La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Economía de la Nación y del resto de los organismos correspondientes:

a) las causas que originaron reasignaciones presupuestarias a lo largo del presente año por un monto total de $ 1553,6 millones, por fuera de lo establecido en el Presupuesto Nacional 2006 ley 26.078.

b) El destino final especifico desagregado de dicho fondos.

c) Los mecanismos de control que se piensan establecer para que los fondos reasignados por fuera del Presupuesto Nacional logren ser utilizados eficientemente.

Señor presidente:

Una de las características propias de una República es el equilibrio de poderes. Dentro de las facultades que la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo se encuentra la de aprobar el Presupuesto del país. Según lo establece el articulo 75, inc.8 : "Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión".El objetivo principal es evitar de este modo un abuso en la distribución de los fondos del Estado por parte del Poder Ejecutivo. En estos días el PEN envió a la Cámara de senadores un proyecto de ley mediante el cual pretende legalizar este nocivo mecanismo de manipulación del presupuesto nacional sin intervención del Congreso Nacional. La Argentina sigue en una crisis institucional grave, donde no existe el respeto por las leyes y las normas. El que está en el poder quiere acumular más poder, olvidando que cada porción de poder que suma, se lo quita a los ciudadanos que debería representar, y que, en una democracia, son los verdaderos dueños del poder.

En los primeros seis meses de este año el Gobierno ya introdujo cambios en la distribución del presupuesto por $ 1553,6 millones. Si bien la cifra representada es menos del dos por ciento de las erogaciones totales del presupuesto de este año, según lo establecido en la ley 26078, no se corresponde con lo que debería ser el accionar responsable de un Estado. La modificación más importante tuvo lugar en Abril, cuando a través de un decreto el Ministerio de Planificación, Obras e Infraestructura de la Nación recibió $1085 millones para obras públicas. A fines de dicho mes hubo una nueva reasignación de partidas por $ 221 millones supuestamente destinados a la ampliación del tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica Yacyretá. Otras erogaciones han sido los gastos destinados a la creación de empresas estatales, tales como AySA y Arsat de 150 y 50 millones de pesos respectivamente. Cabe destacar que al menos, estas dos últimas, fueron puestas a consideración del Honorable Congreso Nacional. Las últimas modificaciones fueron supuestamente destinadas a financiar obras de la central hidroeléctrica Los Caracoles, ubicada en San Juan. El dinero total aportado fue de $40 millones a través de un préstamo no reintegrable al gobierno sanjuanino. Del mismo modo $ 6,6 millones para que la Secretaría de Cultura afronte el aumento salarial del personal.

Por todo lo expuesto, y en virtud de considerar una función irrenunciable del Congreso ser el guardián de los fondos públicos, con el objeto de controlar y fiscalizar el destino de cada peso del erario de la Nación, es que solicitamos la aprobación del presente pedido de informe.