El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 23.853 el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 8º - A los fines establecidos en la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá amplias facultades para disponer de su patrimonio y determinar el régimen de administración y contralor de sus recursos y su ejecución, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el movimiento contable que registre."

ARTÍCULO 2º.- El depósito regulado por el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se establece en la suma de $1.000.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Por medio de esta iniciativa se pretende modificar la Ley Nº 23.853 en lo pertinente a la delegación que por vía legislativa el Congreso de la Nación realizó respecto al Poder Judicial de la Nación, en lo referido a la facultad "...de establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones; disponer de su patrimonio y determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos y su ejecución...", previsto en el artículo 8º del citado cuerpo legal.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, se fija la cifra del depósito del recurso de queja en la suma de $ 1.000.

El fundamento del presente proyecto es múltiple, pero básicamente se sustenta en dos principios fundamentales del sistema jurídico, que cuentan con raigambre constitucional. El primero de ellos es el de legalidad tributaria, previsto en los artículos 4º, 19 y concordantes de nuestra carta magna. La facultad de establecer aranceles, tasas, contribuciones, entre otras, ha sido otorgada al Congreso de la Nación, de acuerdo a la división de poderes. Este principio de legalidad fiscal fue acogido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estableció que: "... Que entre los principios generales que predominan en el régimen representativo republicano de gobierno, ninguno existe más esencial a su naturaleza y objeto, que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear contribuciones necesarias a la existencia del Estado..." (F. 155:290).

Por ello este proyecto pretende modificar esta delegación legislativa en cabeza del Poder Judicial, toda vez que la facultad de crear sus propios recursos y los medios de percepción de los mismos, se encuentra previsto constitucionalmente como atribución del Congreso de la Nación de acuerdo a una inveterada doctrina fiscal de acuerdo a la cual "lo que a todos afecta, por todos debe ser aceptado" (broccardo romano citado por Spisso Rodolfo, DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO, Lexis Nexis, Cap. X). Dicho autor menciona que "... Con el constitucionalismo moderno se produce una profunda transformación: los tributos ya no serían consentidos a manera de una autrización concedida al monarca, sino que habrían de ser establecidos por el Poder Legislativo, integrado por los representantes del pueblo, respondiendo a la idea rectora de la auto imposición..." (ob. cit. , Cap. X, Parágrafo 55).

Por estas razones es que creemos necesario que debe ser el Congreso Nacional el facultado a establecer los recursos con los cuáles el Poder Judicial va a ejercer sus funciones. Esta posición no implica ir en contra de la independencia judicial, sino únicamente priorizar los intereses superiores de la ciudadanía, de no aumentar la carga tributaria, que de por sí ya es alta en nuestra República.

Este criterio cuenta a su vez, en materia específica del depósito del recurso de queja, con la disidencia del Dr. Belluscio a la acordada 77/90, donde expresa con claridad que: "...Por arancel sólo puede entenderse aquel que implica la retribución de un servicio administrativo ajeno a lo específico de la función judicial -v.gr. la expedición de fotocopias, certificaciones de registros o archivos, etc.- mas no las tasas judiciales u otras obligaciones pecuniarias de los litigantes ya fijadas por ley, cuya modificación implicaría una invasión de las funciones del Congreso de la Nación. En consecuencia, ha de concluirse que no es atribución de esta Corte modificar el importe del depósito establecido por ley ni imponer una suerte de tasa a los recursos deducidos en causas provenientes de tribunales provinciales..." (citado por Spisso Rodolfo, ob. cit., parágrafo 59).

En este orden de ideas, entramos en la segunda de las modificaciones previstas en el presente proyecto. El mismo tiene por objeto fijar por vía legal el monto del depósito previsto para el recurso de queja que exige el artículo 286. A principios del corriente año la Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió la acordada 2/2007, en la cual aumentó un 500% el monto de dicho depósito. Dicha acordada dice textualmente: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. Acordada 2/2007. Modifícase la suma del depósito regulado por el art. 286 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, como requisito para la viabilidad del recurso de queja por denegación del extraordinario. En Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero del año dos mil siete, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente, CONSIDERARON: Que con el fin de resguardar los objetivos señalados en los considerandos de la acordada 28/ 91, que modificó la Nº 77/90, el Tribunal estableció en la suma fija de diez millones de australes -convertidos en mil pesos según el decreto 2128/91- el importe del depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, como requisito para la viabilidad del recurso de queja por denegación del extraordinario. Que esta Corte estima conveniente modificar la cantidad consignada. Por ello, ACORDARON: Establecer en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) el depósito regulado por el art. 286 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunicase, registrase en el libro correspondiente y publicase en el Boletín Oficial, por ante mí, que doy fe.Ricardo L. Lorenzetti. - Elena H. de Nolasco. - Enrique S. Petracchi. - Juan C. Maqueda. - Raúl Zaffaroni. - Carmen M. Argibay."

Al margen de no explicitar de manera concreta los motivos de dicho aumento, el aumento del mismo pone en riesgo claramente el principio de acceso a la justicia. En el fallo "Fontenova c/ Sala" del 3 de Julio del presente año, la Corte convalidó su posición de encontrarse facultada para establecer dicho aumento. Dejó a salvo que quienes no puedan abonarlo, deben realizar el beneficio de litigar sin gastos, lo que obviamente genera mayor dilación a la causa, mayor de la que ya lleva, si se encuentra en la instancia de la corte. La doctrina ya ha puesto en dudas los efectos que el aumento por acordada traería aparejado en los litigios. Alberto F Garay y Sebastián Schvartzman en trabajo publicado en Lexis Nexis -SJA- del 02/05/2007, nos dicen que: "...Es imposible poder vaticinar con verdad la magnitud de esos abandonos, pero estas vacilaciones no obstan a poder predecir que dicho aumento no tendrá un efecto neutral. Sin duda, impactará más pesadamente en los bolsillos de los litigantes de bajos ingresos y/o de juicios de pequeños montos, en tanto que, en ambos casos, cualquiera de ellos no goce del beneficio de litigar sin gastos." Es importante destacar que, cuando existe actualmente toda una corriente judicial de garantizar y extender el acceso a la justicia, este tipo de medidas claramente van en un sentido equivocado.

Por estas razones solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.