La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo al momento del envío al Congreso de la Nación del anteproyecto de Unificación y Modificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, excluya expresamente del régimen de prescripción y caducidad a las relaciones jurídicas nacidas al amparo del derecho público provincial, al igual que a las disposiciones procesales, que son materias exclusivamente provinciales y que deben regirse por las leyes, reglas y normas jurisdiccionales.

Señor presidente:

El Ing. Carlos Eduardo Rovira en su carácter de Presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, en nota enviada a mi persona, y cuya copia se adjunta, como continuidad de nuestro proyecto político nacional y provincial, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de manifestar en forma conjunta, porque hago mía, ha manifestado su gran preocupación en lo que significa la participación de los genuinos representantes de nuestras provincias remarcando en forma prudente la vital importancia que reviste el instituto de la prescripción del ordenamiento jurídico de cualquier estado, dado que regula, ni más ni menos, el plazo dentro del cual el acreedor de una deuda se encuentra protegido por el instituto procesal de la acción concedida, siguiendo Palacio Nino, como un supuesto de la actividad procesal que consiste en el poder de hacer valer una pretensión, es decir, que la prescripción es el instituto que regula el lapso de tiempo dentro del cual el acreedor puede acudir al auxilio del proceso del cobro de su crédito. Resulta lógico que siendo un instituto de carácter netamente procesal y siendo su regulación, por ende, una de las facultades no delegadas por las provincias al estado nacional, gran cantidad de estados provinciales hayan previsto el instituto de la prescripción en sus ordenamientos locales adaptándolos a las partes de cada provincia, de sus sistemas procesales provinciales y demás cuestiones de carácter interno que, claro está, jamás pueden ser reglamentadas por el Estado nacional, ajeno a estas cuestiones.-

En este sentido nuestra Constitución Provincial se pronuncia en su art. Nro, 101, al establecer que "Corresponde a la Cámara de Representantes (...)2.-establecer impuestos y contribuciones necesarios para atender los gastos de servicio de la administración, seguridad y bienestar general de la Provincia (...) 19.-dictar Códigos de Procedimientos..."; esta disposición de nuestra Carta Magna Provincial, se dictó en total concordancia con el Artículo Nro. 5 de la Constitución Nacional que pone en cabeza del Estado Provincial la obligación de asegurar su legislación procesal que se adapte a las circunstancias específicas en las que se desarrolla la administración de justicia de la Provincia. Las Autonomías Provinciales, o facultades no delegadas al Gobierno Nacional son pilares fundamentales del principio del federalismo, adoptado por nuestro país en el artículo Nro. 1 de la Constitución Nacional. Este derecho es irrevocable que poseen los Estados Provinciales, se encuentra especialmente protegido por el artículo Nro. 121 de nuestra Constitución Nacional, que expresamente establece que "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal..." ; por lo que resulta indiscutible el interés que tenían los constituyentes de 1853 en proteger las mencionadas prerrogativas y de mantenerlas en cabeza de los Estados Provinciales, interés que se mantuvo indemne durante las sucesivas modificaciones que sufrió nuestra Carta Magna Nacional.

Entendemos que resulta impostergable la intervención como representante del Pueblo misionero en la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial ya que efectuaría una importante modificación en materia de prescripción, modificación que de efectivizarse traería graves consecuencias para nuestra Provincia.-

Por lo tanto, solicito el preferente despacho de tratamiento del presente proyecto, el voto afirmativo de mis pares y el giro a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, según Decreto presidencial Nro. 191 de la Sra. Presidenta Dra. Fernández de Kirchner.-