La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio por la ley para la expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), aprobada el 18 de junio pasado en Estrasburgo, que establece un periodo de detención a los inmigrantes clandestinos de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa; dicha norma se contradice con los principios de igualdad, dignidad y medidas contra el trato inhumano contenidos en la propia Constitución Europea y con el tradicional respeto a los derechos humanos que la sociedad y los Estados Europeos han venido enarbolando desde principios del siglo XX como una bandera de lucha y respeto para con todas las personas.

Señor presidente:

El Europarlamento aprobó el 18 de junio pasado, en Estrasburgo, una ley para la expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa; la ley entrará en vigor en el año 2010 y, por ella, podrían ser expulsados del viejo continente unos 8 millones de indocumentados, gran parte de ellos latinoamericanos.

El texto, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que fuera aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, tiene acentos y disposiciones que rozan la discriminación y la represión a mansalva. La Directiva Retorno de la UE consagra de manera asombrosa la figura del ilegal como un delincuente.

La normativa no se compadece con los tradicionales lazos de amistad y diálogo existentes entre la América Latina y la Unión Europea; la situación afecta tanto a las normas universales de derechos humanos como a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, rechazó las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo, asegurando que criminalizan la inmigración y que afectan a millones de latinoamericanos indocumentados. "Una vez más se aprueba en el mundo desarrollado una medida represiva en contra de los inmigrantes ilegales, que afecta directamente a muchos latinoamericanos", dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en comunicado.

El funcionario agregó que es una "paradoja" que esos países negocien acuerdos comerciales y hablen de alianzas estratégicas cuando adoptan "medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos".

Los presidentes del Mercosur, en su última reunión, reiteraron su compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos y rechazaron la "directiva de retorno" sancionada por la Unión Europea, que habilita la detención y deportación de inmigrantes ilegales; y casi como una contracara a la legislación europea, anunciaron la eliminación de la obligación del uso del pasaporte para viajar entre los países del Mercosur y los asociados al bloque.

Nuestra presidenta también se ha manifestado al respecto, mostrando una profunda preocupación por el suceso y reclamando por la nueva disposición de política inmigratoria de la Unión Europea (UE); a su vez recordó que la Argentina "fue un país receptor de inmigración". También se refirió al hecho como que es "Inadmisible" la política inmigratoria europea, que según dijo, "nos remiten a épocas de xenofobia que creíamos superadas".

Por otro lado, la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), en la reunión extraordinaria del 3 de julio de 2008 celebrada en la ciudad de Santiago de Chile, firmó una declaración "conscientes de la reacción de rechazo de la ciudadanía Latinoamericana, de sus Gobiernos y Congresos, a la norma de la Unión Europea, expresando inconformidad ante tan sorpresiva medida que vulnera de raíz compromisos adquiridos anteriormente".

La declaración sostiene que "sorprende de sobremanera esta actitud del Parlamento Europeo, que se contradice con los principios de igualdad, dignidad y medidas contra el trato inhumano contenidos contra la propia Constitución Europea y con el tradicional respeto a los derechos humanos que la sociedad y los Estados Europeos han venido enarbolando desde principios del siglo XX como una bandera de lucha y respeto para con todas las personas".

Por los motivos expuestos, es que solicito al Señor Presidente y a mis pares, la aprobación de este proyecto de declaración.