La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio por la decisión adoptada por parte del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario que flexibilizó los requisitos de control sobre cinco de los imputados en la Causa Díaz Bessone. Los imputados mantienen su libertad por decisión del mismo Tribunal mientras se instrumenta el juicio en la que se los juzga por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de resolución que tiene por objeto expresar su repudio y su preocupación ante la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario de minimizar el control sobre cinco de los seis imputados en la causa Díaz Bessone, que vienen afrontando el juicio en libertad. La flexibilización de las medidas de control sobre los imputados supone, según la resolución de este Tribunal, que durante el transcurso de la feria judicial los acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de policía sólo deberán presentarse los días lunes y viernes en el Patronato de Liberados.

Tanto los integrantes de las querellas, como diversos organismos de derechos humanos expresaron también su preocupación y su rechazo a esta medida que viene a otorgar aún más flexibilidad en los controles a personas que son acusadas de delitos de lesa humanidad, nada menos, y que ya cuentan con el beneficio otorgado por el mismo Tribunal de permanecer en libertad.

Vale la pena recordar que pese a los reiterados reclamos de la fiscalía y de la querella, de los seis imputados, sólo el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone cumple arresto domiciliario, ya que además se halla a disposición de otros tribunales del país. Por su parte, los ex policías Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara, y el civil Ricardo Chomicky están en libertad.

La abogada representante de la querella Gabriela Durruty manifestó al enterarse de esta medida que "desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las querellas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad. En tres oportunidades el Tribunal Oral Federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia estableció los cánones a

tener en cuenta en estos casos". Asimismo, sostuvo que "al comienzo de la feria judicial la situación se agravó, el Tribunal suspendió prácticamente todas las medidas de sujeción ordenadas. Ya no deben (los imputados) permanecer en sus casas sin ausentarse más de dos horas, ni estar de lunes a miércoles a disposición del Tribunal, sino sólo registrar sus firmas en el Patronato de Liberados los días lunes y viernes". (1)

Entendemos que este conjunto de medidas adoptadas por el Tribunal no hacen más que generar inquietud y temor en los testigos y querellantes, ya que no sólo se encuentran inexplicablemente en libertad personas acusadas de crímenes aberrantes, sino que desde la Justicia el mensaje que se imparte es de mayor impunidad cada vez que se flexibilizan más la medidas de control. En este sentido, no podemos dejar de señalar que luego de la feria judicial quedan escasos días hasta el dictado de la sentencia, lo cual agrava más la medida adoptada por el peligro de fuga que se incrementa.

Por último, queremos recordar una vez más la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo como los ejemplos más extremos de cómo desde la justicia no pueden asumirse como menores las previsiones que deben tomarse en este tipo de juicios y tratándose de delitos gravísimos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución