La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Salud de la Nación y el órgano que corresponda, informe ante esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre las siguientes cuestiones relativas al otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad en todo el ámbito nacional:

1) Condiciones bajo las cuales se expide el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Indique los criterios de asignación según distintas discapacidades (viscerales, motoras, mentales, auditivas y visuales), y en particular a las personas con VIH/SIDA.

2) Indique cuales son los criterios para la asignación del plazo de duración de dicho Certificado. Indique si hubiere algún criterio particular para las personas con VIH/SIDA.

3) Indique cuales son los criterios para la indicación en dicho Certificado de un acompañante. Indique si hubiere algún criterio particular para las personas con VIH/SIDA.

4) Indique el estado de avance de la implementación del CUD a nivel provincial. Detalle en que provincias ya se esta expidiendo el mismo, y que cuales no, explicitando las causas de las dos situaciones.

En referencia a los criterios para el otorgamiento del CUD, desearíamos tener información sobre:

a) Condiciones bajo las cuales se expide el CUD en las provincias que ya lo implementaron. Indique si hubiera alguna divergencia respecto de la normativa nacional y los motivos de dichas divergencias.

b) Criterios para la conformación de las Juntas de Discapacidad Provinciales. Indique con el mayor detalle posible los criterios para la selección de los profesionales que trabajan en la misma.

c) Programas de capacitación destinados al personal de las Juntas Provinciales de Discapacidad para implementar el CUD. Indique con el mayor detalle posible las capacitaciones ya impartidas, y las programadas para el período 2011-2012.

Señor presidente:

El Certificado Único de Discapacidad es la puerta de acceso a los derechos de las personas con discapacidad, y la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad es muy clara al respecto.

El mismo Servicio Nacional de Rehabilitación (http://www.snr.gov.ar), en su página web publica:

"El Certificado Único de Discapacidad es un documento público. Es la llave de acceso al Sistema de Salud y a los beneficios instituidos por la normativa en la materia, para las personas con discapacidad. Por ello, y con la firme convicción de que el certificado debe estar cerca de la gente, el Servicio Nacional de Rehabilitación promueve desde hace años una política de descentralización con aquellas jurisdicciones que, con trabajo y compromiso, asumen la responsabilidad de la emisión del certificado. Así, este proceso de descentralización ordenado y sistemático, se enmarca en la firme convicción de que la unificación de criterios es esencial para el acceso justo, equitativo, y necesario para una plena integración de las personas con discapacidad.

Mediante la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº 675/09, se aprueba un nuevo Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y el modelo de Certificado Único de Discapacidad al que refiere el Art. 3º de la Ley Nº 22.431; el cual tiene alcance en todo el territorio nacional, y ha sido diseñado de acuerdo con los parámetros nacionales e internacionales vigentes.

Así, tanto el Protocolo de Evaluación y el Certificado de Discapacidad aprobados, son el resultado del esfuerzo conjunto de las jurisdicciones provinciales y del Ministerio de Salud de la Nación, a través del Servicio Nacional de Rehabilitación. Constituye una política pública que afianza la búsqueda de unificación de los criterios de certificación de la discapacidad en todo el país, cuyo objetivo último es propender a la federalización en la emisión del certificado de discapacidad con validez nacional, acercando aún más los beneficios instituidos por ley a cada ciudadano que lo necesite..."

Sin embargo, esto dista mucho de ser realidad. Las personas con discapacidad del interior del país son victimas de un entramado legal que no deja claro cuales son sus derechos ni como deben defenderlos. La disparidad en la aplicación de los criterios tanto en la asignación del CUD, como del tiempo de vigencia del mismo y la necesidad de un acompañante varía tanto de provincia a provincia, que no todos las personas con discapacidad gozan del mismo derecho.

La disparidad en los criterios de asignación del CUD es de una injusticia desmedida, si tenemos en cuenta que el Certificado de Discapacidad es el acceso a las coberturas previstas por las leyes nacionales 22.431 y 24.901 las que instituyen un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, las cuales contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección. Es decir que aquellas personas que teniendo una discapacidad, no pueden acceder a su Certificado, quedan fuera del goce de cualquier cobertura prevista por el sistema público de salud.

Ante la importancia que reviste el Certificado Único de Discapacidad para la calidad de vida de las personas con discapacidad, ante la importancia de los avances hasta ahora logrados en la unificación de criterios en la implementación de un certificado único, y en garantía de los derechos de las personas con disparidad, es que se presenta este proyecto de pedido de informes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.