El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Apruébese el Convenio 14/004 de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado en la Ciudad de Buenos Aires por el Sr. Presidente de la Nación y el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1º de Junio de 2004, aprobado por Ley Nº 2257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada el 16 de Enero de 2007.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

La reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema representativo argentino.

En ese marco constitucional, se ha iniciado un traspaso de competencias judiciales ordinarias al ámbito local con la aprobación del Convenio suscripto el 7 de Diciembre de 2000 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por la Ley Nacional Nro. 25.752 y Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nro. 597, respectivamente. Las atribuciones para convenir la transferencia ordenada de competencias, a su vez, resultan del Art. 129 de la Constitución Nacional, del Art. 6º de la ley 24.588, y de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El referido convenio estableció las bases para el comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, para una práctica de acuerdos Inter-jurisdiccionales , facultando a los firmantes a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia de las competencias, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios jurisdiccionales que sean llevados a cabo. Con este nuevo convenio que se está ratificando, se avanza aún más en el proceso antedicho, permitiendo que la jurisdicción local genere políticas públicas de legalidad y seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.