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PROYECTO DE TP
Expediente 3706-D-2009
Sumario: EXPRESAR RECHAZO POR LA DECLARACIONES DEL MINISTRO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AL PRESENTAR LA NUEVA "POLICIA METROPOLITANA", DE LAS CUALES SURGE LA INTENCIONALIDAD DE REPRIMIR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL.
Fecha: 06/08/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 88
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su manifiesto rechazo al sesgo
autoritario y antidemocrático del Gobierno de la CABA que, una vez más, quedó
evidenciado en las declaraciones efectuadas por su Ministro de Seguridad en
ocasión de presentar la nueva Policía Metropolitana, y de las cuales surge la clara
intencionalidad de reprimir y criminalizar la protesta social, contraviniendo en la
materia no solo la política de seguridad implementada por el Gobierno Nacional
sino también la Ley de Seguridad Interior cuyo cumplimiento es de toda
obligatoriedad para aquel, toda vez que la CABA ha adherido expresamente a
dicho texto normativo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de
presentar la nueva fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, la cual estará en
operaciones a partir del mes de octubre de 2009, el ministro de seguridad
porteño, Guillermo Montenegro, advirtió: "Lo que uno está intentando lograr es que el
conflicto se baje. Sí o sí hay que poner orden", luego de plantear que la Policía
Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a
defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública. En otras
palabras, reafirmó que la política de "seguridad" propuesta -e implementada- por
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consiste en criminalizar la protesta
social, dejar a la seguridad en un plano secundario y poner por delante la
represión a las protestas sociales.
Esto no es algo nuevo en la
Ciudad. Cuando asumió Macri como Jefe de Gobierno, el encargado de
implementar esa política fue el fiscal general Germán Garavano, que desplegó
una ofensiva judicial contra los cortes. En febrero de 2008 se registró el desalojo
violento de los cartoneros que acampaban en Barrancas de Belgrano por el cierre
del Tren Blanco. La Guardia de Infantería los echó por la fuerza, sin orden
judicial, a las patadas y bastonazos. Los empleados del gobierno porteño tomaron
sus pocas pertenencias y las arrojaron a los camiones compactadores de basura,
que las trituraron frente a los ojos de sus dueños, frente al llanto de los niños,
frente a la impotencia y la desesperación de un grupo perteneciente a uno de los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. También hubo heridos y
detenidos.
Hagamos un paréntesis para
explicar la gravedad que implica dar un trato de delincuente a una persona que
hace un reclamo social. El reclamante detenido y/o acusado, una vez ingresado a
la maquinaria judicial está obligado a seguir su ritmo con la misma rigurosidad
que un obrero está obligado a seguir el ritmo de una cadena de montaje. Recibe
citaciones, requiere de abogados defensores en general oficiales y sobrecargados
de trabajo, debe explicar porqué hizo lo que hizo, confronta con testigos que casi
siempre son policías, atraviesa un proceso que puede durar meses o años, sufre
un estrés que en muchas oportunidades se traduce en síntomas físicos y
enfermedades, pierde posibilidades laborales o se queda sin trabajo, experimenta
trastornos familiares y su familia padece con él. Si está en una situación
vulnerable -hecho que se caracteriza por su habitualidad en quienes se ven
obligados a realizar reclamos sociales-, se fragiliza aún más. Es decir, sufre un
castigo aún peor que la pena que le toque en caso de ser hallado culpable.
Posteriormente a los hechos de
febrero de 2008, la gestión Macri en la CABA experimentó dificultades para
contar con la colaboración de la Policía Federal en sus intenciones represivas.
Con el fin de subsanar esta situación, el gobierno porteño creó la Unidad de
Control del Espacio Público, sobre la que existen múltiples y conocidas
denuncias en la Defensoría del Pueblo Porteño a causa de violentos desalojos de
hombres, mujeres y niños sin recursos que ocupaban viviendas añosas o de
propiedad de la CABA así como de acciones por las que se procedió a
amedrentar y golpear a ciudadanos en "situación de calle", es decir, a quienes no
les queda otra alternativa más que pasar la noche en una plaza, un zaguán o el
portal de una Iglesia.
Respecto del
tema al cual se aboca el presente Proyecto de Declaración, el diputado Claudio
Lozano de Proyecto Sur declaró a Página 12: "No hace más que ratificar el componente
represivo de la estrategia macrista en la ciudad, donde el sentido de la policía es simplemente
favorecer un proceso de represión del conflicto social, tanto de desalojo de calles como de viviendas,
como lo ha venido haciendo Macri desde la asunción hasta aquí, dejando en la calle a cerca de
tres mil familias" (27/07/09).
El senador
Daniel Filmus del FPV se explayó de la siguiente manera: "Cuando uno recuerda lo
que sucedió cuando renunció De la Rúa o lo de Kosteki y Santillán, llega a la conclusión de que
ningún paso de un vehículo vale una vida humana (...) Hace seis años que se trabaja para
resolver los piquetes a través del diálogo (incluso con la 125). Educar a la nueva policía en que
la forma de resolver los conflictos es la represión va a generar peores condiciones para la
seguridad" (Página 12, 27/07/09).
El ex jefe de
Gobierno, Aníbal Ibarra, dijo: "Macri ya tiene un grupo que patotea a los cartoneros y
ahora quiere darle un perfil propio a la policía de la ciudad dejando a la seguridad en un plano
lejano y poniendo por delante las protestas sociales" (Página 12, 27/07/09).
El legislador
Diego Kravetz del FPV remarcó: "Generamos una policía para combatir el delito, no
para reprimir la protesta social ni para que sea el último guardián de tipos que no tienen que
tener ninguna relación con el Estado, como el Fino Palacios" (Página 12, 27/07/09).
El legislador
Martín Hourest de la CTA afirmó: "La policía no puede ser la demostración de la
ineficacia para prever del gobierno porteño que más que tener una fuerza de represión, tendría
que tener una mesa de conversación" (Página 12 27/07/09).
La legisladora de
la Coalición Cívica, Diana Maffia, advirtió: "Es una pena que la Policía Metropolitana
esté concebida como una ampliación de la UCEP y que Montenegro la piense para cumplir la
ley en un aspecto represivo" (Página 12, 27/07/09).
La diputada
radical Silvana Giudici estimó: "Si Montenegro imagina una policía para desalojar
piquetes estamos ante un modelo represivo que no va a colaborar para una mejor calidad para
los vecinos" (Página 12, 27/07/09).
En cuanto al
legislador del ARI Facundo Di Filippo, relacionó la protesta social con el
incumplimiento del gobierno porteño de todos los planes sociales: "Las medidas
represivas no dieron resultados y es una de las pocas que me parecen correctas del gobierno
nacional (no reprimir...) lo que pretende hacer Montenegro es tapar el sol con un dedo"
(Página 12, 27/07/09).
Como ustedes, mis pares,
pueden apreciar, representantes de la inmensa mayoría de las fuerzas que integran
el espectro político nacional, expresaron opiniones radicalmente opuestas a la
intencionalidad represiva frente a la protesta social que será la impronta de la
supuesta "política de seguridad" de la gestión macrista. Razón por la cual solicito
me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Firmante | Distrito | Bloque |
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GULLO, JUAN CARLOS DANTE | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
DI TULLIO, JULIANA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CONTI, DIANA BEATRIZ | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
ITURRIETA, MIGUEL ANGEL | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
BIANCO, LIA FABIOLA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CESAR, NORA NOEMI | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
LLANOS, EDITH OLGA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
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