligatorio otorgado por esta Ley encontrará su respaldo social, económico y financiero en el marco del desarrollo de políticas sociales universales, siendo vinculante para ello la participación del Estado Nacional como garante de dicho carácter.

Artículo 3°.- El beneficio que se otorgue por la aplicación de políticas sociales universales a través de asignaciones por hijos menores de 18 años implicará la obligatoriedad, por parte de los padres o tutores, de la escolarización de los menores. Será obligatoria, la asistencia a la educación formal, demostrada semestralmente mediante certificado de alumno regular.

Artículo 4°.- Serán autoridad de aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología quien garantizará en acuerdo con las Jurisdicciones Educativas, los servicios, el personal, la infraestructura edilicia, el mobiliario y el material didáctico y el Ministerio de Salud y Acción Social, quién deberá resguardar el cumplimiento de la obligatoriedad reglando el modo en que las políticas universales se harán efectivas.

Artículo 5º.- En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, las jurisdicciones educativas formalizarán acuerdos vinculantes tendientes a garantizar la efectiva extensión de la obligatoriedad establecida en el artículo 1º de la presente ley en un plazo no mayor a 5 (cinco) años.

Artículo 6°.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.

Artículo 7°.- De forma.

Señor presidente:

La identificación de las condiciones sociales y económicas de las familias y comunidades, el análisis de los cambios culturales que atraviesa la constitución de la infancia, la consideración de los procesos y modificaciones de los grupos familiares, entre otras cuestiones, obligan a situar el papel de la Educación Inicial en un grado de complejidad creciente que interpela, necesariamente, su propuesta pedagógica.

En el nivel inicial quedan pendientes tres cuestiones principales a atender: el cumplimiento de la obligatoriedad de cinco años, la ampliación de la obligatoriedad a las sesiones de tres y de cuatro años y la educación maternal.

Es importante reconocer los significativos esfuerzos realizados por las jurisdicciones para extender la escolaridad desde los 5 años. Sin embargo el aumento de la cobertura no implicó necesariamente el logro de la igualdad de oportunidades educativas, ya que ciertos modos en que se resolvió el cumplimiento de la obligatoriedad devino en una oferta desigual y heterogénea. Esta realidad se expresa tanto en los niveles de cobertura como en el tipo de institución a la cual los niños y niñas asisten.

Si bien la modalidad institucional más extendida a lo largo de todo el país es el jardín de infantes (independiente o exclusivo) una parte importante de la oferta del nivel esta organizada de acuerdo con otras modalidades; salas anexas a escuelas primarias y/o EGB en zonas urbanas y rurales; escuelas infantiles; jardines maternales. En otros casos, particularmente en el ámbito rural los niños y niñas de cinco años son incluidos en los grupos escolares de primer ciclo a cargo de maestros de grado.

Varios estudios efectuados en latinoamérica demuestran que el porcentaje de niños, de bajo nivel socioeconómico, en riesgo de retardo del desarrollo, es alto.

Entre los años 1986 y 1989 Argentina llevó a cabo un Proyecto Colaborativo, con Uruguay y Chile, estudiando 1.520 niños de los 4.000 examinados por los tres países. Los niños mencionados estaban radicados en zonas de pobreza de La Plata y sudeste del Gran Buenos Aires, comprobándose un 27.0% de riesgo y 8.9% de retardo, en niños de 24 a 60 meses de nivel socioeconómico bajo.

En la evaluación del desarrollo infantil en menores de 6 años, en una muestra de 221 niños, de la zona Oeste del Gran Bs. As. de medio socioeconómico bajo, se observó que de los 113 menores de 2 años, el 27.4 % eran niños de riesgo de retardo del desarrollo comprobando que las áreas personal - social y del lenguaje eran las más afectadas.

La garantía de que no haya niños en situación de indigencia, es la aplicación de políticas sociales universales, no atadas al clientelismo ni a la subordinación política de sus padres, que les permitan acceder a la alimentación adecuada, a la prevención y cuidado de la salud y a la escolarización.

Todo lo expuesto nos obliga a reflexionar acerca de la imperiosa necesidad de extender la obligatoriedad del nivel inicial, teniendo en cuenta que la escolarización temprana es la única forma de garantizar igualdad de posibilidades educativas para un amplio sector de la población cuyo único estímulo intelectual es el que se brinda en las instituciones escolares.

En lo referente a la obligatoriedad del nivel secundario o su equivalente, la creciente complejidad del mundo actual hace imprescindible entrar en la vida adulta con una sólida formación que nos permita luego, en períodos cortos, acceder a la formación permanente o al ingreso a estudios superiores.

Entendiendo que es en este nivel que se profundiza la formación para el trabajo, para seguir estudiando y para posibilitar el ascenso social, es que consideramos como núcleo central al conocimiento, la posibilidad de su construcción y distribución.

En cuanto al deterioro de la educación técnica no ha sido un proceso inocente o casual. La Argentina dentro de sus modestos recursos venía logrando un desarrollo significativo en varias áreas de investigación científica y tecnológica y había alcanzado una importancia sustantiva en el desarrollo de una industria semipesada. En nuestro país se fabricaban automóviles, barcos, aviones, vagones de trenes, con excelente tecnología y muy preciados en el mercado latinoamericano, incluyendo avances de importancia en la energía atómica. Estos procesos industriales y tecnológicos fueron desmantelados por varias razones políticas, económicas y estratégicas, entre otras para destruir la industrialización de nuestro país como posible competidor de los grandes grupos económicos, para condenarnos a seguir vendiendo nuestros recursos naturales como única alternativa y a precios cada vez más bajos en comparación con los productos industrializados.

Este razonamiento abrazado con entusiasmo en la década de los 90 diezmó las escuelas técnicas y agrarias, vaciándolas de insumos, materiales o directamente cerrándolas y sustituyéndolas por polimodales o polimodales con trayectos técnicos que no sirven para la formación laboral ni para la prosecución de estudios superiores.

Es necesario no creer que sólo en las escuelas técnicas los jóvenes aprendan a trabajar porque esta debe ser una característica de todo el sistema educativo secundario. La especificidad de las escuelas técnicas deviene de la formación científico técnica para incumbencias que certifican procesos y procedimientos adecuados y seguros desde lo social, lo ambiental y lo económico

Sin embargo, hoy, la devaluación produjo una importante reducción de las importaciones y resurge la demanda de personal calificado que, desde luego, ahora no está convenientemente formado. Reaparece en la escena la necesidad de una escuela secundaria de peso.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, urge la necesidad de aprobación del presente proyecto de ley, como garantía y compromiso conjunto del Estado nacional y los Estados provinciales de generar políticas públicas que distribuyan equitativamente el ingreso, saquen a nuestro pueblo de la pobreza y den herramientas a los jóvenes que les garanticen el acceso a una vida mejor.