La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe sobre el programa Recuperar Inclusión, para la construcción y fortalecimiento de 150 Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CePLA) y 60 Casas Educativas Terapéuticas (CET) en todo el país.

1. Precise cuál será el tiempo previsto para la puesta en marcha del Programa;

2. Detalle el criterio de ubicación geográfica de los mismos;

3. Especifique el funcionamiento del programa. Criterios de admisión, tratamiento y egreso;

4. Detalle los recursos humanos, técnicos y de infraestructura con los que va a contar el programa;

5. Especifique el criterio de selección de los recursos humanos y los beneficiados por dicho programa.

6. Especifique la cantidad de plazas en los CET y CePLA.

7. Informe sobre el criterio de modalidad de abordaje terapéutico.

8. Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

En el contexto de las políticas públicas vinculadas a las adicciones y al narcotráfico, traemos a consideración de esta Honorable Cámara un pedido de informe sobre la construcción de Casas Educativas Terapéuticas (CET) y Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA).

Actualmente las adicciones son problemáticas centrales en las sociedades modernas. El culto al consumo, el futuro incierto, el desencanto con el mundo, las preocupaciones, las presiones, son unos de los tantos motivos que generan angustia, depresión, temores, crisis. Y si bien al Estado se le escapan cuestiones tan íntimas como las descritas, la presencia del mismo como garante de los derechos del hombre son de plena importancia, ya que las ausencias institucionales contribuyen al malestar generalizado, haciendo que la realidad sea más dura de atravesar. Por lo tanto, sin querer caer en un simple reduccionismo, una medida para prevenir y reducir la dependencia de sustancias adictivas sería reconstruir el entramado social mediante la generación y promoción de empleo digno, fomentar la educación, incitar a la práctica de deportes y/o actividades lúdicas y recreativas; en síntesis, tener un Estado presente, activo, comprometido. "...A los padecimientos y malestares asociados a la cronificación de la pobreza, en los contextos de uso intensivo de drogas se le agrega nuevos niveles de alienación y malestar, vinculados no sólo al consumo de drogas sino también a las miradas distantes, externas y objetivantes que modificando las dinámicas de reconocimiento intersubjetivo, los empuja al árido espacio del "menos que humano" (Agamben 1998). Los jóvenes usuarios/as de drogas quedan, entonces, depositados en un territorio caracterizado por la pérdida de los derechos sociales, económicos y civiles, que

modificando los procesos de identidad y dignidad, hacen que su vida sea difícilmente vivible y en ocasiones, se convierta en no viable...." (1)

Teniendo en cuenta la coyuntura socieoeconómica, política, cultural que transita nuestro país, la problemática de la drogadicción se presenta como central al momento de pensar construir sociedades inclusivas, justas, integradoras. Los derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, entre otros, son cercenados. Cuando el Estado no garantiza estas pautas mínimas de construcción democrática se van abriendo grietas insoslayables. Por eso es fundamental determinar el problema de raíz, como sostiene Juan Gabriel Toklatián, generar un diagnóstico preciso, franco y consensuado (2) .

Es claro, los grupos narcos se infiltran en estas grietas generadas por la ausencia del Estado ofreciendo trabajo (bunkers, soldaditos), sentimiento de pertenencia, e idea de seguridad (supuesta protección del grupo). En once años parece no haber habido una política unívoca vinculada al consumo y prevención de la drogadicción. De hecho, si se hubiera trabajado preventivamente no estaríamos frente a este crítico escenario. Quizás el problema fue reducir la drogadicción al consumo y no hacer un análisis que fuera más allá del mismo. Por ello no es casual que haya tantas familias viviendo de la "narco- economía de subsistencia" (3) . Para contrarrestar esta suerte de Estado Paralelo es necesaria la intervención estatal con políticas públicas que respondan con premura a las cuestiones emergentes, que tengan carácter preventivo, rápido y eficiente. Generar un entramado integral para la lucha y prevención del narcotráfico (y no como respuesta espástica a la instauración mediática de un problema).

En este contexto, el gobierno nacional lanza una medida para frenar y contener la problemática de la drogadependencia. Invertirá un total de casi 2000 millones de pesos para crear espacios vinculados a la contención y acompañamiento de personas adictas a las drogas y/o alcohol. Se construirán 40 CET (Casas Educativas Terapéuticas) y 20 se instalarán en edificaciones ya existentes. "...Estos CET son espacios de contención y acogimientos para mitigar el consumo de drogas y/o alcohol en contextos de alta vulnerabilidad social. Para ello, se promueven acciones de restitución de derechos (a la salud, a la educación y al trabajo) que favorezcan la formulación de un proyecto de vida individual y comunitario sin las consecuencias nocivas del consumo...." (4) Por su parte los CePLAS (Centros Preventivos Locales de Adicciones) "...son espacios de contención, donde se realizan actividades de recreación, formación y concientización, impulsando la creatividad, el desarrollo cultural, deportivo y artístico, generando de este modo herramientas variadas para la construcción de un proyecto de vida..." (5)

No denostamos la medida, pero como hemos expuesto anteriormente, es necesario tener políticas integrales que enfrenten todas las aristas que ataca el narcotráfico: salud, trabajo, educación, seguridad, movilidad social. Trabajar de manera conjunta superando las instancias partidarias, entender que esto va más allá de elecciones, apuntando a reconstruir el entramado social. Por eso también, queremos dejar asentado que luego de la asunción de Juan Carlos Molina como titular de la SEDRONAR, en diciembre del 2013, le hemos solicitado una reunión - específicamente en el mes de febrero- y casi finalizado el mes de abril, seguimos aguardando una repuesta.

Las adicciones tienen que tener un doble abordaje: el individual, como problema de salud mental (necesidad de asistencia de médicos, psicólogos, psiquiatras), y el colectivo, como problema social (donde la inclusión juega un rol fundamental desde ámbitos como la escuela, clubes, entre otros).

Los riesgos que conlleva el consumo en la salud del adicto, también perturba distintos planos, ya que afecta la propia personalidad del adicto, a su familia, a su entorno. Es fundamental promover hábitos de vida saludable, generar proyectos socioculturales inclusivos, es decir, acciones específicas que reconstruyan los lazos de solidaridad: restituir los vínculos para facilitar la inserción en un colectivo social, programar un proyecto de vida, reconfigurar los vínculos sociales, y pertenencia

Por todo lo expuesto necesitamos contar con más información respecto de los CET y CePLA, para poder debatir, construir y profundizar las políticas públicas vinculadas al tema.

En función de estos datos es que presentamos el presente proyecto que, insistimos, tiene por objeto conocer los alcances del Programa ut supra mencionado. Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolucion.