La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profunda preocupación por el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que declara inconstitucional la ley 26.843 mediante la cual se aprobó el Memorándum de Entendimiento, suscripto entre los gobiernos de la República Argentina y la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de Julio de 1994, por interferir en el ejercicio de atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Honorable Congreso de la Nación, lesionando de esta manera el principio de separación de poderes que establece la Constitución Nacional.

Señor presidente:

A instancia de una acción de amparo promovida por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Sala I de la Cámara Federal decidió declarar inconstitucional la ley 26.843 mediante la cual se aprobó el Memorándum de Entendimiento, suscripto entre los gobiernos de la República Argentina y la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de Julio de 1994.

De esta manera el tribunal contradice la ratificación del Acuerdo que dispuso el año pasado el juez Rodolfo Canicoba Corral, y ordenó que no se dé comienzo a la ejecución del Memorándum de Entendimiento aprobado por Ley 26.843. Inconstitucionalidad y supuesta subordinación del juez a la Comisión de la Verdad creada por el memorándum, ("...una Comisión cuya naturaleza, atribuciones y objetivos pueden interferir sobre la actuación judicial, la del Ministerio Público o los derechos de las víctimas...", reza el fallo) son los argumentos centrales del escrito que esgrimen los Camaristas para invalidar las decisiones adoptadas por los otros poderes del estado.

Sin embargo, ante la misma presentación realizada por las organizaciones de la comunidad judía, el Juez de Primera instancia concluyó que "....en lo que respecta al cuestionamiento del accionar del Poder Ejecutivo Nacional cabe afirmar la imposibilidad de que se habilite la vía del amparo, por cuanto no nos encontramos ante un acto ilegalmente manifiesto, no se ha acreditado la existencia la comunicación de conformidad con el artículo 7 del memorándum ni se ha acreditado la existencia de una lesión actual o inminente cuya reparación no permita su tramitación por las vías ordinarias..."

Tal como el fallo mismo lo reconoce, los gobiernos iniciados en el 2003 son los que más han trabajado y comprometido con la Causa AMIA. Decretos presidenciales que facilitaron el acceso a la información disponible en los organismos de inteligencia del Estado, denuncia reiteradas ante la ONU por la falta de colaboración del estado iraní en la causa, iniciativas para el apartamiento de autoridades judiciales y policiales que han alterado, por diferentes razones, las investigaciones han sido parte de la acciones que han mostrado la voluntad de verdad y justicia que han orientado las acciones de esta administración.

Por otra parte siempre el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Nación han reconocido la facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial sobre la Causa AMIA. Bajo ninguna

Circunstancia se crea una Comisión Especial para juzgar a los presuntos responsables de la voladura de la AMIA. Si bien se ha reiterado en innumerables intervenciones, la Comisión de la Verdad no juzgará a nadie; estudiará y analizará la información en la causa y emitirá recomendaciones a las partes, las que no serán vinculantes.

Se podría volver a señalar y reiterar una serie de refutaciones que ya se han vertido en oportunidad de debatirse la ley que ratificó este memorándum. A pesar de que en el fallo los camaristas ordenan al juez natural de la causa que "insista a Interpol para que, en función de las probanzas reunidas hasta la fecha y de la caracterización del hecho como crimen de lesa humanidad, reevalúe la solicitud de difusión roja de las capturas ya pedidas respecto de Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, y Hadi Soleimanpour" y vuelvan a requerir que la Interpol "extreme los esfuerzos y recursos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en la causa", hay que señalar de que no hay ninguna posibilidad que, a raíz de la firma del memorándum de entendimiento, las alertas rojas se levanten antes de la indagatoria porque la sencilla razón de que sólo el juez está facultado para esa decisión.

Sí, quiero señalar que tal como lo establece el artículo 99; inc. 11, de la Constitución Nacional, el manejo de las relaciones exteriores de la Nación, incluyendo la facultad de celebrar acuerdos o tratados internacionales, es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Y también, como se establece en el artículo 75, inc. 22 de la de la misma norma, corresponde al Congreso Nacional ratificar dichos acuerdos internacionales. Este ha sido el camino que ha transitado el Memorando suscripto por nuestro país con la República Islámica e Irán y no corresponde a los señores jueces interferir en el ejercicio de estas atribuciones que son potestades propias de estos poderes del estado.

Por otra parte, el Poder Judicial por Acordada N° 21, del 20 de abril de 1993 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempla la realización de diligencias procesales por parte de jueces y fiscales argentinos en el extranjero, y dispone: "Que toda comisión o traslado al exterior de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación a fin de requerir el auxilio internacional de tribunales extranjeros, deberá contar con la conformidad previa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresada a través de la presidencia de la misma. En consecuencia, el Memorándum no está tampoco innovando en esta materia.

La firma del Memorándum es una decisión política que de ninguna manera interfiere con la marcha del proceso judicial. Por el contrario, estamos convencido que el esfuerzo mancomunado de todos los poderes del Estado permitirá abrir un canal importante para terminar con las trabas que afectan la investigación por al atentado a la sede la AMIA. Es un instrumento que abre la posibilidad de saber la verdad sobre lo acontecido y llevar a

sus responsables ante la justicia. Ese es el único y noble sentido que se persigue con este acuerdo y ratificamos la firme voluntad de seguir trabajando hasta aplicar juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de un crimen tan aberrante del cual se cumplirán pronto veinte años sin haberse hecho aún justicia.

Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.