La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la falta de respeto a las normas constitucionales en que incurren funcionarios del Poder Ejecutivo y Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, cuando desconocen los artículos constitucionales que imponen, bajo pena de nulidad, la presencia de minorías en no menos del tercio del total de la composición de los cuerpos colegiados.

Señor presidente:

Como es de vuestro conocimiento, la Provincia de Misiones, adelantó su cronograma electoral, y como consecuencia de ello, la ciudadanía, fue convocada a elegir sus autoridades provinciales (Gobernador, Vicegobernador y 20 diputados) y autoridades municipales en los 75 municipios que componen el mapa político misionero.

En el marco de este proceso eleccionario, se desarrollaron las elecciones el pasado día domingo 26 de junio, obteniendo el partido de la Renovación y la Concordia que conduce el Gobernador Maurice Closs, un amplio caudal de votos.

Lo cierto es que, no conforme el partido gobernante con el resultado de las urnas, y pese a contar con una importante mayoría en la Cámara de Diputados de la Provincia y en los Consejos Deliberantes de los municipios, desconoce ahora, a través de declaraciones públicas formuladas por sus funcionarios, y ratificada luego por resoluciones del Tribunal Electoral de la Provincia, el tope mínimo de integración que debe ser para la minoría en los cuerpos colegiados.

El artículo 38 de la Constitución Nacional y, explícitamente el artículo 48 inc. 5 de la Carta Magna Provincial, fundan el derecho de representación de las minorías, en la necesaria amplitud de debate de ideas que debe darse en los cuerpos colegiados, elegidos democráticamente, y por ende, asegura un tope mínimo de integración de las minorías sin fijar condición alguna para su composición.

En efecto, Sr. Presidente, como lo venimos denunciando ininterrumpidamente desde este Cuerpo los legisladores misioneros que no conculcan con el gobierno provincial, como asimismo los medios periodísticos y partidos políticos que han resultado perjudicados en esta contienda, decididamente, en la Provincia de Misiones de Misiones, se vienen produciendo, desde hace casi una década, hechos extremadamente preocupantes por la falta de respeto a las instituciones de la democracia.

Juicios políticos, jurados de enjuiciamiento, por ejemplo, para separar de sus cargos a reconocidos magistrados que no le resultaban afines, como los casos de la Ministra del Superior Tribunal de Justicia provincial, Dra. Marta Catella, destitución del Fiscal de Estado, Dr. Jorge Lloyd Wilkstrom, Juez de Instrucción Penal, Dr. Alarcón, por contar solo alguno de ellos.

Es ahora la institución que congrega a los profesionales del derecho la que alza su voz, como ya lo hiciera en años anteriores.

El Colegio de Abogados de la Provincia, en su carta pública difundida por todos los medios de comunicación social de la Provincia dice textualmente:"En el marco del proceso eleccionario llevado a cabo el 26 de Junio de 2011 y con motivo de los instrumentos y actos jurídicos que se han dictado y se dictarán en su consecuencia, el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones exhorta a todos los poderes públicos, y a los abogados de la Provincia de Misiones matriculados en su institución que deban participar en cumplimiento de sus funciones, dictaminando o emitiendo posición jurídica sobre los alcances de las normas constitucionales de aplicación en el proceso electoral, a ajustarse a las prescripciones de los artículos (arts.) 5º y 6º última parte del Código de Ética Profesional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que en su consecuencia se han dictado o se dicten en el futuro".

Esta recomendación- exhorto del Colegio de los Abogados misioneros a sus propios colegas, ilustra a las claras, señor Presidente, que estamos otra vez en esta Provincia dando una muestra más de desprecio por la calidad institucional, y lo que es peor aún, en este caso, se alimenta en la desconfianza en y entre la clase política y ciudadanía. El intento de acrecentamiento desmedido de las cuotas de poder político, institucional, material y simbólico que la Constitución Nacional y Provincial ya le otorgan a los poderes provinciales, vulnera con estas arbitrarias decisiones de dejar sin la representación debida a quienes piensan distinto al gobierno de turno, el sano equilibrio que debe imperar entre los tres poderes del Estado, lo que constituye, en esencia, la base del sistema republicano de gobierno que hemos elegido.

Definitivamente señor Presidente, es preciso comprender entre todos que "la democracia requiere justamente de lo contrario. Reglas claras, diálogo franco, debate de intereses y propuestas superadoras, acuerdos de corto y largo plazo, transparencia creciente, control permanente y profundo por parte de los ciudadanos y de la oposición, para reforzar la percepción de que la res pública (la cosa pública) debe entenderse como sinónimo de discrecionalidad cero", al decir de Sergio Berenzstein (Director de Poliarquía).

Corresponde que el Congreso de la Nación diga también su palabra frente a estos hechos de atropello a la justicia misionera pues ellos vulneran la dignidad de todas las instituciones republicanas argentinas. Nos equivocaríamos grandemente si consideráramos que se trata de una cuestión "provinciana". Lo que sucede hoy en Misiones puede suceder, y de hecho, está sucediendo en muchas administraciones y debemos impedirlo. Esa es nuestra obligación constitucional.

Por ello, pido el acompañamiento del presente proyecto y su pronta sanción.