El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1º.- Sustituyese el Art.37 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el siguiente:

"Art. 37.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución conforme al presente artículo.

En cada ley anual de presupuesto general el Congreso podrá delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de realizar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, hasta un máximo del CINCO (5) por ciento del total del cálculo de recursos, sin sobrepasar el límite del CINCO (5) por ciento del total de créditos asignados a cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional No Financiera, sin cambiar la finalidad.

Estas reestructuraciones no podrán originar incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, ni originar redistribuciones en la asignación territorial de los gastos destinados a Programas y/o Actividades de destino específico por Provincia. No quedan sujetas a las modificaciones que establece el presente artículo aquellas partidas que correspondan a Programas y/o Actividades cuyos recursos originales sean identificados como crédito externo.

El Poder Ejecutivo deberá informar en cada decreto delegado que remita a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el fundamento técnico que justifique el cambio de la ejecución presupuestaria y las planillas anexas correspondientes.

El incremento de las partidas que se refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.

Será facultad del Congreso de la Nación decidir sobre el destino de los montos del superávit fiscal sin asignación en el presupuesto vigente de cada ejercicio, y sobre el destino de los excedentes de la recaudación no prevista en la estimación de recursos tenida en cuenta al momento de la sanción del presupuesto general, cuando la recaudación sea positiva en más de un 2% sobre lo oportunamente estimado.

ARTICULO 2º.- Incorporase a continuación del artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los siguientes artículos:

Artículo 37-bis- El Jefe de Gabinete y/o el responsable de la administración de los Fondos Fiduciarios deberá adjuntar en cada presupuesto anual un informe del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, las proyecciones económicas - financieras, y el cuadro de resultados de cada uno de los fondos fiduciarios vigentes, al igual que la memoria que será incluida en el mensaje del Presupuesto.

ARTICULO 3º.- Derógase los artículos 8, 9 y 10 de la ley 26422.

ARTICULO 4º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5º.- De forma.

Señor presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración el adjunto. Al contemplar el proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo Nacional nos vemos en la obligación de expedirnos de manera de garantizar tanto la decisión de este órgano en términos del destino de las partidas presupuestarias y del margen porcentual variable necesario para la aplicación de políticas públicas, respetando la asignación de cada área.

Tal como lo indica la Constitución Nacional, el Congreso Nacional será el ámbito de decisión en torno al presupuesto y el endeudamiento público. Proponemos entonces que el Poder Ejecutivo Nacional pueda reestructurar las partidas del presupuesto votado por las Cámaras sólo en un 5% de cada jurisdicción, siendo esto vital para mantener la voluntad del órgano legislativo y contemplar las necesidades del ejecutivo.

Hasta ahora, las reasignaciones presupuestarias y el uso indiscriminado del artículo 37 de la ley 24.156 generan movimientos de partidas que logran desfigurar lo acordado en el Congreso. Hasta ahora el PEN puede reasignar partidas de vivienda hacia gastos de difusión de gobierno, o puede trasladar fondos destinados a infraestructura educativa a subsidios. Esta propuesta implica que cada ministerio tendrá asignado un presupuesto, el cual podrá reasignarse solo hasta el 5% sin que la suma de todas las reasignaciones implique más que el 5% del total del presupuesto. Esto genera que cada ministerio retenga el 95% de su presupuesto y mantenga la finalidad del gasto interno.

Asimismo, el destino de los gastos debe permanecer inalterado. Los gastos de capital y los gastos corrientes no podrán ser intercambiados, de la misma manera las asignaciones a las provincias no podrán ser alteradas. Consideramos que estos cambios permiten la gobernabilidad, cumplen con el mandato constitucional y la división republicana de poderes.

En los últimos años presenciamos reasignaciones de partidas cuyo origen era externo, lo cual implica que el gobierno redireccionaba a gusto los fondos por los que los argentinos estamos endeudados. Un ejemplo claro es la deuda que la nación tiene con las provincias en educación. El Estado Nacional recibió del BID un préstamo para la construcción de escuelas en 2008. Las partidas del Ministerio de Educación fueron entregadas hacia el Ministerio de Planificación, este tipo de movimientos son los que limitamos al 5% para asegurar que cada Ministerio pueda implementar sus programas sin ser saqueados discrecionalmente. En este ejemplo, la reasignación de partidas fue sobre partidas de financiamiento externo, lo cual debe ser expresamente prohibido, de la manera en que lo estamos proponiendo.

Como el Congreso es el ámbito de competencia en materia presupuestaria, de existir un superávit fiscal o excedentes de recaudación no prevista, los mismos deberán ser asignados por el Congreso.

La nación a diferencia de la CABA tiene un régimen de delegación legislativa estrictamente regulado por el Art. 76 de la CN, el mismo requiere que dicha delegación cuente con un plazo fijado para su ejercicio y que el Congreso de las bases de la delegación.

Estamos precisamente ante un supuesto de delegación legislativa, pues la cuestión presupuestaria incluida la reasignación de partidas es competencia del Congreso de la Nación. Por tanto toda comparación que se haga entre los dos regímenes legales debe tener particularmente presente esta diferencia de fondo.

En consecuencia la ley de administración financiera no puede incorporar una delegación permanente pues el Art. 76 de la CN lo prohíbe expresamente, por esta razón sólo es posible establecer un marco general quedando librado a la sanción de cada ley de presupuesto anual generar las bases concretas de la delegación y el plazo de su implementación.

El tema que hoy nos compete es de una vital relevancia e importancia. Cuesta comprender que el Estado considere al presupuesto no como una herramienta para tomar decisiones, sino como un mero acto formal para la distribución de los ingresos que se proyectan recaudar, como el manejo discrecional del erario publico.

El presupuesto debe ser una exposición de la información sobre recursos, gastos y financiamiento, y a su vez, una herramienta en la toma de decisiones político-económicas, analizado las metas a cumplir, con el sustento técnico para poder analizar la gestión.

Un sistema democrático - republicano se consolida y garantiza cuando se fortalecen permanentemente las instituciones que la componen con la independencia que le son asignadas en la Constitución Nacional.

Así, una vez cumplidos estos principios básicos, tendremos la seguridad jurídica necesaria para un país en crecimiento.