La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir del Poder Ejecutivo Nacional informe que acciones ha implementado o planifica implementar ante el continuo y creciente proceso de desmonte que afecta, en lo que va del año 2007, a más de 200.000 has en la región de la Selva de las Yungas, en la Provincia de Salta, inscripta por la UNESCO como reserva de biosfera, en concordancia con lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional, antes de que el daño ambiental, originado en la ampliación de la frontera agrícola, convierta en utopía el precepto constitucional obrante en la parte final del primer párrafo del mismo artículo.

Señor presidente:

Un importante proyecto de ley de bosques ha sido aprobado nuestra H. Cámara de Diputados y, cuando obtenga sanción definitiva por el Congreso Nacional habrá constituido en un trascendental aporte legislativo, para frenar la más grave depredación de tantos biomas, como el caso que ocupa este proyecto.

Por aquél, se establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa el uso sustentable de los mismos, teniendo en cuenta la opinión de las comunidades originarias y de diversas organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.

Mientras ello ocurre, es menester que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, informe si tomó conocimiento de la autorización que el gobierno de la provincia de Salta otorgó a la firma Los Dos Ríos S.A. para desmontar 1.670 hectáreas en las finca Abra Grande y Abra Chica, cercana a la ciudad de Orán, que tiene una superficie de 26.000 hectáreas, de las cuales cerca de 6.500 ya fueron desmontadas en los últimos años para cultivos.

El inminente desmonte se realizará en la selva de Yungas, en un área que hace cinco años fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la UNESCO, a pedido de Salta y Jujuy. (1)

Nuestro país se encuentra en una verdadera Emergencia Forestal: se desmontan 300.000 hectáreas de bosque nativo por año, lo que equivale a 1 hectárea cada dos minutos. La mayor parte de la deforestación se produce en el norte de nuestro país por el avance de la agricultura y la ganadería.

Tan sólo en los últimos siete meses, la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 200.000 hectáreas, lo que equivale a 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Para no frenar esa política de tierra arrasada no corresponde se utilice el argumento de que no puede detenerse hasta la aprobación por parte del Senado Nacional de la tan demorada Ley de Bosques.

La normativa constitucional le impone obrar de inmediato, a sabiendas que en el futuro, el daño no podrá revertirse.

La norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa el uso sustentable de los mismos, asimismo prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

Está claro que no es sólo una preocupación legislativa. Estamos así acompañando las protestas que más de 200 miembros de la comunidad de Orán, entre ellos vecinos, artistas, docentes, estudiantes, miembros de Greenpeace, del INADI y delegados de pueblos originarios que habitan en la selva de Yungas, como la Comunidad Kolla "Tinkunaku" y la comunidad Avá Guaraní, realizaron enérgicamente contra la destrucción de la rica biodiversidad de la región.

Es que cuando ello se produce, trae aparejado el deterioro, muchas veces irreversible, de las condiciones de vida económica, social y cultural de muchas comunidades originarias que allí habitaron siempre.

Por lo expuesto, apelamos a la sensibilidad de los señores y señoras legisladores, a los fines de lograr la pronta aprobación al presente proyecto de resolución.