La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Manifestar su profunda preocupación por la situación crítica que está atravesando Aerolíneas Argentinas, la cual obedece principalmente a la mala gestión por parte del grupo español Marsans, accionista mayoritario de la empresa.

2. Declarar que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, adopte las medidas necesarias con el objeto de adquirir la mayoría del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y controlar la gestión operativa de la misma.

Señor presidente:

La Empresa Aerolíneas Argentinas está sujeta a crisis recurrentes desde su privatización en noviembre de 1990, privatización que estuvo plagada de vicios desde su inicio y que con posterioridad se convirtió en fuente permanente de todo tipo de irregularidades.

En el inicio de este proceso se produjo una veloz pérdida de patrimonio empresario a raíz de la venta de activos (Inmuebles en el interior y el exterior donde funcionaban sucursales, la hipoteca de sus aeronaves) cuyo producto se utilizó en parte para pagar los compromisos contraídos con el estado por la adquisición misma.

Si a esto le sumamos que se vendió sin la Rampa y los Free Shop que explotaba, los cuales presentaban elevados niveles de rentabilidad que contribuían a solventar posibles déficit de su operación, se comprende por qué rápidamente comenzó a acumular pasivos importantes a través de sucesivos balances.

Esto produjo que en el 2001, como consecuencia de: 1) una política de vaciamiento y desinversión 2) Una pésima gestión Gerencial 3) un intento de achicamiento mediante un llamado "Plan Director" que pretendía reducir frecuencias, eliminar rutas, despedir personal y reducir salarios, se produjera la paralización de sus servicios durante varios meses y la presentación a convocatoria de acreedores para intentar sortear la crisis.

En el mes de octubre del 2001, la SEPI (organismo estatal español que administraba la empresa) decidió entregarla a la Empresa Marsans y adjudicarle una línea de crédito de 748 millones de dólares para atender la convocatoria, sanear sus pasivos y ponerla nuevamente en funcionamiento. De la mencionada suma sólo "ingresaron" 500 millones pero no fueron utilizados para los fines destinados, el órgano de control decidió suspender la liberación de los 248 millones restantes hasta que Marsans no acreditara cómo y para qué destinó el dinero otorgado.

Este hecho provocó, conjuntamente con un largo enfrentamiento con dos gremios y el Poder Ejecutivo, la salida del CEO Antonio Mata, quedando la empresa en manos de sus socios en Marsans, quienes asumieron la conducción de la compañía.

Esta última administración empresaria, hizo anuncios de inversiones por 4.500 millones de Euros, supeditándolos a que, como contrapartida, el Gobierno argentino le otorgara A) un aumento de las tarifas del 40 %; B) un aumento y rediseño del subsidio al combustible que ya estaba recibiendo pero consideraba insuficiente atento el desmesurado incremento del precio del petróleo; C) exenciones impositivas, especialmente en el IVA, mediante un proyecto de ley que el Ejecutivo debía enviar para su tratamiento al Congreso de la Nación.

Hoy nos encontramos ante la situación que habiendo cumplido el Gobierno Nacional con los dos primeros puntos del pedido, no sólo no se produjeron las inversiones mencionadas sino que la Empresa se encuentra en una emergencia económica que le impide pagar sueldos en término a sus trabajadores, atender las obligaciones de pago de combustible y el Leasing de sus aviones, acumulando una deuda con proveedores que, sumado al hecho de tener alrededor del 50 % de su flota inoperativa por falta de repuestos, la coloca ante un virtual cese de su operación si el Estado Nacional no interviene.

En la actualidad, Aerolíneas Argentinas y Austral atienden el 75 % del mercado de cabotaje, razón por la cual un cese en la operación de ambas empresas, por los motivos expuestos, causaría un grave daño a los usuarios que utilizan el servicio y aislaría a importantes sectores del interior del país donde sólo llegan estas empresas.

En ese sentido, se hace imprescindible que el Estado nacional recupere el protagonismo que perdió durante la implantación del modelo neoliberal en lo relativo al diseño, ejecución e implementación de una política aerocomercial acorde al interés nacional.

En primer lugar, porque la situación económico-financiera de la empresa -sumada a la crisis que atraviesa el sector debido principalmente al aumento constante del petróleo, como se señalara mas arriba- la vuelve inoperativa, a menos que reciba una importante ayuda estatal en concepto de subsidios, financiación, etc. De manera que si la empresa no vuelve a ser controlada por el Estado, en última instancia se estará privilegiando un modelo en el cual el Estado afronta todos los costos y subsidia la ganancia de los inversores privados, sin contar con las garantías necesarias para atender correctamente este servicio.

Sobre este punto, conviene recordar que durante toda la etapa post-privatización la gestión de Aerolíneas estuvo a cargo de sus accionistas mayoritarios (Iberia, American Airlines, Interinvest), los cuales -en todos los casos- operaban en el mercado aerocomercial con sus propias empresas. El resultado de esta situación fue que Aerolíneas quedó reducida a la condición de mero apéndice funcional de esas otras "aerolíneas madre", razón por la cual las sucesivas gestiones sólo se ocuparon de beneficiar a estas últimas en perjuicio de nuestra aerolínea de bandera. Sólo a título de ejemplo, cabe destacar que Iberia hacía reparar los aviones de Aerolíneas Argentinas en sus talleres en Madrid, cuando aquí los había y de excelente nivel; American Airlines, mientras estuvo al frente de Aerolíneas, cedió el servicio de transporte de cargas, que dejaba importantes utilidades, a otra empresa extranjera; y finalmente Interinvest, socio local del grupo Marsans, adquirió el 100% de otra aerolínea argentina, Austral, con la cual comenzó a operar el mercado de cabotaje, dejando para Aerolíneas Argentinas sólo aquellas rutas que no ofrecían rentabilidad.

Pero por si ello fuese poco, resulta asimismo imperioso que el transporte aéreo vuelva a ser concebido como un servicio público, que no puede ser prestado según criterios exclusivamente comerciales. La vasta extensión de nuestro territorio, la desigual concentración de la población y de los recursos económicos hace absolutamente necesario el despliegue de una red aérea que contribuya a mejorar la conectividad entre los distintos puntos de nuestro país, incrementar las comunicaciones inter-regionales y promover una mayor integración territorial. Una política aerocomercial acorde a estos objetivos sólo puede ser encarada por un Estado Nacional preocupado por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Por todo ello, Señor Presidente, solicito a los Señores Diputados que acompañen el presente Proyecto de Resolución.