La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a la represión policial de que fueron objeto, un grupo de jubilados en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, cuando el 21 de junio de este año reclamaban por la movilidad de sus prestaciones previsionales, recientemente transferidas a la Nación.-

Señor presidente:

La policía es una fuerza de seguridad facultada para ejercer la vigilancia y salvaguardar el orden público. Es el medio apto para hacer cumplir las disposiciones públicas en una ciudad o estado. En la mayoría de los sistemas legales occidentales, uno de los roles de la policía es disuadir o impedir que el desborde callejero afecte el orden público. Pero, los argentinos observamos a diario que en ocasiones las fuerzas policiales, por supuesto, sometidas a las órdenes de la autoridad política, actúan de manera asimétrica. Entendemos que esto sucedió en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, el día de 21 de junio de este año. En esa fecha, un grupo de jubilados, cuyos beneficios fueron transferidos a la Nación, reclamaban por la movilidad del 82% de sus prestaciones, fueron cercados y reprimidos por efectivos policiales.-

Cuando se trata de violentas transgresiones de piqueteros cortando por la fuerza la circulación en la vía pública o de elementos extremistas con capuchas y palos que atemorizan a la población, los policías actúan cautamente y hasta soportando agresiones físicas desmedidas.

En cambio, en una manifestación de jubilados que reclaman sus derechos -en un país donde han sido estafados frecuentemente por el Estado- los policías despliegan una exagerada intimidación que además de infringir sanas costumbres humanitarias vulnera el espíritu del artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, concerniente al derecho a la seguridad de las personas mayores. Sabemos cabalmente que la Policía, como organismo de aplicación de la ley es una de las instituciones que se encuentra concebida para la defensa de la sociedad en cumplimiento de lo normado en Derecho; como la libertad de reunión y asociación pacífica, reconocidos en normas internacionales que obligan jurídicamente a los Estados Partes y tienen que ver con la práctica de la labor policial. Asimismo, la policía es uno de los medios con que cuenta la democracia para preservar la paz interna asegurando un equilibrio conveniente entre el orden público y el ejercicio de esos derechos por personas y grupos. Lo que falta en nuestro país son políticas y estrategias de actuación policial que se anticipen a la comisión de conductas antisociales y sepan diferenciar a los individuos o los grupos que pretenden defender sus derechos -como el caso de los jubilados que nos ocupa- de aquellos organizados para practicar la anarquía urbana.