La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por la detención de los trabajadores petroleros Martín Oñate y Néstor Vivares, integrantes de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, y Jorge Armoa, delegado de la empresa BACS S.A., quienes se encuentran privados de su libertad desde el pasado 23 de febrero del corriente por haber participado de una medida de acción gremial. Exigir que se revea la situación judicial de los tres trabajadores injustamente privados de su libertad y emitir un contundente pronunciamiento contra la criminalización del derecho a la protesta social.

Señor presidente:

En un caso de gravedad inusitada, el 23 de febrero pasado fueron detenidos con prisión preventiva 5 trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, por reclamar mejores condiciones laborales a BACS S.A., empresa que brinda servicios para la industria del petróleo y el gas, y líder en la materia en las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los trabajadores Franco Cisterna y Lucas Soria fueron liberados después de 38 días de detención, pero Martín Oñate y Néstor Vivares, integrantes de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, y Jorge Armoa, delegado de la mencionada empresa, se encuentran todavía privados de su libertad y sin condena firme. El primero de ellos está detenido en la Alcaidía de Máxima Seguridad de Pico Truncado, y los otros dos trabajadores en la alcaldía de Caleta Olivia, donde el pasado martes 29 de abril fueron víctimas de torturas en una violenta requisa policial en la que, junto al resto de los detenidos, fueron arrojados al piso, envueltos con una toalla mojada en la cabeza y esposados durante más de dos horas y media.

Mientras la justicia sigue negando los reiterados pedidos de excarcelación, numerosas personalidades y organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos continúan rodeando de solidaridad a los trabajadores petroleros, denunciando la gravísima situación en que se encuentran así como la acusación que, en favor de la petrolera BACS S.A., recae sobre ellos bajo los cargos de "coacción agravada", "afectación maliciosa del normal funcionamiento de la actividad empresarial y comercial" y "violación de domicilio", que figuran en autos caratulados como "ARISTOY PAWLOW CLAUDIO ADRIAN S/denuncia violación de domicilio", en trámite ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del Dr. Eduardo Quelín, Secretaría de Instrucción Nº 2 a cargo de la Dra. Paola Hormachea (Expediente Nº 12527/14-A).

Los trabajadores denuncian que "no hay nada como para que nosotros estemos detenidos", ya que días antes de su injusta detención y ante la falta de respuestas de la patronal y el Ministerio de Trabajo competente, los miembros de la comisión directiva del sindicato petrolero reclamaban en ejercicio de su legítimo derecho, pacíficamente y como representantes democráticamente electos por sus compañeros, que BACS S.A. respete la legislación laboral vigente y garantice la retroactividad del desarraigo de los trabajadores de Río Gallegos y Pico Truncado, la reincorporación de un trabajador injustamente despedido y la recategorización del personal, demandas que genuinamente les corresponden según el propio Convenio Colectivo de Trabajo.

Como denuncia Martín Oñate, primer vocal del mencionado sindicato petrolero y detenido hace ya más de 70 días en una cárcel de máxima seguridad, "no salimos al yacimiento cuando fue la retención de servicios, era una vigilia al costado de la empresa (...) una escribana constató lo mismo y la misma empresa fue la que le puso candado y cadena a su portón (...) las pruebas que hay demuestran que nosotros tenemos que estar en libertad".

Es por ello que recientemente una importante delegación de organismos de derechos humanos, sociales, sindicales y personalidades políticas, viajaron a la provincia para visitar a los trabajadores, exigir su libertad y denunciar este hecho inusitado de persecución antisindical, al que han calificado de violatorio a los derechos humanos, puesto que su único objetivo es el de amedrentar a los trabajadores que, como los petroleros detenidos, vienen siendo parte de un profundo proceso de reorganización sindical y lucha por los postergados derechos laborales, conquistando en otras empresas las mejoras que la millonaria petrolera BACS S.A. se negaba a cumplimentar.

Por otra parte, cabe hacer notar que la sola denuncia de la empresa, realizada el día sábado 22 de febrero del corriente, bastó para que en tiempo récord el juez Eduardo Quelín (conocido por ser el magistrado con mayor cantidad de trabajadores procesados en todo el país y sobre quien ya recaen varios pedidos de juicio político a causa del accionar irregular de sus procesos, conductas autoritarias, arbitrariedad en la designación de personal y criminalización de la protesta) ordenara el mismo domingo 23 de febrero la captura y detención de los 5 trabajadores, sin que medie siquiera -y a la fecha- una condena firme.

Tampoco podemos dejar de señalar que esta política de criminalización de la lucha de los trabajadores, en clara defensa de los intereses de las petroleras, tiene lugar en Las Heras, localidad que como señalan diversas fuentes periodísticas cuenta con poco menos de 20 mil habitantes, y que siendo fuente millonaria de extracción de hidrocarburos para beneficio de las grandes empresas, tiene a un cuarto de sus habitantes como trabajadores petroleros, en tanto una cantidad similar se desempeña en actividades ligadas y/o derivadas de esta industria. Según éstas fuentes, golpeados por el clima y el altísimo costo de vida, así como por jornadas extenuantes y pésimas condiciones de trabajo, realizadas generalmente a la intemperie, la mayoría de los trabajadores petroleros no llegan siquiera a jubilarse.

No es de extrañar por ello el proceso que desde fines de 2005 a principios de 2006 vienen protagonizando los trabajadores de la provincia contra el impuesto al salario y la tercerización laboral, que terminara con la detención de uno de sus referentes y la posterior pueblada que exigió su liberación, en la que perdiese la vida el oficial Sayago y por la cual han sido injustamente condenados a prisión perpetua 3 trabajadores y a penas de prisión menores 7 trabajadores más, en un juicio plagado de irregularidades y con testimonios arrancados bajo tortura; o la lucha salarial y por mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la educación durante el año 2011, por la cual continúan procesados 35 docentes y 6 padres de alumnos/as que prestaban su solidaridad a esos justos reclamos, por mencionar algunos de los ejemplos más conocidos.

Es evidente que detrás de la alarmante condena a los trabajadores petroleros por parte de la justicia santacruceña, se esconde la defensa incondicional de los intereses de las grandes petroleras y el claro objetivo de amedrentar, con la persecución y criminalización de su lucha, a todos/as los/as trabajadores/as que en Las Heras se organizan de manera ejemplar por sus derechos más elementales.

Es por estos motivos que solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de resolución.