La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de sus áreas competentes, informe lo que a continuación se solicita:

1. Si ha tomado conocimiento del conflicto suscitado entre las áreas gubernamentales dedicadas a la problemática infantil de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe acerca de los niños y niñas en situación de calle oriundos de la ciudad de Santa Fe que se trasladan a la vecina ciudad de Paraná para desarrollar actividades encuadradas como de trabajo infantil.

2. En caso de estar en conocimiento del incidente, qué medidas ha tomado a los efectos de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en dicho incidente.

3. Cuál es el funcionamiento y las políticas llevadas a cabo por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y si en el seno del mismo se abordó la problemática que actualmente involucra a las provincias arriba mencionadas.

Señor presidente:

La situación de la infancia en nuestro país y el mundo resulta sumamente preocupante, afectada por dos grandes problemas: la pobreza y el trabajo.

Si bien la baja del desempleo en nuestro país hizo bajar la pobreza infantil en los últimos años, los datos del INDEC de la segunda mitad de 2006 proyectados a todo el país, revelan que todavía está en el 40,5%, cuando en igual período de 2005 se ubicaba en el 49,5%.

Dejando de lado la manipulación de los índices de dicho organismo por parte del Gobierno nacional, no cabe duda que todavía cuatro de cada diez niños son pobres, lo que demuestra claramente que continúa en niveles altos para los indicadores históricos de la Argentina.

La pobreza infantil supera el 60% en el Nordeste y el 43,2% en el conurbano bonaerense, afectando al 41,3% de las niñas y el 39,7% de los varones. De acuerdo a estos porcentajes, de los 10,2 millones de menores de 14 años que viven en todo el país, 4,1 millones son chicos pobres, y de ese total, 1,5 millones integran familias indigentes.

Un mapeo nacional permite encontrar una fuerte disparidad que va desde un 63,4% y un 62,4% de pobreza infantil en Corrientes y Resistencia respectivamente, a un 9,3% en Río Gallegos. En indigencia infantil, los peores guarismos se registran en Resistencia, Corrientes y el Gran Santa Fe, todas con porcentajes superiores al 22%.

Este alto número de chicos pobres, criados en un ambiente con privaciones básicas, tiene una repercusión directa en el fenómeno del trabajo infantil, el cuál, a nivel internacional, se ha definido como "toda actividad económica y/o estrategia de sobrevivencia, remunerada o no, realizada por niñas o niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso".

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), unos 22 mil niños mueren por año a raíz de que son obligados a trabajar desde muy temprana edad.

En Argentina, un estudio que abarcó a zonas rurales y urbanas del Gran Buenos Aires y las provincias del noreste y del noroeste, demostró que más del 16% de los niños entre 5 y 13 años trabajan o realizaron algún tipo de trabajo, y que, entre los de 14 a 17 años, ese porcentaje se eleva al 39%.

Hace alrededor de dos años atrás, el portal santafesino Notife.com alertaba sobre una situación denunciada por el diario Análisis Digital de la provincia de Entre Ríos: decenas de chicos de entre 5 y 15 años de edad oriundos de la ciudad de Santa Fe llegan a diario a Paraná con el objeto de pedir limosna, limpiar vidrios, abrir puertas de autos y hacer malabares en los semáforos. Los menores arriban en vehículos a los que paran en plena ruta, abonando el boleto en colectivos que realizan el trayecto entre ambas ciudades, o en una sospechosa camioneta que los deja en lugares estratégicos de Paraná.

Los operadores de calle paranaenses realizaron un relevamiento de esos chicos y le trasladaron la preocupación a la provincia de la cual provienen para que se generaran respuestas y acciones más integrales, pero sin ningún tipo de respuesta por parte de la Provincia de Santa Fe.

Debido a ello los funcionarios entrerrianos, que caracterizaron la situación como de "frustración y hastío", en un principio habían decidido presentar una denuncia ante el defensor en turno de la provincia de Santa Fe. Finalmente, la presentación judicial fue reemplazada por una presentación administrativa ante la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, en la cuál se solicita una reunión con la responsable de ese organismo, Luisa Donni, "con el objeto de que se efectivicen acciones para atender la situación de vulneración de derechos de los niños santafesinos que viajan periódicamente a Paraná".

Como puede apreciarse, estamos frente a un conflicto jurisdiccional que exige la aplicación de la Ley 16.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la cuál, en su Artículo 4º Inciso C y D promueven la "gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente" y la "promoción de redes intersectoriales locales" a los efectos de dar efectivo cumplimiento a la misma.

Frente a este tipo de situaciones, entendemos que, tal cuál lo establece el Artículo 5 de dicha norma, el Estado Nacional tiene "la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal", las cuales "deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes". Y, para que no queden dudas, el mismo artículo aclara que "la prioridad absoluta implica... protección y auxilio en cualquier circunstancia", y creo queda claro que estamos frente a circunstancias que requieren de una participación inmediata del Estado Nacional en cuanto garante de las políticas públicas de protección de la niñez.

Resulta evidente que nos encontramos frente a un conflicto jurisdiccional entre Santa Fe y Entre Ríos como resultado del cual no se cumple con el objetivo de protección y restitución de los derechos de los niños involucrados en el mismo, ni se evidencia la intención primordial de generar las condiciones para que se produzcan coordinaciones efectivas en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Frente a los sucesos descriptos, creemos necesario que el Poder Ejecutivo Nacional, como garante en última instancia de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes sancionada en 2005, informe a esta Honorable Cámara si está en conocimiento de los mismos y qué medidas ha implementado o piensa implementar para su solución.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.