La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos pertinentes, proceda a la reglamentación de la Ley 26.167.

Señor presidente:

A través de la sanción de la Ley 26.167 sobre Aclaración e Interpretación del Conjunto Normativo de Emergencia Pública Social, Económica, Administrativa, Financiera y Cambiaria; muchos deudores hipotecarios creyeron haber solucionado el grave problema que los aqueja luego de la salida del Sistema de Convertibilidad en nuestro país.

La citada norma establece un sistema por el cual el Juez interviniente puede convocar a una audiencia conciliatoria entre las partes, a los fines de analizar la liquidación propuesta en base al art. 6° de la Ley 26.167: "...la determinación de la deuda por el juez no podrá exceder el calculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso (U$S 1= $1) , mas el 30 % de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación..."

Los deudores, no habrían manifestado objeciones a la forma de liquidar la deuda, porque en definitiva, es un monto inferior al denominado "esfuerzo compartido fijado por los jueces, ahora sí surgen dudas en el modo de cancelación de la misma.

El artículo 5° de la Ley 26.167, determina que durante el periodo de conciliación, el juez fijará un plazo de 30 días para que se arbitren las tratativas tendientes a establecer el importe de la deuda y las condiciones de pago. En esa oportunidad, a pedido del deudor se dará traslado al fiduciario para que se presente en el expediente a fin de informar la suma a abonar por la inclusión del deudor en el Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto en la ley 25.798, pudiendo ser imputado al pago en forma total o parcial.

En el caso de aceptarse en el juicio por parte del deudor la conciliación; y en el mejor de los casos la liquidación propuesta, el deudor incluido en el Fondo

Fiduciario , "deberá cancelar dentro de los 45 días la deuda, y cuando a pedido del deudor, el pago sea en forma parcial o total , con los aportes del Fondo Fiduciario, el plazo podrá extenderse hasta 45 días mas, exclusivamente en relación a dichos importes..."

Ahora bien, la diferencia existente entre el valor final de la deuda y lo aportado por el Fondo Fiduciario, debe ser sustentado por el deudor y dicha cancelación debe efectuarse dentro de los 45 o 90 días, según se encuentre o no el deudor dentro del sistema previsto en la Ley 25.798. A todas luces, resulta casi imposible que la mayoría de los deudores puedan contar con el efectivo pertinente; y la ley no establece la posibilidad de cancelación de la diferencia en cuotas.

Ante las dudas emergentes, sobre como interpretaría la justicia la norma recientemente sancionada, encontramos que los jueces de Primera Instancia en su mayoría la declararon inconstitucional o inaplicable a los casos bajo su órbita, generando ello profundo temor entre los deudores, quienes comenzaron a ver como determinados expedientes se activaban mediante la presentación de solicitudes de ejecución mediante la Ley 24.441 de Ejecuciones Especiales - extrajudiciales-; a modo de ejemplo, autos: "OLCHANZKY MIRIAM ANDREA C/ GRADOS ANA MARIA S/ EJECUCION HIPOTECARIA LEY 24441" (EXPTE. N° 9946/2004) Juzgado N° 17, Secretaría 236 de Capital Federal. "Buenos Aires, 15 de junio de 2007___"...procédase al lanzamiento del los ocupantes del inmueble hipotecado y entréguese la tenencia del mismo al acreedor ejecutante hasta la aprobación del remate..."; cabe destacar que dicho deudor se hallaba incluido en el sistema previsto por la Ley 25.798.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 3 de julio de 2007, en autos: "RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR LA DEMANDADA EN LA CAUSA GRILLO, VICENTE C/ SPARANO, CLAUDIO RAFAEL", dictó sentencia estableciendo en el punto 20): "...Sin perjuicio de lo expresado, se advierte que el art. 7° de la Ley 26.167, al referirse al pago de la deuda fijada en los términos del art. 6°, prevé la hipótesis de que "...el pago, a pedido del deudor, sea realizado, en forma parcial o total, con aportes del Fondo Fiduciario previsto en el Ley 25.798...". Ello pone en evidencia que el legislador consideró también la posibilidad de que, en ciertas hipótesis , el deudor pudiera cancelar una parte del crédito del ejecutante con fondos propios y pagar la parte restante mediante la

utilización del fondo fiduciario, supuestos entre los que no puede excluirse al presente caso."

En tanto el punto 22) determina: "Que, en consecuencia, a pesar de que las partes no se han manifestado en el sentido de lograr que la obligación se cumpla en la forma señalada, el sistema legal admite que el deudor lo haga y pague con fondos propios la parte de la deuda que no resulta aquí cubierta por el sistema de refinanciación hipotecaria, sin que ello implique vulnerar derechos del acreedor alcanzados por la protección de la Ley Fundamental, lo que permite compatibilizar lo resuelto por el Tribunal en el precedente "Rinaldi", en cuanto a la validez constitucional de las normas cuya aplicación se pretende, con el principio de la cosa juzgada que también cuenta con la protección constitucional".

Si bien el máximo Tribunal ha determinado la constitucionalidad de la Ley 26.167, no queda resuelta la imposibilidad de los deudores de cancelar en efectivo la diferencia resultante entre la liquidación final y el aporte realizado por el fondo fiduciario, dentro de los 45 días de haber quedado notificado el acuerdo, y los deudores no encontrarían la solución definitiva, pues no obtenida la diferencia en efectivo dentro del plazo antes indicado, el acuerdo cae y la vía de ejecución sigue su proceso.

Ante esta situación los deudores hipotecarios continúan en un estado de indefensión y el temor a perder la vivienda única, sigue vigente. Las múltiples consultas realizadas por parte de los perjudicados, a la Lic. Mónica Costa del Fondo Fiduciario del Banco Nación y a diferentes Senadores que han estado involucrados en el proyecto convertido en Ley 26.167, tienen como respuesta que la "reglamentación" de la norma, se encargará de asignar el pago de la diferencia al propio Estado Nacional.

Mas allá de las palabras y buenas intenciones, resulta imperioso proceder a reglamentar la Ley 26.167 de Interpretación de las normas de emergencia y dejar plasmada, si es así, la obligación del Gobierno de suplir la diferencia monetaria existente entre la liquidación final y lo aportado por el Fondo Fiduciario, así como el establecimiento de plazos y pasos a seguir en la articulación de la cancelación.

La Ley 26.167 ha sido publicada en el Boletín Oficial el día 29 de noviembre de 2006, han transcurrido 8 meses desde la misma, sin que se aclaren

las dudas que poseen los supuestos beneficiarios de la norma, resultando urgente la reglamentación de la norma objeto del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.