La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su repudio a la insensibilidad social demostrada por la Jefatura del Gobierno porteño al pretender desalojar de una vivienda de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires a un inválido -víctima del atentado a la AMIA- y su familia, dejándolos en la calle y a la merced de las inclemencias climáticas.

2. Exhortar a las autoridades que correspondan a acelerar el trámite para que la víctima del atentado a la AMIA mencionado en el ítem anterior, perciba el subsidio otorgado por el Estado Nacional para tales casos.

Señor presidente:

Juan Carlos Alvarez -quien actualmente tiene 70 años de edad- durante 14 años trabajó como barrendero al servicio de la empresa Manliba propiedad del señor Franco Macri.

El 18 de julio de 1994, cuando un atentado explosivo destruyó el edificio de la AMIA, Alvarez desempeñaba sus tareas habituales al servicio de Manliba a pocos metros del edificio siniestrado. Su cuerpo fue despedido por la explosión con sus inevitables consecuencias: golpes y escombros destrozaron su cuerpo al punto que se le dictaminó, luego de casi dos años de tratamiento, un 72 por ciento de discapacidad. Sin embargo no cobró los 35.000 pesos del subsidio que el Estado otorgó a las víctimas ni percibió indemnización alguna por parte de Manliba. Esta última, en una actitud que como mínimo podría calificarse de mezquina, se limitó a pagarle la mitad del sueldo -sin ningún tipo de aporte social- durante los 18 meses que estuvo internado en el Hospital de Clínicas. Lo cierto es que ni Manliba ni Franco Macri, ni ningún otro responsable, debido a su prolongada internación hospitalaria y a que sus hijos, en ese momento, eran muy pequeños, se ocupó de hacer el papeleo correspondiente para que Alvarez pudiera cobrar el subsidio.

Alvarez, manifestó al periódico Página 12 que desde el accidente nunca pudo volver a trabajar. Lo cual no deja lugar a dudas cuando se aprecia que su única posibilidad de desplazarse es por medio de muletas y se observan las profundas y anfractuosas cicatrices que cruzan sus piernas, brazos y abdomen. "Por el dolor muchas veces no puedo dormir así que me recetaron medicamentos muy fuertes (microzepan y quetiapina) para poder, por lo menos a la noche, pegar un ojo", detalló Alvarez a Página 12 (27/07/09).

Desde hace 15 años, Alvarez y su numerosa familia (esposa, ocho hijos y un nieto) malamente sobreviven con una pensión graciable de 300 pesos y habitan, legalmente, en el departamento "T", del cuarto piso, en la unidad funcional 18 de un edificio de Ingeniero Huergo al 1.100, propiedad del gobierno porteño.

Pero, a principios de julio de 2009, "llegó al domicilio de los Alvarez -también al resto de los supuestos "usurpadores" del edificio de San Telmo- una cédula del Gobierno de la Ciudad que los intimaba a dejar el departamento. Y, en caso de que no lo hiciesen, los iban a desalojar compulsivamente", confirmó a Página 12 la abogada Mariana Levi quien, hace ya casi un año, con el argumento de que el atentado contra la AMIA fue un delito de lesa humanidad, inició el trámite para que Alvarez, después de tanto tiempo, pueda cobrar el monto del subsidio otorgado por el Estado a las víctimas del estallido en la mutual judía.

Asimismo, fue ella quien presentó el recurso de amparo que pudo frenar por un par de meses la amenaza de desalojo compulsivo que recaía sobre la vivienda de Alvarez: "El jefe de gobierno no puede dejar a nadie sin hogar, no es un juez. El artículo primero de la Constitución Nacional reconoce y brega por la división de poderes", confirmó la abogada Mariana Levi.

Destaquemos que, más allá de que ningún poder se puede arrogar facultades que le competen a otro poder, el hecho resulta ilustrativo no sólo de la insensibilidad social -por cierto, ampliamente demostrada en innumerables casos- de la Jefatura de Gobierno de la CABA sino también de la ineficiencia administrativa de sus procedimientos. De hecho, un desalojo -sobre todo, cuando se trata de una vivienda social- requiere de, por lo menos, un relevamiento social previo de los potenciales afectados. Pero ¿qué trabajadora social avalaría con su firma y su matrícula el desalojo compulsivo de un discapacitado y su familia? Y, por otra parte, ¿a quién se le ocurre librar a las inclemencias de la calle a una familia de diez personas cuyo jefe es un inválido y, aun más, cuando la ciudad se ve azotada por sucesivas olas polares? ¿qué perversidad impulsa a dejar en la calle a diez personas que sufren la mayor vulnerabilidad cuando es perfectamente sabido que no existe un solo lugar que los ampare? ¿o acaso ignora el gobierno de la ciudad que son precisamente las viviendas propiedad del gobierno -viviendas sociales- el natural lugar de amparo para los sectores vulnerables?.

Insensibilidad e ineficiencia que se ven ratificadas en la pretensión de cobrarle a Alvarez -al igual que a los otros habitantes del edificio- un equivalente al 5 % de su sueldo. No de los 300 pesos que percibe en concepto de pensión graciable sino del sueldo que percibía cuando era empleado de Manliba.

El episodio anteriormente narrado no puede dejar de incidir sobre la sensibilidad social del conjunto de los representantes del pueblo ni de producir la mayor inquietud respecto del potencial destino de los sectores más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Razón por la cual solicito el acompañamiento de mis pares en el presente Proyecto de Declaración.